El exsecretario de Justicia y contratista del gobierno Antonio Sagardía recurrió al Tribunal de Apelaciones para que reconsidere su negativa a atender la “comparecencia especial” que sometió en apoyo al recurso que presentó el gobierno para evitar que el Senado tenga acceso a información relacionada con su responsabilidad contributiva.

“Se solicita la reinstalación plena de la comparecencia especial al expediente apelativo y su consideración integral para la adjudicación de los méritos del presente certiorari. Lo anterior, en aras de garantizar el debido proceso de ley en todas sus vertientes y evitar así un craso fracaso de la justicia", lee la urgente moción de reconsideración.

Sagardía presentó el recurso judicial la noche del martes, horas después que un panel de cuatro jueces del Tribunal de Apelaciones acogiera la solicitud del Estado para paralizar la orden de la jueza superior Iris Cancio González, que obligaba al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva del exsecretario de Justicia.

Junto a esa resolución, el Tribunal Apelativo dio por “no puesta”, o sea, no consideró, la comparecencia especial del licenciado Sagardía y requirió que no se tomará en cuenta, amparándose en lo dispuesto en el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura (Ley 103-2003).

Este artículo dispone que el Tribunal de Apelaciones tiene competencia para revisar sentencias finales, resoluciones u órdenes dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, así como decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos administrativos. Ahora bien, agrega la decisión, es norma reiterada que los foros apelativos no deben considerar asuntos que no fueron previamente planteados, ni evaluados por el foro recurrido.

La defensa de Sagardía ha sostenido que el licenciado no fue emplazado en el pleito, así como tampoco se le ordenó comparecer para mostrar causa. “No tuvo oportunidad de presentar oposición, de contrainterrogar, de ofrecer prueba, ni de hacerse oír en ningún momento, forma o manera ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual es una violación crasa del debido proceso de ley”, argumentó el licenciado José Ignacio Rodrigo.

El Senado tiene hasta este miércoles, a las 5:00 p.m., para presentar sus argumentos respecto a la paralización ordenada por el foro apelativo.

El lunes, el gobierno de Jenniffer González acudió ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación del dictamen que obliga al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar la información contributiva de Sagardía, con el argumento de que la petición del Senado“no especifica el propósito ni la necesidad” de los datos requeridos.

Hasta el momento, la postura del Ejecutivo ha sido objetar la entrega de los datos, amparado en que hacerlo vulneraría derechos de terceros y revelaría información de carácter confidencial y constitucionalmente protegida. En cambio, el Senado ha insistido en su facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos.

El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, ha rechazado que exista un “ánimo prevenido”, e insiste en que la solicitud se dio en respuesta a información confidencial que recibieron.

Los señalamientos contra Sagardía –y que indaga el Senado– apuntan a que el extitular de Justicia habría subcontratado con terceros los servicios para los que fue contratado por el gobierno. El Alto Cuerpo busca conocer si dichas transacciones ocurrieron, si estarían permitidas por el acuerdo y si constan en la información contributiva del abogado. El lunes, Rivera Schatz dijo haber recibido información respecto a supuestas enmiendas a declaraciones informativas del contratista en el Departamento de Hacienda.