La gobernadora Jenniffer González anunció este jueves que vetó tres medidas presentadas por senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) por no contemplar o atender su impacto fiscal o por ser contradictorias a los objetivos de su administración.

En un comunicado de prensa que no detalla los nombres de los autores de las legislaciones, la primera ejecutiva anunció que rechazó los Proyectos del Senado 531 y 582, así como la Resolución Conjunta del Senado 24, pero ¿quiénes son los autores?

El Proyecto del Senado 531 fue radicado el 10 de abril de 2025 por los senadores Juan Oscar Morales y Carmelo Ríos Santiago. Además, cuenta con la coautoría de Héctor G. González López, Rafael Santos, Wilmer Reyes y Brenda Pérez Soto.

Aunque “la medida persigue adelantar derechos importantes para los pacientes, como promover un mayor acceso a su información médica, su implementación”, González indicó que tal como está redactada, podría tener el efecto contrario al imponer cargas operacionales y fiscales que dificulten su cumplimiento por parte de las instituciones de salud.

“Esta administración no cierra las puertas a trabajar alternativas futuras con costos reales para atender el acceso a la información y que las mismas sean correctas a favor de nuestro componente de salud”, lee el veto expedido por González.

La implementación de esta legislación implicaría un costo adicional estimado entre $200,000 y $350,000 recurrentes anual, precisó la gobernadora. Asimismo, indicó que la medida dispone “un tope máximo de $25 por la reproducción de expedientes médicos, el cual no cubre los costos reales de producción”.

Por otro lado, vetó el Proyecto del Senado 582, radicado el 29 de abril de 2025 por Morales, con la coautoría de la delegación del PNP, así como de los senadores populares Luis Javier Hernández y Ada Álvarez, y del legislador independiente Eliezer Molina.

Aunque explicó que la medida busca incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los Oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos, “no ofrece un mecanismo de financiamiento adecuado y sin certeza actuarial”.

Ante la falta de recursos para financiar la propuesta y de estudios y data necesaria, la implementación de la medida podría comprometer el acceso a servicios de salud para poblaciones más vulnerables y afectar la estabilidad del sistema, por lo que terminaría afectando a aquellos que pretende beneficiar, según el Ejecutivo.

“Reconozco y valoro profundamente la labor que realizan estos servidores públicos, así como la naturaleza esencial de sus funciones en la protección de nuestros recursos naturales. No obstante, la aprobación de esta medida presenta serias consideraciones fiscales y programáticas que no pueden ser ignoradas”, lee el veto emitido.

De acuerdo con el análisis del Ejecutivo, la medida conlleva un impacto fiscal recurrente sobre el Plan de Salud del Gobierno, sin que se haya identificado una fuente de financiamiento recurrente. Además, se recordó que tanto el Departamento de Salud como la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) condicionaron su respaldo a la asignación de fondos adicionales, “advirtiendo que la aportación patronal propuesta no sería suficiente para cubrir el costo real del beneficio y que la mayoría de los beneficiarios probablemente serían cubiertos con fondos estatales, aumentando la presión sobre recursos ya limitados”.

En tercer lugar, González rechazó la Resolución Conjunta del Senado 24, que es de la autoría de la senadora Karen M. Román Rodríguez. La pieza legislativa fue presentada el 5 de febrero de 2025.

La medida ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles evaluar la viabilidad de transferir a la administración municipal de San Germán las instalaciones y edificaciones del Antiguo Centro de Transbordo, para desarrollar una planta de reciclaje.

“El veto se produce porque el DRNA está elaborando el Plan para el Manejo Integrado de los Desperdicios Sólidos, el cual contempla la evaluación integral de la infraestructura existente en Puerto Rico, incluyendo instalaciones como la Antigua Estación de Transbordo objeto de la medida”, indica el comunicado.

Además, se detalla que “adelantar el traspaso de esta instalación sin haber culminado el análisis contemplado en el plan podría resultar inconsistente con los objetivos de planificación integrada, así como limitar la capacidad del gobierno para maximizar el uso eficiente de sus recursos y atender de manera uniforme las necesidades a nivel isla”.