El Tribunal de Apelaciones acogió la solicitud del gobierno para paralizar la orden de la jueza superior Iris Cancio González, que obligaba al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva del exsecretario del Departamento de Justicia y contratista del gobierno Antonio Sagardía.

“Dado que la urgente solicitud en auxilio de jurisdicción fue presentada en el día de ayer (lunes) a las 6:38 p.m. y asignada a este panel, hoy, 21 de abril de 2026, a las 9:53 a.m., fecha en que el plazo concedido en la resolución recurrida vence, se declara Ha Lugar la paralización allí solicitada“, lee la determinación.

“Ahora bien, esta determinación no conlleva la adjudicación de las controversias planteadas ante nuestra consideración”, consigna el panel integrado por los jueces Monsita Rivera Marchand, Ana Mateu Meléndez, Lersy Boria Vizcarrondo y Juan Robles Adorno.

El Senado, que hizo el requerimiento de la información al Departamento de Hacienda, tiene hasta este miércoles para exponer su posición. El Nuevo Día solicitó comentarios del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, sobre la determinación, pero no hubo respuesta.

El panel de jueces, además, dio por “no puesta”, o sea, no consideró, la comparecencia especial del licenciado Sagardía en apoyo al certiorari y a la solicitud de paralización presentada por el gobierno, y requirió que no se tome en cuenta.

“El licenciado Sagardía no participó de los procesos del Tribunal de Primera Instancia. Cónsono con lo antes establecido, los asuntos enunciados por el licenciado Sagardía, ante esta curia de jurisdicción apelativa, no fueron planteados ni adjudicados previamente por el foro primario”, consigna la resolución.

Según el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura (Ley 103-2003), el Tribunal de Apelaciones tiene competencia para revisar sentencias finales, resoluciones u órdenes dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, así como decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos administrativos. Ahora bien, agrega la decisión, es norma reiterada que los foros apelativos no deben considerar asuntos que no fueron previamente planteados, ni evaluados por el foro recurrido.

El extitular de Justicia solicitaba la revocación de la orden de la jueza Cancio González sobre la entrega de su información contributiva por supuestamente haber sido dictada en violación del debido proceso de ley, sin el vehículo estatutario correcto y excediendo los límites constitucionales del poder investigativo legislativo.

El lunes, el gobierno de Jenniffer González acudió ante el foro intermedio para solicitar la revocación del dictamen que obliga al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar la información contributiva de Sagardía, con el argumento de que la petición del Senado “no especifica el propósito ni la necesidad” de los datos requeridos.

Hasta el momento, la postura del Ejecutivo ha sido objetar la entrega de los datos, amparado en que hacerlo vulneraría derechos de terceros y revelaría información de carácter confidencial y constitucionalmente protegida. En cambio, el Senado ha insistido en su facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos.

Rivera Schatz ha rechazado que exista un “ánimo prevenido”, e insiste en que la solicitud se dio en respuesta a información confidencial que recibieron.

“Yo no tengo preocupación con lo que él (Sagardía) piense... pero, hasta ahora, los tribunales dicen que ellos (el Ejecutivo) no tienen la razón”, expuso. “No estamos pidiendo información de su planilla, estamos pidiendo información de cumplimiento”, puntualizó el líder senatorial.

Los señalamientos contra Sagardía –y que indaga el Senado– apuntan a que el extitular de Justicia habría subcontratado con terceros los servicios para los que fue contratado por el gobierno. El Alto Cuerpo busca conocer si dichas transacciones ocurrieron, si estarían permitidas por el acuerdo y si constan en la información contributiva del abogado. El lunes, Rivera Schatz dijo haber recibido información respecto a supuestas enmiendas en los formularios de Hacienda del contratista.