Con el objetivo de “fijar responsabilidades”, de ser necesario, el Senado se apresta a enviar sendos requerimientos de información a varias agencias del gobierno sobre las alegaciones contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Una investigación periodística del programa Rayos X de Telemundo puso en el radar público a la funcionaria por un controvertible contrato de $60,000 mensuales, otorgado en 2021, para el cuido de un solo participante mientras laboraba en el Departamento de Salud.

En su tradicional mensaje de “Buenos días, Puerto Rico”, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó este miércoles que solicitará información “en ánimo de aclarar las alegaciones contra de la secretaria de Familia y la transparencia que amerita el asunto”.

Los requerimientos irán dirigidos a conocer, por ejemplo, si la funcionaria de la administración de Jenniffer González Colón sabía que era objeto o persona de interés en alguna investigación y hasta si fue notificada por el Departamento de Justicia de alguna pesquisa.

El cuerpo legislativo obtuvo copia del informe de Justicia que concluyó que el contrato para el cuidado de un paciente en un hogar de Vega Alta “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico.

“El objetivo es, si corresponde, fijar responsabilidades, asegurar el servicio a quien lo necesita y que se conozcan todos los hechos de este caso”, dijo Rivera Schatz, en redes sociales.

De forma específica, el líder senatorial anticipó que pedirá confirmar si, además de lo incluido en el informe de cierre de Justicia, existe algún documento o evidencia que demuestre que Roig Fuertes fue notificada, apercibida o informada de que era persona de interés en alguna investigación administrativa, civil o criminal relacionada con los hechos del contrato en discusión entre los años 2021 y 2025.

“Si, específicamente, durante el año 2025 el Departamento de Justicia le notificó a Suzanne Roig de la existencia de una investigación “inconclusa” o “en curso” que la señalaba como persona de interés, conforme a la ley. Si se notificó el cierre de dicha investigación y a quienes se les notificó“, indicó.

Asimismo, Rivera Schatz precisó que solicitará copia certificada del expediente investigativo que elaboró el licenciado Miguel Verdiales, asesor legal del Departamento de Salud, y cualquier otro expediente relacionado a los hechos del contrato en controversia.

A estos requerimientos se sumará otro dirigido a conocer si el ciudadano recipiente de los servicios del contrato en controversia se encuentra actualmente recibiéndolos, a qué costo y nombre de los proveedores.

Durante una conferencia de prensa, Rivera Schatz indicó el martes que no quería adelantar juicio sobre el caso. “Ojalá que no haya ningún problema, ojalá que haya cumplido, ojalá que haya una explicación, pero, si no la tiene, tiene un problema”, indicó el senador.

En declaraciones escritas enviadas el 27 de abril, Roig Fuertes afirmó que siempre ha permanecido tranquila y segura de que la verdad saldría a la luz pronto.

“Siempre he estado tranquila y confiada de que la verdad saldría a la luz y pronto. Tal y como he manifestado, siempre he llevado la frente en alto, he actuado de acuerdo a mi alta escala de valores, defendiendo mi integridad, por encima de todo. Jamás le he fallado a mi conciencia, ni a nadie; he actuado siguiendo los más altos estándares, valores éticos y profesionales. Estamos y seguiremos trabajando por todas las familias y todo el pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Mientras, el Departamento de Justicia determinó que no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes haya impuesto la contratación de la empresa One Source Investigations como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda Don Luis cuando dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

“La prueba documental evaluada, incluyendo las declaraciones juradas que obran en el expediente, surge la dinámica la dinámica que se dio relacionadas con las contrataciones para brindarle los servicios que ameritaba el participante INR. Conforme nuestro criterio, lo evaluado no arroja evidencia de ilegalidad alguna en relación con la señora Roig, sino más bien, procesos normales dentro de ese tipo de servicio a personas con discapacidad intelectual, en cuyos casos, existe un monitor federal supervisando y velando que se le garanticen sus derechos y se le brinden todas las ayudas que ameriten para proteges su seguridad, salud y bienestar”, dice la conclusión del informe de 15 páginas.

Previamente, en el informe se señala que “evaluada la prueba documental desglosada en la primera parte de este escrito, conforme las Determinaciones de Hechos esbozadas, a la luz del derecho aplicable, concluimos que no existen los elementos necesarios para la configuración de ninguno de los delitos al amparo de los cuales se nos remite el referido que nos ocupa o algún otro. Esto de manera tal que se puedan probar alguno de ellos más allá de duda razonable”.

Asimismo, añade que: “actualmente el Estado no cuenta con prueba alguna que corrobore las alegaciones sobre actos ilegales y/o delictivos relacionadas con la señora Roig, no implicando los hechos surgidos en relación con los servicios que se tramitaron para beneficio del participante INR en la DSPDI la comisión de delito alguno”.