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“Lacera la autonomía municipal”: sin el apoyo de la Asociación de Alcaldes el proyecto de reforma de permisos de Jenniffer González

Al igual que la Federación de Alcaldes, los ejecutivos municipales del PPD piden enmiendas a la legislación que impulsa el Ejecutivo

14 de abril de 2026 - 6:28 PM

La gobernadora Jenniffer González se reunió, en La Fortaleza, con los miembros de la Asociación de Alcaldes para discutir su propuesta para reformar el sistema de permisos. (Captura)

Hasta que no se revisen asuntos puntuales que entienden trastocan la autonomía municipal, la Asociación de Alcaldes –que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD)– no respaldará la propuesta reforma de permisos de la administración de Jenniffer González.

“El proyecto, según redactado hoy, lacera la autonomía municipal, afecta la descentralización de los municipios. Así que nuestros planteamientos, a grosso modo, estuvieron muy relacionados a proteger la autonomía de los municipios”, puntualizó el alcalde de Aguada, Christian Cortés, este martes, tras reunirse con la mandataria en La Fortaleza.

“El Capítulo 5 del Código Municipal, que tiene que ver con los planes de ordenación territorial, fue básicamente eliminado. Y se van a estar llevando a cabo muchos de esos artículos, que hoy son ley, de forma reglamentaria. Al punto que, inclusive, los planes de ordenación territorial ya no van a requerir la firma de la gobernadora. Así que hay unas áreas de trastoque en la autonomía municipal, según está redactado hoy”, agregó.

La postura de los alcaldes asociados se une a la de los miembros de la Federación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos del Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes, tras reunirse la semana pasada con la mandataria, propusieron enmendar la legislación de La Fortaleza “para asegurar la autonomía municipal, la participación directa en la planificación y la protección de sus ingresos”. Los alcaldes del PNP participaron el lunes en el primer día de vistas públicas del Senado.

La reunión de este martes estuvo encabezada por la gobernadora, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la directora de la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), Verónica Ferraiuoli. Sin embargo, la primera ejecutiva no estuvo disponible para atender la prensa, contrario a lo que se había indicado al convocar el evento.

En su lugar, estuvo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, quien manifestó que la reunión sirvió para escuchar los “reclamos” y “sugerencias” de los alcaldes. Calificó de “legítima” su preocupación respecto a los efectos sobre la autonomía municipal.

“Esto es un proceso dinámico, legislativo. La gobernadora ha planteado, desde el principio, que estamos abiertos a sugerencias”, apuntó.

“No se pierde la jerarquía municipal porque parte del trabajo que incluye el proyecto, cuando lee el proyecto en su totalidad, es que se preserva esto”, añadió Peña Payano.

Critican exclusión en el proceso

Los alcaldes asociados cuestionaron por qué la administración de González no contó con ellos durante la redacción de la medida, que evalúa el Senado junto con otra, el Proyecto del Senado 1173, que también busca cambiar el sistema de permisos, pero es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Estamos de acuerdo que haya cambios para que se agilicen los procesos. Pero, dentro de esos cambios que haya, la facultad del municipio no se puede perder. Tenemos que ser parte de esa mesa de discusión. No podemos entrar de últimos”, dijo la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario.

Aun así, los alcaldes populares dijeron que acudieron a la reunión para ser deferentes con la gobernadora y entendiendo que las enmiendas sugeridas serían añadidas a la pieza legislativa del Ejecutivo.

El alcalde de Guayama, O´Brain Vázquez Molina, enfatizó que no hubo compromiso alguno con La Fortaleza, que recibirá las recomendaciones de los alcaldes asociados por escrito la próxima semana.

“Lo importante dentro de todo esto, y lo que vamos a someterle por parte de la Asociación, es que nos permita tener la autonomía municipal, que tengamos injerencia en los procesos y que también, cuando tengamos que oponernos a algún proceso particular que pueda afectar al municipio, sí tengamos esa oportunidad”, recalcó el alcalde de Guayama. “Hay un compromiso de evaluarlo”.

Tal y como ocurrió cuando el impuesto al inventario, los procesos se están haciendo al revés. No se toma en consideración la opinión de los alcaldes... Luego de someter el proyecto... es que, entonces, se nos está llamando para reaccionar. ¿Y el impuesto al inventario? ¿Qué ha sucedido con el impuesto al inventario hoy en nuestro país? Absolutamente nada", cuestionó, en tanto, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

La alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario, indicó que existe preocupación sobre qué pasará con los municipios que hoy tienen facultad para conceder permisos y aquellos que no.

“No es una lucha de unos alcaldes particulares. Esto es una lucha de los 78 municipios que nos preocupa. Hay algunos que tienen la autonomía de poder hacer esta jerarquía en sus municipios. Otros no. Pero, al fin y al cabo, somos una sola voz, y lo que estamos buscando es que se nos incluya”, expresó Rosario.

Su homólogo de Coamo, Juan Carlos García Padilla, cuestionó el concepto general de la propuesta del Ejecutivo, cimentado en que el Estado no intervenga y fiscalice luego de otorgar el permiso. Calificó esa dinámica como una “reactiva”.

“No puede ser el espíritu del gobierno porque, entonces, ¿para qué sirve el gobierno? Entonces, como tú, el Estado, en un proceso de descentralización completo, desautorizas si sacas del camino al municipio cuando, donde se va a dar el proyecto, es en el territorio donde, en un momento dado, hubo un plan de ordenamiento territorial y hubo una clasificación y calificación de terreno", apuntó García Padilla.

A preguntas de El Nuevo Día, el alcalde de Coamo dijo que se les aseguró en la reunión que la reforma propuesta no trastocaría el funcionamiento de los consorcios municipales para el otorgamiento de permisos. Pero destacó que ese compromiso “tiene que estar plasmado” por escrito.

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