El gobierno de Jenniffer González solicitó al Tribunal de Apelaciones que revoque el dictamen que obliga al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva del exsecretario del Departamento de Justicia y contratista del gobierno Antonio Sagardía.

Más temprano este lunes, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, había anticipado que se reuniría durante la tarde -con funcionarios que no identificó- para discutir el asunto a profundidad y tomar una decisión respecto a si apelaba o no la orden judicial.

El viernes, la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan, concedió 48 horas al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, para cumplir con su dictamen sobre la entrega de documentos. De no hacerlo, el funcionario se expone a ser encontrado en desacato civil. El plazo vence este martes.

De acuerdo al recurso presentado por el gobierno, representado por la Oficina del Procurador General, la petición que hizo el Senado de la información contributiva de Sagardía “no especifica el propósito ni la necesidad” de los datos requeridos.

“El Departamento de Hacienda está impedido de divulgar la información solicitada... por tratarse de información confidencial protegida por... el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 y el derecho constitucional de la intimidad”, añade, además, el recurso legal firmado por el procurador general, Omar Andino Figueroa; la procuradora general auxiliar, Sofía Cardona Rosa, y los subprocuradores Edwin B. Mojica Camps y Frank A. Rosado Méndez.

La postura del gobierno ha sido objetar la entrega de la información, con el argumento de que, hacerlo, vulneraría derechos de terceros y revelaría información de carácter confidencial y constitucionalmente protegida. En cambio, el Senado ha insistido en su facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos, y este lunes, el presidente Thomas Rivera Schatz afirmó que llevaría el asunto hasta las últimas consecuencias.

“La negativa a divulgar la información en cuestión no constituye un intento de obstaculizar la investigación legislativa, sino el cumplimiento del deber ministerial del Secretario de Hacienda de salvaguardar los derechos constitucionales de los contribuyentes sin distinción de persona”, resalta la medida.

A su vez, la Rama Ejecutiva reconoció el amplio poder investigativo de la Rama Legislativa pero reiteró que “no es irrestricto pues debe tener un propósito legítimo claro y debe ejercerse dentro de los límites del objeto investigado”.

“Permitir un requerimiento de esta naturaleza desvirtúa el proceso legislativo, al extender su alcance hacia información que no guarda una relación razonable con la investigación ni con el objeto de esta”, exponen.