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Rivera Schatz critica veto a su proyecto de inteligencia artificial y cuestiona los $9.5 millones para la oficina de Ferraiuoli

Según la gobernadora, la implantación del proyecto del presidente del Senado era incompatible con el Plan Fiscal certificado

4 de junio de 2026 - 12:16 PM

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado. (Ramon "Tonito" Zayas)

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, calificó este jueves de “grave error” el veto de la gobernadora Jenniffer González a su legislación que creaba un instituto de inteligencia artificial alegando limitaciones fiscales, al tiempo que cuestionó la partida de $9.5 millones asignada en el nuevo presupuesto a la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA) bajo la dirección de la licenciada Verónica Ferraiuoli.

“El veto al P. del S. 769 es un grave error. La creación de un Instituto de Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial es un paso en la dirección correcta. Alegar que no hay dinero para iniciativas de inteligencia artificial mientras se le asigna $9.5 millones al ‘esfuerzo’ que dirige la licenciada Verónica Ferraiuoli, cuyo más notable logro es la derogación de los reglamentos del manejo de lepra y de la extinta Corporación Azucarera, refleja que a veces ¡no hay ni natural ni artificial!, dijo el líder senatorial en su tradicional mensaje de “Buenos días, Puerto Rico” en redes sociales.

Ayer, miércoles, la gobernadora anunció, vía comunicado de prensa, su veto al Proyecto del Senado 769, una propuesta de Rivera Schatz, que establecía la política pública del gobierno en el manejo de la inteligencia artificial. González reconoció el “objetivo” de la legislación, pero sostuvo que su implantación era incompatible con el Plan Fiscal certificado.

“El P. del S. 769 hubiera creado nuevas obligaciones fiscales, reasignado recursos públicos y ampliado beneficios contributivos, sin que exista un análisis independiente que cuantifique adecuadamente su impacto presupuestario y contributivo para este año fiscal”, expuso la mandataria, quien, para el año fiscal 2026-2027, presentó un presupuesto de $13,180 millones con cargo al Fondo General.

La gobernadora enfatizó que es política pública de su administración promover la innovación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico como herramientas para fortalecer la economía de Puerto Rico. Sin embargo, “tales iniciativas deben implementarse de forma compatible con los parámetros fiscales que actualmente rigen nuestro gobierno”.

El veto ocurre en medio de la discusión del presupuesto que contiene una partida de $9.5 millones para IDEA, una cifra que es mayor a la de casi una decena de dependencias públicas. La partida está bajo la lupa de la Cámara de Representantes en su análisis del plan de gastos del gobierno, confirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier.

Entre las entidades públicas con menos presupuesto que IDEA, están el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, con $3.9 millones; la Oficina del Contralor Electoral, con $4.2 millones, y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, con $7.1 millones.

Ferraiuoli, sin embargo, ha defendido la asignación, alegando que el 75% de los fondos se destinarían a tecnología para modernizar las agencias y agilizar los trámites burocráticos, mediante herramientas como firmas digitales e inteligencia artificial.

Una de las apuestas principales, según Ferraiuoli, es la integración de inteligencia artificial en los cuadros telefónicos del Departamento de Estado y el Departamento de Asuntos del Consumidor, lo que, dijo, ayudaría a reducir en un 70% las llamadas no contestadas y permitiría que los ciudadanos reciban respuestas automatizadas y asistencia en tiempo real por mensaje de texto y la plataforma WhatsApp.

Hasta enero, según el informe público más reciente de IDEA, se habían derogado 343 reglamentos en 18 agencias o dependencias públicas, 92 más a los reportados en octubre de 2025. El gobierno, según el documento, cuenta con más de 4,160 reglamentos y enmiendas vigentes, el 90% de los cuales no se han revisado en más de cinco años y con una antigüedad promedio que supera los 22 años.

La Legislatura tiene hasta este viernes para someter su revisión del presupuesto del próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, aunque Charbonier ya anticipó que consideran solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal una extensión al período de evaluación.

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