Habiéndose mantenido al margen de la controversia en las pasadas semanas, el exsecretario del Departamento de Justicia y contratista del gobierno Antonio Sagardía recurrió este martes al Tribunal de Apelaciones, al igual que la administración de Jenniffer González hizo el lunes, en un intento por evitar que el Senado tenga acceso a información relacionada con su responsabilidad contributiva.

En una “comparecencia especial” sometida al Apelativo desde Madrid, España, como “parte de interés”, Sagardía solicitó que se revoque la orden de la jueza superior Iris Cancio González para la entrega de su información contributiva por, supuestamente, haber sido dictada en violación del debido proceso de ley, sin el vehículo estatutario correcto, excediendo los límites constitucionales del poder investigativo legislativo.

Al igual que el gobierno, Sagardía argumentó que “nunca” fue “notificado, emplazado ni escuchado en el caso ante el Tribunal de Primera Instancia”. Sostuvo, además, que la Petición de Información 2026-0035, tal cual aprobada por el Senado, es “incompatible” con una pesquisa legislativa “de buena fe y coherentes”.

“El oficio no identifica qué proyecto de ley, qué investigación autorizada por resolución concurrente, ni qué función de fiscalización específica del cuerpo (legislativo) se propone servir con la producción exigida. El vacío no es accidental: es la confesión estructural de que no existe tal propósito”, expuso Sagardía, en su recurso “en apoyo al ‘certiorari’ y solicitud de paralización” de la resolución de instancia.

Ayer, lunes, el gobierno de Jenniffer González también acudió al Apelativo solicitando la revocación del dictamen que obliga al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva de Sagardía, alegando que la petición del Senado “no especifica el propósito ni la necesidad” de los datos requeridos.

Hasta el momento, la postura gubernamental ha sido objetar la entrega de la información, con el argumento de que hacerlo vulneraría derechos de terceros y revelaría información de carácter confidencial y constitucionalmente protegida. En cambio, el Senado ha insistido en su facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos.

Además de sostener que la Petición de Información 2026-0036 “no especifica el propósito ni la necesidad de la información contributiva solicitada”, lo que impide establecer “tan siquiera si existe o no realmente un fin investigativo legítimo”, tanto el gobierno como Sagardía han sostenido que el requerimiento resulta nulo por falta de notificación al exsecretario.

Las peticiones de información trascendieron luego que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y Sagardía ofrecieran, por separado, entrevistas radiales (WKAQ), el pasado 10 de marzo.

En su turno, Rivera Schatz cuestionó el manejo del gobierno a la controversia que involucraba a la exsecretaria de Vivienda Ciary Pérez Peña por presuntas irregularidades en la venta de marbetes y su impacto en términos de proyección. Sagardía dijo, por su parte, que no coincidía con Rivera Schatz, y le recordó cuando apoyó al exsenador Héctor Martínez, quien enfrentó una convicción federal de la que luego fue absuelto.