La coordinadora de Eficiencia del Gobierno, la licenciada Verónica Ferraiuoli, defendió este miércoles la asignación de $9.5 millones en el presupuesto de la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), al destacar que el 75% de los fondos se destinarán a tecnología para modernizar las agencias y agilizar los trámites burocráticos, mediante herramientas como firmas digitales e inteligencia artificial.

Una de las apuestas principales, según Ferraiuoli, es la integración de inteligencia artificial en los cuadros telefónicos del Departamento de Estado y del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), lo que, dijo, ayudará a reducir en un 70% las llamadas no contestadas y permitirá que los ciudadanos reciban respuestas automatizadas y asistencia en tiempo real por mensaje de texto y la plataforma WhatsApp.

“Modernizar el gobierno de Puerto Rico requiere de una inversión inteligente que provea las herramientas necesarias para continuar el trabajo ya comenzado, cumplir con el programa de gobierno de la gobernadora (Jenniffer González) e implementar la orden ejecutiva 2025-009“, indicó Ferraiuoli, en referencia a la directriz que promueve la revisión y actualización de las estructuras y sistemas del gobierno, así como el uso de tecnología en los procesos públicos.

El dinero asignado para el desarrollo de IDEA es mayor al de casi una decena de instrumentalidades públicas, entre estas, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, con $3.2 millones; la Corporación de las Artes Musicales, con $8.3 millones, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, con $7.2 millones, y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, con $7.1 millones.

Al momento, IDEA ha operado sin un presupuesto independiente, por lo que su ejecución ha dependido de acuerdos de financiación temporales y del apoyo de agencias asociadas para llevar a cabo sus funciones esenciales.

Hasta enero, según el informe público más reciente de IDEA, se habían derogado 343 reglamentos en 18 agencias o dependencias públicas, 92 más a los reportados en octubre de 2025. El gobierno, según el documento, cuenta con más de 4,160 reglamentos y enmiendas vigentes, el 90% de los cuales no se han revisado en más de cinco años y con una antigüedad promedio que supera los 22 años.

Entre los proyectos que serán impulsados con los fondos solicitados en el presupuesto, explicó Ferraiuoli, está la implementación de firmas digitales en el Departamento de Justicia, PRITS, la Junta de Planificación, la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, la Autoridad de Transporte Integrado y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, con la intención de agilizar procesos que se realizan hoy en papel.

Con estos fondos, también se desarrollará la plataforma IDEAL para unificar trámites gubernamentales, se optimizará el monitoreo de agencias con los compromisos programáticos de la administración a través de la iniciativa “Efficiency Tracker” y se modernizarán los portales gubernamentales. La iniciativa también contempla fortalecer la red de refugios mediante la plataforma CARE y asegurar la trazabilidad de los pagos de los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, en inglés).

“El presupuesto solicitado representa la primera inversión formal en una iniciativa que ya está transformando el aparato gubernamental, resultando en la derogación de más de 390 reglamentos, y es el paso necesario para que los resultados alcanzados no se detengan”, sostuvo Ferraiuoli.

A solicitud de este medio, la funcionaria explicó que IDEA no cuenta con personal propio y que quienes trabajan en las diferentes iniciativas son empleados de otras agencias que “aportan de su tiempo para los diferentes proyectos”.

“En poco tiempo, hemos demostrado que es posible identificar ineficiencias, simplificar procesos y acelerar la modernización gubernamental. Ahora, necesitamos las herramientas y los recursos para llevar esos esfuerzos a una escala mucho mayor”, sostuvo la también directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.

A pesar de que la partida está contenida en el presupuesto presentado por el Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, confirmó a El Nuevo Día que la asignación está bajo el escrutinio de ese cuerpo legislativo como parte de su análisis del plan de gastos del gobierno.

La Legislatura tiene hasta este viernes para someter su revisión del presupuesto del próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, aunque Charbonier ha anticipado que consideran solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal una extensión al período del evaluación.