El Senado defendió este miércoles ante el Tribunal de Apelaciones su facultad de fiscalización al exigir que se confirme el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que le ordena al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, que entregue información contributiva del exsecretario del Departamento de Justicia y contratista del gobierno Antonio Sagardía.

A través de su presidente, Thomas Rivera Schatz, el Senado sostuvo –en un escrito de 60 páginas– que ceder a la negativa del gobierno a entregar los datos “equivale a convertir la fiscalización legislativa en un ejercicio condicionado, discrecional y, en última instancia, inefectivo”.

“En términos claros: el Ejecutivo pretende decidir qué puede investigar el Legislativo. Eso no es defensa institucional o del derecho de un contratista gubernamental; es una usurpación constitucional”, lee parte del escrito, sometido a 22 minutos del plazo concedido por el Apelativo.

“Esto no es una inquisición; es fiscalización básica y el ejercicio de la función más fundamental que tiene el Senado, legislar. No se trata de indagar en la vida privada de un ciudadano, sino de examinar el uso de fondos del pueblo”, agrega el recurso.

En la noche del martes, Sagardía radicó una moción urgente al Apelativo para que reconsidere su negativa a atender la “comparecencia especial” que sometió en apoyo al recurso que el gobierno presentó para evitar que el Senado tenga acceso a su información contributiva.

Más temprano ayer, el foro intermedio acogió una solicitud del gobierno para paralizar la orden de la jueza superior Iris Cancio González que obligaba a Hacienda a entregar la información contributiva de Sagardía, y le concedió al Senado hasta hoy, a las 5:00 p.m., para presentar sus argumentos al respecto.

Hasta el momento, la postura del Ejecutivo ha sido objetar la entrega, amparado en que hacerlo vulneraría derechos de terceros y revelaría información de carácter confidencial y constitucionalmente protegida. En cambio, el Senado ha insistido en su facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos.

La teoría del Estado, según el Senado, descansa sobre tres premisas “erróneas y peligrosas”. Estas son que el Senado debe justificar las razones de su investigación, que un contratista gubernamental puede invocar un manto de confidencialidad absoluto frente a requerimientos relacionados con el uso de fondos públicos y, que, como parte de la petición de información, era necesario notificar al contratista.

“Se solicitó cumplimiento. Se solicitó trazabilidad. Se solicitó rendición de cuentas. Y, finalmente, transparencia en el uso de fondos públicos”, lee el documento, en el que se hace referencia a las peticiones de información 2026-0035 y 2026-0036, aprobadas de forma unánime. Se negó, una vez más, que los datos incluyan información contributiva sensitiva, ingresos ni planillas.

“La negativa del Estado de proveer la información solicitada no es un mero desacuerdo jurídico: es un acto de resistencia institucional frente a la fiscalización democrática y al ejercicio de un poder constitucional. El poder de investigar es inherente al poder de legislar, por lo que exigirle al Senado que investigue ‘en la oscuridad’ es vaciar de contenido su función constitucional”, añade el documento.

Ante el argumento levantado por Sagardía de que “nunca” fue “notificado, emplazado ni escuchado en el caso ante el Tribunal de Primera Instancia”, el Senado argumentó que no estaba obligado a hacer dicha notificación porque la petición “no requería copia de sus planillas, ni copia de las declaraciones informativas y mucho menos copia de sus estados bancarios”.

Los señalamientos contra Sagardía –y que indaga el Senado– apuntan a que el extitular de Justicia habría subcontratado con terceros los servicios para los que fue contratado por el gobierno. El cuerpo busca conocer si dichas transacciones ocurrieron, si estarían permitidas por el acuerdo y si constan en la información contributiva del abogado. Al respecto, Rivera Schatz dijo, más temprano esta semana, haber recibido información respecto a supuestas enmiendas a declaraciones informativas de Sagardía en Hacienda.

“La confidencialidad no puede convertirse en refugio de la opacidad. No existe derecho a la intimidad que proteja el uso indebido de fondos públicos, ni norma que permita ocultar el cumplimiento –o incumplimiento– de obligaciones contractuales con el Estado. Aquí, no se está pidiendo cuánto ganó el contratista; se está preguntando si cumplió con la ley”, reza el escrito del Senado.

“Es imperativo que se faciliten estos registros de inmediato; solo así podremos garantizarle al pueblo que los contratos gubernamentales se ejecutan con la honestidad y la claridad que la ley exige”, abunda.