El oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que preparó el informe técnico recomendando la expansión del vertedero de Carolina negó este jueves que haya hecho referencia a su parentesco con la gobernadora Jenniffer González en un supuesto intento por evitar comparecer a una citación del Senado.

“Usted da credibilidad a algo que le informaron. Yo le puedo decir a usted, por la vida de mi hijo, que yo no hice esa representación, de que no tenía que venir aquí porque era primo de la gobernadora. Eso es total y absolutamente falso”, dijo Luis González Ortiz, ante cuestionamientos del senador Héctor Joaquín Sánchez, del Partido Nuevo Progresista.

“Usted representó de muy mala forma a la gobernadora al creerse intocable”, ripostó Sánchez.

González Ortiz compareció, luego de múltiples citaciones y la intervención del tribunal, ante la Comisión senatorial de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, que investiga las denuncias de comunidades y expertos sobre riesgos relacionados con la filtración de lixiviados en el vertedero carolinense.

Se han levantado, además, preocupaciones por posible contaminación de cuerpos de agua y deficiencias en el manejo de desperdicios tras la expansión del sistema. Los operadores, sin embargo, han sostenido que están en cumplimiento con la reglamentación vigente.

El Senado solicitó la intervención judicial al amparo del Artículo 34-A del Código Político, que permite que los organismos de ambos cuerpos legislativos acudan a los tribunales para requerir la asistencia y declaración de los testigos y la producción y entrega de documentos solicitados.

“Usted llamaba a la Comisión y decía un parentesco, algo que usted tenía, y cuáles eran las razones por las que debíamos tener consideración con usted”, reafirmó, por su parte, la presidenta de la Comisión, la senadora Marissa Jiménez.

Al igual que el Senado, González Ortiz acudió al Tribunal de Apelaciones para revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que ordenaba su comparecencia. En el recurso, precisó que había estado disponible para cooperar, brindando fechas alternas, las cuales no fueron consideradas por el Senado.

Este jueves, insistió en ese planteamiento. “Siempre me citaban cuando querían y no tomaban en consideración las fechas que yo les proveía... sencillamente, era el mollero, cuando ellos quisieran. Esa es la verdad. Así fue. No me tomaron en consideración en ningún momento”, dijo, al sostener que está “orgulloso” de ser primo de la mandataria.

Jiménez sostuvo, en tanto, que fueron funcionarios del DRNA quienes lo identificaron como el indicado para presentar los argumentos que sustentaron la otorgación del permiso de expansión.

González Ortiz dijo que su determinación se basó únicamente en la recomendación del equipo técnico del Área de Control de Contaminación de Terrenos del DRNA, la cual favorecía la expansión, y no en un análisis técnico de los documentos presentados por el Municipio de Carolina, proponente del proyecto, o las partes en oposición.

Sostuvo que su obligación como oficial examinador –en la etapa investigativa– no incluye la evaluación sustantiva del proyecto ni llevar a cabo inspecciones oculares. “En la etapa de investigación, yo no puedo hacer eso. Podría hacerlo en una vista adjudicativa, si es que alguna parte se ve afectada por la concesión o denegación del permiso”, señaló bajo juramento.

“Mi intervención se limitó al cumplimiento de la encomienda procesal asignada, confirmar el marco administrativo aplicable, en deferencia a la evaluación técnica realizada por el programa de contaminación de terrenos”, subrayó. “En esa etapa, no se adjudica ninguna credibilidad. Es una vista investigativa. Eso se hace en el procedimiento adjudicativo”.

En el informe emitido por González Ortiz, sin embargo, se hace constar la oposición de la Caribbean Golf Academy a la renovación del permiso de operación del vertedero, alegando que afectaba la zona de karso, sistemas arqueológicos y que se hacía caso omiso a reglamentación vigente.

“Si vamos a hablar de economía procesal, pues, entonces, lo que hacemos es que fotocopiamos todas las ponencias, les ponemos una grapa y se las enviamos al secretario y se acabó. Si es como usted dice, y yo creo que no es así, pues, entonces, para qué tenemos ese procedimiento”, expresó, por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago.

“Yo tengo que respetar la recomendación del programa técnico del Departamento... Yo determino si se presentaron los documentos que se solicitaron y si están completos. Mi determinación es recomendar la aprobación”, insistió González Ortiz, quien lleva 17 años desempeñándose como oficial examinador.

El informe fue sometido, el 14 de agosto de 2025, ante la Oficina de Jueces Administrativos y Oficiales Examinadores del DRNA para su canalización. El secretario Waldemar Quiles Pérez –o la persona a quien le delegue dicha responsabilidad– bien puede escoger o rechazar la recomendación incluida en el documento.

La renovación de permiso presentada por el Municipio de Carolina fue aprobada el 21 de agosto de 2025 por el subsecretario del DRNA, Nelson Cruz Santiago. El pasado 30 de marzo, el Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso presentado por la Caribben Golf Academy y Hacienda Campo Rico para que se revisara la determinación de la agencia “por falta de jurisdicción”.

“Estamos claros de que hay un reclamo de la ciudadanía de Carolina de los efectos que, ciertamente, está impactando la salud pública... aparentemente, ha habido una extensión indebida de la utilización de estos terrenos no solamente en expansión, sino en altura, pero yo quiero que quede claro quién toma la decisión”, señaló el senador Ángel Toledo.