Fijando un plazo de entrega de cinco días, el Senado aprobó ayer, jueves, una petición de información al Departamento de Justicia sobre el referido –que se archivó en octubre pasado– relacionado con la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un paciente, en Vega Alta.

La solicitud fue presentada al pleno por el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, quien, desde el lunes, había adelantado que pediría las razones detrás del cierre de la investigación sobre Roig Fuertes.

Justicia respondió este viernes a El Nuevo Día que no emitirá expresiones sobre la petición de Rivera Schatz.

Según una investigación del programa Rayos X (Telemundo), Roig Fuertes estaría vinculada a la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales, concedido en 2021 al Hogar Hacienda Don Luis, para el cuido de un participante, mientras dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. Usualmente, el costo de este servicio fluctúa entre $3,000 y $5,000 al mes.

“Vamos a pedir la información porque Justicia cerró su investigación y queremos ver ese informe, ver qué hicieron y qué realmente dice el informe que justificó el cierre (de la querella)”, indicó, el lunes, el líder senatorial, en un aparte con los medios.

Hoy más temprano, Rivera Schatz acudió a sus redes sociales para responderle a la gobernadora Jenniffer González, que lo catalogó como su mayor obstáculo.

Este caso fue referido a Justicia, en 2022, por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y la subsecretaria Marilú Cintrón. La pesquisa, sin embargo, fue archivada el 30 de octubre el 2025, cuando Roig Fuertes ya ocupaba el cargo de secretaria de la Familia.

El señalamiento principal levantado no fue la cuantía del acuerdo, sino que el contrato estaba condicionado a contratar a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.

Ante estos hechos, el presidente senatorial solicitó formalmente a Justicia, por conducto de su secretaria, Lourdes Gómez Torres, que someta, en cinco días calendario, copia del informe de la investigación realizada sobre dicho referido.

Gómez Torres sostuvo, el lunes, que el caso está adjudicado. Argumentó, además, que no todas las investigaciones incluyen entrevistas a las personas relacionadas con el caso, según la evaluación que haga el fiscal asignado al caso.

“Me han hecho varias preguntas sobre ese particular y yo he dicho que, si hay evidencia nueva o algún otro referido, nosotros lo recibimos y lo vamos a atender, como siempre atendemos los referidos en el Departamento de Justicia”, expresó, entonces.