Al tiempo que un grupo de organizaciones sociales y sindicales consignó este miércoles su oposición a la medida, la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes aprobó un informe positivo y enmiendas al Proyecto de la Cámara (PC) 1115, que busca devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de regular el salario mínimo en Puerto Rico.

Aparte de derogar la Ley 47-2021 y eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, el PC 1115 ahora buscará convertirse en la “Ley para regular el Salario Mínimo en Puerto Rico”.

“Este desarrollo histórico evidencia que ha sido la propia Asamblea Legislativa –y no organismos delegados– la que ha asumido la responsabilidad de implementar cambios sustanciales en la política salarial del país. En ese contexto, resulta irrazonable mantener una Comisión Evaluadora que representa una carga presupuestaria adicional y que duplica funciones técnicas que ya realizan agencias con peritaje”, lee parte del informe positivo, que recomienda la aprobación de la medida con enmiendas.

El nuevo texto del proyecto incluye que la Asamblea Legislativa “retiene” su facultad para legislar sobre el salario mínimo. Para ello, establece una serie de consideraciones, como el salario mínimo federal, el costo de vida, las necesidades de los empleados y las condiciones económicas y de competencia de las empresas para que “no se reduzca sustancialmente el empleo”. Sin embargo, elimina la orden de que tenga que ser revisado cada cuatrienio.

“Será deber de la Rama Legislativa procurar que ningún trabajador(a) esté bajo el nivel de pobreza, que todo(a) trabajador(a) cuente con suficiente ingreso como para cubrir sus necesidades básicas, y asegurar el progreso y mejoramiento de los niveles de vida”, lee el PC 1115, que indica que, tras su aprobación, el salario permanecería en $10.50, y prevalecería el mínimo estatal siempre que sea mayor al federal.

Asimismo, dispone que la propuesta ley no aplicaría a empleados federales, estatales, municipales, ni a los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo, siempre que el salario acordado sea igual o mayor al mínimo.

Entre las enmiendas, incluye un inciso sobre violaciones y penalidades, que detalla que la entidad que se negare o descuidase las disposiciones sobre salario mínimo serían penalizadas con multas de $500 a $5,000 y, en caso de reincidencia, la amonestación podría alcanzar los $10,000. Igualmente, detalla un proceso de reclamaciones para empleados, que tiene un término prescriptivo de cinco años.

El economista Iyari Ríos González, comisionado en representación de los trabajadores ante la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, fue parte del grupo de personas y entidades que rechazó la aprobación del PC 1115, pues los argumentos para su promulgación “no se sostienen” con la evidencia disponible.

Los grupos oponentes ni la Comisión Evaluadora –como ente– tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos en la única vista pública que evaluó la medida, de la autoría del representante Roberto López Román, quien también preside la comisión cameral que recomendó su aprobación. Según los portavoces, solo se les permitió enviar memoriales explicativos, pese a solicitar audiencia.

“Este proyecto no es una reforma, es un secuestro de la justicia salarial. El PC 1115 quiere que los trabajadores vuelvan a esperar décadas para ver un aumento, dejando sus vidas en manos de legisladores que responden a los grandes intereses económicos”, opinó, por su parte, José Rodríguez Vélez, portavoz del Movimiento Solidario Sindical.

“El aumento del salario mínimo de $7.25 a $10.50 y la economía ha tenido un crecimiento desde el 2021 hasta el presente, de manera ininterrumpida. El empleo ha aumentado. La tasa de desempleo que tenemos es la cifra más baja en la historia del país. Ha aumentado la tasa de participación laboral. Se ha reducido la tasa de pobreza en Puerto Rico”, detalló, en tanto, Ríos González, quien considera que la Ley 47 ha sido “una legislación positiva”.

Criticó también que se tilde de “antidemocrática” a la Comisión Evaluadora, cuando sus nombramientos siguen el tracto ordinario de nominación de La Fortaleza y confirmación del Senado.

El lunes, el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara pidió detener el proceso en la comisión cameral e instó a tener una mayor evaluación de la medida, como, señalaron, se tuvo para la aprobación de la Ley 47.

El estatuto aumentó el salario mínimo escalonadamente por tres años, hasta llegar al actual de $10.25 por hora. Este último aumento fue aprobado por tres de los cinco miembros nombrados a la Comisión Evaluadora, que también tiene el mandato de revisar el salario mínimo cada dos años.

“El PNP (Partido Nuevo Progresista) no ha sido capaz de presentar una reforma contributiva y aprobarla. Aprobaron un alivio contributivo que todavía no sabemos qué está pasando. No han podido suspender la ‘crudita’. Son tres medidas que van al costo de vida, de abaratar el costo de vida de los puertorriqueños, pero, sin embargo, se aprestan a aprobar legislación para eliminar la oportunidad de los trabajadores de tener un salario mínimo digno y quitarles a los expertos la facultad de decidir y devolverlo a las manos de los políticos”, expuso el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago.

López Román no contestó este miércoles llamadas ni mensajes de El Nuevo Día para una reacción.