El liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes cuestionó este lunes la determinación de atender a puerta cerrada, en una vista ejecutiva, el proyecto de ley que devolvería a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo, y reclamó un análisis amplio y público sobre la medida.

El portavoz alterno del PPD en la Cámara, el representante Domingo Torres García, indicó que solo se hizo una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara (PC) 1115, en la que quedaron preguntas pendientes de los deponentes para mejorar el andamiaje existente, que contempla que el salario mínimo estatal sea revisado, cada dos años, por la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, creada por la Ley 47-2021.

“Es más favorable para el empleado, para las personas que son (las) que tienen que ver con este salario mínimo, que siga quedando en manos de expertos en este tema y no caer en las manos de los políticos para que, cada cuatro años o cada dos años, esto pueda aparecer como una oferta o como un ofrecimiento en una plataforma de gobierno en el proceso de las campañas políticas”, consideró el legislador del Distrito 25, quien instó a la mayoría legislativa a detener este proceso y permitir un análisis abierto, participativo y responsable.

Sobre la vista ejecutiva de la Comisión de Trabajos y Asuntos Laborales de la Cámara, Torres García indicó que se llevó a cabo la mañana de este lunes. “Lo que se está haciendo es un informe positivo, con solo una vista pública, sin responder a las preguntas que se hicieron para el Departamento de Trabajo y a los diferentes participantes de esa vista pública”, subrayó.

El Nuevo Día llamó a la oficina legislativa del representante Roberto López Román, autor del proyecto y presidente de la referida comisión cameral, para solicitar comentarios, pero se indicó que estaba reunido. También, le contactó a su teléfono personal, y no se obtuvo respuesta.

En entrevista previa con este medio, el autor de la medida criticó la estructura actual de la Comisión Evaluadora, y dijo que, aunque “en un principio, se creyó que iba a ser más ágil" esa estructura, “terminó no siéndolo”. “No es democrática porque los miembros no son electos. La única persona que tiene alguna injerencia es el gobernador, que los nombra, y el Senado, que los confirma”, abundó el legislador.

El PC 1115 deroga la Ley 47-2021, que aumentó el salario mínimo escalonadamente por tres años, hasta llegar al actual de $10.25, por hora. Este último aumento fue aprobado por la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, que también tiene el mandato de revisar el salario mínimo cada dos años. La medida propuesta, en cambio, devolvería la facultad a la Legislatura, por entender, entre otras cosas, que ese análisis debe estar en manos de funcionarios electos.

Según la exposición de motivos, las determinaciones de política pública económica corresponden “a los funcionarios electos, y no puede ser menoscabada por una Comisión no representativa, que no nunca ha contado con la totalidad de sus miembros y que no es electa”.

Además, el PC 1115 ordena que “cada cuatrienio” la Asamblea Legislativa examine “si se justifica un incremento en el salario mínimo estatal”. Además, establece que se tomará en cuenta el salario mínimo federal, el costo de vida, las necesidades de los empleados, las condiciones económicas y de competencia de las empresas para que “no se reduzca sustancialmente el empleo”.

A juicio del portavoz del PPD en la Cámara, el representante Héctor Ferrer Santiago, la medida es un “disparate legislativo”, ya que una Asamblea Legislativa no puede obligar a otra. Asimismo, señaló al representante López Román por supuestamente querer complacer a la empresa privada, pues aseguró que los únicos que favorecen esta legislación son gremios empresariales.

“El PNP no ha sido capaz de presentar una reforma contributiva y aprobarla. Aprobaron un alivio contributivo que todavía no sabemos qué está pasando. No han podido suspender la ‘crudita’. Son tres medidas que van al costo de vida, de abaratar el costo de vida de los puertorriqueños, pero, sin embargo, se aprestan a aprobar legislación para eliminar la oportunidad de los trabajadores de tener un salario mínimo digno y quitarles a los expertos la facultad de decidir y devolverlo a las manos de los políticos”, expuso Ferrer Santiago.

En tanto, Torres García recordó que la Ley 47 fue aprobada de manera unánime, por lo que cuestionó si los legisladores que, hace cinco años, votaron a favor de la ley, favorecerían también derogarla.

Ferrer Santiago y Torres García fueron autores del PC 338, que se convirtió en la Ley 47-2021.