El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó este lunes que agotará los remedios judiciales disponibles hasta lograr que el Ejecutivo entregue la información sobre las pesquisas que involucran al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y al exsecretario del Departamento de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía.

“No hay nada mejor que una conciencia tranquila y tener la autoridad moral para reclamar. Ellos lo saben, que nosotros vamos a insistir, así que yo no tengo prisa. Ellos podrán correr, correr, correr y correr, pero no van a poder escapar”, señaló el líder senatorial, ante cuestionamientos de periodistas sobre si llevará ambos casos hasta las últimas consecuencias.

“No nos preocupa que nos acusen de lo que quieran acusarnos en los medios. No nos preocupa eso porque, te repito, no hay nada mejor que una conciencia limpia y tener autoridad moral para reclamar lo que se reclama”, abundó tras concluir una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos en la que se consideraron tres nominaciones a fiscales.

Este lunes, vence el término para que el secretario de la Gobernación someta ante el Senado los pedidos de información que quedaron sobre la mesa tras su comparecencia, el 24 de marzo, a la Comisión Total en la que se enfrentó a preguntas de todos los senadores por espacio de siete horas. El interrogatorio se centró principalmente en la firma de cabildeo Politank, propiedad de Domenech hasta diciembre de 2024, y su injerencia en las contrataciones en el gobierno.

Mientras, mañana, martes, se cumple el plazo de 48 horas concedido al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja, por la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan, para que entregue al Senado los datos relacionados con la información contributiva de Sagardía. De incumplir, Pantoja se expone a ser sancionado con un desacato civil.

Aunque es incierto si el Departamento de Justicia apelará la determinación judicial, Rivera Schatz anticipó dicha posibilidad, la cual, dijo, no le preocupa. “No tengo problemas en volver a prevalecer... porque es que los fundamentos que ellos están planteando en derecho no tienen razón en derecho. El fundamento que usan es el incorrecto”, sostuvo.

El gobierno ha objetado la solicitud alegando que la entrega de la información vulnera derechos de terceros y revela información de carácter confidencial y constitucionalmente protegida. El Senado ha insistido en su facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos, argumento que fue acogido por la jueza superior.

González Cancio validó -en su determinación- la facultad constitucional del cuerpo legislativo y estableció que la información solicitada en el caso se limita a conocer si Sagardía preparó formularios W-2 o 480 y, de contestarse en la afirmativa, identificar a nombre de quién se expidieron.

“Ya ha habido enmiendas a planillas y enmiendas a informativas, por lo que algo andaba mal, así que la información que nos trajeron de que algo no estaba correcto en eso, se corrobora porque tuvieron que ir a cambiar sus planillas, tuvieron que ir a cambiar sus informativas”, señaló Rivera Schatz.