Inocencia Rodríguez, la mujer dominicana que permanecía bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue liberada a las 8:30 p.m. de este viernes tras la agencia acatar una orden de liberación inmediata emitida por la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán.

Según reportó Telemundo, la mujer fue recibida por familiares y amigos, quienes la recibieron en la salida del centro de detención de ICE en Guaynabo.

“Me siento agradecida con Dios porque nunca me soltó, con mi equipo de bogados, mis cuñadas, mi esposo; adentro también me trataron bien. Todo en la vida es para uno aprender”, dijo la madre de 32 años a su salida del centro de detención.

Más temprano, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó que Antongiorgi Jordán había emitido la orden de liberación.

La ACLU de Puerto Rico indicó, en declaraciones escritas, que Antongiorgi Jordán ordenó, además, la celebración de una vista de fianza en o antes del 21 de julio.

La orden de Antongiorgi Jordán estableció que Rodríguez debía ser liberada“de inmediato”.

“Si los demandados no proporcionan a la peticionaria una audiencia de fianza conforme a la Sección 1226(a), según lo ordenado por la presente, o si dicha audiencia de fianza se desestima por falta de jurisdicción, la peticionaria deberá ser liberada de inmediato de la detención”, sostuvo Antongiorgi Jordán en la orden.

“La orden emitida por la jueza federal representa una intervención necesaria para proteger el debido proceso de Inocencia y de todas las personas frente a una política pública discriminatoria que se ejecuta al margen de la ley”, subrayó, más temprano en la noche, el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU en Puerto Rico.

“Es importante recalcar que la orden de Antongiorgi (Jordán) surge ante la negativa y mala fe de un juez de inmigración y de fiscales del gobierno federal, que se negaron a corroborar en sala el hecho innegable de que Inocencia nunca debió ser detenida”, sostuvo Arraiza Navas.

El letrado se referió a la decisión del juez de inmigración Elvin Talavera Peraza de negarse, durante una vista de redeterminación de custodia celebrada el 15 de julio, a permitir que se corroborara en sala que Rodríguez cuenta con una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A aprobadas. Según la ACLU de Puerto Rico, la información forma parte del expediente preparado por ICE. Esto, según la organización, demuestra que la detención de Rodríguez es ilegal.

Según la ACLU de Puerto Rico, Talavera Peraza, incluso, mantuvo su postura luego que Antongiorgi Jordán detuvo, el miércoles, el traslado inmediato de Rodríguez fuera de Puerto Rico y tras advertir sobre la posible ilegalidad de la detención.

En una moción urgente radicada el miércoles, la ACLU de Puerto Rico solicitó que se ordenara la liberación de Rodríguez al considerar que la detención de Rodríguez era ilegal y que Talavera Peraza decidió no celebró una vista de fianza.

De no concederse la liberación, la ACLU de Puerto Rico, en la alternativa, solicitó la celebración una audiencia de emergencia o una audiencia de fianza ante el Tribunal federal en Hato Rey para detener la continua violación de la libertad y del debido proceso de Rodríguez.

“Cuando el gobierno detiene ilegalmente a una persona y los mecanismos ordinarios fallan en proteger sus derechos, los tribunales federales tienen el deber de intervenir. Nadie debe permanecer privado de su libertad mientras el propio gobierno se niega a corroborar información que obra en sus expedientes. Seguiremos defendiendo a Inocencia y a todas las personas inmigrantes cuyos derechos están siendo violentados en Puerto Rico”, expresó, por su parte, la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico.

Rodríguez fue detenida el viernes, 10 de julio, durante un operativo del ICE en un punto de control de acceso en Guaynabo.

Al momento de la intervención, la mujer conducía un vehículo registrado a su nombre en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Según la ACLU de Puerto Rico, no existía una orden de arresto contra Rodríguez emitida por alguna agencia del gobierno de Puerto Rico.