La gobernadora Jenniffer González anunció este viernes que vetó dos medidas legislativas por “no considerar estados jurídicos vigentes”, mientras firmó otra que rinde homenaje póstumo al exlegislador Carlos A. Pagán.

El primer veto fue para el Proyecto del Senado 683, que fue radicado el 11 de agosto de 2025 por el presidente del mencionado cuerpo legislativo Thomas Rivera Schatz, con la coautoría de Wilmer Reyes.

La medida enmendaba la Ley 12-2008 para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria, con el fin de prohibir la imposición de cargos o contribuciones vinculados a la entrada de furgones.

En un parte de prensa, se explicó que, en agosto de 2025, el gobierno descontinuó el programa de escaneo de furgones establecido bajo la Ley 12-2008, porque no cumplía con los objetivos de seguridad ni de fiscalización que motivaron su implementación.

Además, se afirmó que un análisis de la Policía concluyó que el programa no constituye un requisito bajo la ley federal y que las funciones de inspección de carga internacional continúan siendo atendidas, principalmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés).

A base de ello, se sostuvo que la legislación no atiende adecuadamente la realidad jurídica y fiscal que rodea la descontinuación del programa. Además, se indicó que el asunto se encuentra actualmente en litigio y pendiente de adjudicación ante el Tribunal federal.

“La eliminación legislativa del cargo que históricamente ha financiado dicho programa, sin considerar el desenlace de este litigio, podría tener el efecto de obligar al Gobierno a asumir potenciales costos sin contar con una fuente de ingresos para sufragarlos. Este escenario podría generar cargas fiscales no contempladas, particularmente en el contexto del marco fiscal vigente bajo la Ley Promesa, al eliminar una fuente dedicada de ingresos sin atender simultáneamente las posibles obligaciones contractuales en disputa”, se añade.

De igual forma, se especificó que, si bien la política pública que dio origen a la Ley 12-2008 respondía a un propósito legítimo de fortalecer la seguridad portuaria, la experiencia acumulada demuestra que su implementación resultó costosa, ineficiente y redundante frente a los mecanismos federales.

“En ese sentido, resulta prudente evaluar una revisión legislativa más abarcadora o incluso derogar dicha ley en su totalidad, en lugar de adoptar una solución parcial que no atiende el problema estructural de fondo”, indica el comunicado.

Asimismo, González vetó el Proyecto del Senado 711, que fue presentado el 9 de febrero de 2025 por la senadora Nitza Morán, con la coautoría de las legisladoras Ada Álvarez Conde y Karen M. Román.

La medida pretendía enmendar la Ley 168-2019 de Armas de Puerto Rico, a fin de establecer las solicitudes de órdenes de protección por riesgo extremo y prohibir temporalmente que una persona compre, posea o porte armas de fuego y municiones cuando ello represente un peligro significativo para sí misma o para otros.

En el comunicado de prensa, se planteó que, aunque parte integral del compromiso de la gobernadora es proteger a la ciudadanía de la violencia armada y prevenir el suicidio, la medida no es el mecanismo adecuado para atender estas preocupaciones.

Se indicó que el Artículo 2.13 de la Ley de Armas ya faculta a los agentes del orden público a ocupar armas sin orden judicial, tal y como contempla el Proyecto del Senado 711.

Además, el proyecto “parte del supuesto de que los actos de violencia y los suicidios son cometidos por personas con licencia de armas, sin que del trámite legislativo surja evidencia empírica que sustente tal premisa. En consecuencia, la medida no atiende la violencia perpetrada por quienes no poseen licencia”.

Por otro lado, se informó que “la medida autorizaría la incautación de armas y licencias por uso, exhibición o porte ilegal o imprudente, sin definir claramente el término imprudente”. Asimismo, “se incluye como causa la adquisición reciente de armas o municiones, conducta que actualmente conlleva únicamente una multa administrativa de $100 bajo la Ley de Armas”.

De acuerdo al Ejecutivo, la medida “permitiría la incautación de armas mediante una orden de protección por el ejercicio de un derecho fundamental que hoy solo se sanciona administrativamente”.

Finalmente, el proyecto, según se precisó, no establece términos claros, breves y obligatorios para impugnar órdenes de protección emitidas ex parte, ni para la devolución de armas y municiones cuando no proceda la protección.

De otro lado, la gobernadora firmó la Resolución Conjunta del Senado 96, de la autoría de los senadores Jeison Rosa Ramos y Rivera Schatz, y la coautoría de los senadores Gregorio Matías y Karen Román.

La medida rinde homenaje a Pagán González al designar la PR-119 desde el kilómetro 18.9 de Isabela hasta el kilómetro 79.8 de San Germán, “en honor a su destacada trayectoria de servicio público como senador por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, profesor universitario, líder comunitario, servidor público íntegro, un educador comprometido y un líder cercano a su gente”.

Esta pieza legislativa pondrá nombre a casi toda la PR-119, discurriendo por varios de los municipios que el exlegislador representó como senador por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla durante varios términos.

Pagán González falleció el 23 de septiembre de 2025 a los 71 años, tras enfrentar complicaciones de salud. Sus restos descansan en el cementerio municipal de Lajas, el pueblo que lo vio crecer.