Los Ángeles- Un tribunal federal de apelaciones emitió el miércoles una orden que bloquea una ley de California que exige que los agentes federales de inmigración lleven identificación, otro golpe a los intentos del estado de limitar las agresivas tácticas de aplicación de la administración Trump.

La administración Trump argumentó que amenazaría la seguridad de los agentes que se enfrentan a acoso, doxing y violencia y que violaba la Constitución porque el Estado buscaba directamente regular al Gobierno federal.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos dictó una medida cautelar pendiente de apelación. Anteriormente había bloqueado la entrada en vigor de la ley.

La decisión podría tener implicaciones a escala nacional para otros estados que han adoptado sus propias medidas para imponer restricciones a los agentes de inmigración.

La medida fue una de las dos principales leyes promulgadas el pasado otoño con el fin de controlar a los agentes federales de inmigración tras una amplia campaña contra la inmigración ilegal en el sur de California en junio. La otra ley habría prohibido a la mayoría de los agentes de la ley el uso de máscaras, polainas para el cuello y otras protecciones faciales. Los activistas han expresado su preocupación por los agentes enmascarados que realizan redadas en lugares de trabajo o detienen a personas en la calle, a menudo sin mostrar identificación.

La administración Trump demandó por ambas en noviembre.

Un juez federal bloqueó la prohibición de las máscaras en febrero, dictaminando que discriminaba al gobierno federal porque no se aplicaba a los policías estatales. La ley establecía excepciones para agentes encubiertos, equipos de protección como respiradores N95 o equipos tácticos, y otras situaciones en las que no llevar máscara pondría en peligro la operación. El juez permitió que se mantuviera la ley de identificación.

En una vista de apelación celebrada el 3 de marzo, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la ley californiana sobre el requisito de identificación pretendía regular el gobierno federal, violando la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

El tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo por unanimidad, diciendo que la ley “intenta regular directamente a los Estados Unidos en su desempeño de funciones gubernamentales”, en una opinión escrita por el juez Mark J. Bennett. El tribunal estaba compuesto por dos jueces nombrados por Donald Trump, Bennett y Daniel P. Collins, y por la juez nombrada por Obama, Jacqueline H. Nguyen.

Los abogados de California argumentaron que la ley se aplicaba por igual a todos los agentes del orden sin discriminar al gobierno de Estados Unidos, y que los estados podían aplicar leyes “de aplicación general” a los agentes federales. También argumentaron que la ley era importante para abordar los problemas de seguridad pública.

Es más probable que la gente ataque a los agentes en defensa propia si no hay una identificación visible que permita al público saber que son agentes de la ley, afirman los abogados de California en un escrito.

“Esta confusión ha dado lugar a que se confunda a los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley con delincuentes y viceversa, lo que crea un grave riesgo de daños a los agentes de la paz y a los miembros del público”, escribieron.

En octubre de 2025, la Oficina Federal de Investigación emitió un informe en el que advertía de que el aumento de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) había espoleado a “actores criminales que se hacían pasar por agentes del ICE para cometer delitos violentos”, señalaron los abogados de California.

Los jueces del tribunal de apelaciones dijeron que no tuvieron en cuenta los factores de seguridad pública porque el gobierno federal ha demostrado que la legislación violaría sus derechos constitucionales, y “todos los ciudadanos tienen interés en defender la Constitución”.

Cuando un tribunal inferior anuló la prohibición de las máscaras en California, dejó abierta otra vía para lograr el mismo objetivo. Los jueces de ese caso habían indicado que estarían más abiertos a una ley que prohibiera las máscaras a todos los agentes del orden, no sólo a los federales. Un nuevo proyecto de ley de California intenta reactivar las restricciones sobre las máscaras aplicándolas también a los policías estatales.

Pero la opinión del tribunal de apelaciones señala una visión más estricta de la capacidad del gobierno estatal para regular a los funcionarios federales.

“La Cláusula de Supremacía prohíbe a los Estados promulgar una ley que regule directamente las operaciones federales, incluso si la ley regula las operaciones estatales de la misma manera”, escribieron los jueces.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, lo calificó de “gran victoria legal” en un post en X.

La oficina del Fiscal General de California, Rob Bonta, dijo que están revisando la orden.