El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, dijo este domingo que el gobierno evalúa la posibilidad de apelar la determinación judicial que le ordena al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja, que entregue al Senado datos relacionados con la información contributiva del exsecretario del Departamento de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía.

“Es una determinación que hace Hacienda, a través de Justicia, y obviamente yo no tengo comunicación ni nada que ver con La Fortaleza en cuanto a esa determinación de si van a someterlo o no. Justicia estará comunicando si van a cumplir o si van a apelar la determinación. Esa es una facultad que ellos tienen como partes en el caso", indicó Peña Payano, en la sesión dominical Asunto Semanal.

El viernes, la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan, le concedió a Pantoja un término de 48 horas para cumplir con su orden. De lo contrario, le advirtió que se exponía a ser sancionado con un desacato civil por incumplir la decisión. Dicho término vence este martes, según lo dispuesto en la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil.

“Se hizo una orden del Tribunal solicitando y exigiendo que se envíe la información, y es el Departamento de Hacienda, con Justicia, siendo sus representantes, quienes van a anunciar si, en efecto, la van a entregar o si, en efecto, van a ir en un proceso posterior“, dijo Peña Payano a preguntas de la prensa.

El Nuevo Día solicitó expresiones de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, pero no recibió respuesta.

Mientras el gobierno ha objetado la solicitud alegando que la entrega de la información vulnera derechos de terceros y revela información de carácter confidencial y constitucionalmente protegida, el Senado ha insistido en su facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos.

Al respecto, la jueza validó la facultad constitucional del cuerpo legislativo y estableció que la información solicitada en el caso se limita a conocer si Sagardía preparó formularios W-2 o 480 y, de contestarse en la afirmativa, a identificar a nombre de quién se expidieron. “La petición no requiere el contenido de dichos formularios ni solicita dato personal o económico alguno de Sagardía o de los empleados o contratistas de este que pueda generar una expectativa de intimidad”, planteó la jueza Cancio González.

“La posición de nosotros es, y hemos sido claros, en que hay una posición de la información de los contribuyentes que es delicada, que debe ser custodiada por quien tiene el deber ministerial, que es el Ssecretario de Hacienda”, insistió, en tanto, Peña Payano.