El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, prefirió este martes no pasar juicio sobre el polémico contrato de $60,000 mensuales otorgado por la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para el cuidado de un paciente, pero advirtió que la funcionaria tendrá “un problema” si, una vez analizado el expediente del caso, no ofrece explicaciones satisfactorias sobre cualquier irregularidad identificada.

“No quiero adelantar juicio. Ojalá que no haya ningún problema, ojalá que haya cumplido, ojalá que haya una explicación, pero, si no la tiene, tiene un problema”, dijo, cuestionado sobre la controversia.

En conferencia de prensa, indicó que el Senado se encuentra evaluando el informe de la investigación del Departamento de Justicia para llegar a conclusiones y, si fuera el caso, realizar referidos a las agencias pertinentes. “Vamos a verificar, documento frente a documento, la cronología de los eventos y, luego, vamos a hacer nuestros planteamientos”, afirmó.

El Senado tiene en su poder copia del informe de Justicia que concluyó que el contrato de $60,000 mensuales, otorgado en 2021 para el cuidado de un paciente en un hogar de Vega Alta, “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico.

La agencia determinó, además, que no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes haya impuesto la contratación de la empresa One Source Investigations como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda San Luis cuando dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

Rivera Schatz no especificó si coincide o no con las conclusiones de Justicia, hasta tanto analice los documentos ante su consideración. “Esa es la opinión de ese representante de Justicia sobre lo que vio en ese expediente. Puede estar correcto o puede estar equivocado, eso es lo que vamos a examinar”, subrayó.

De paso, calificó de “insólito” que Justicia se “resistiera” a entregar el informe de investigación. Dijo que se comunicó con la secretaria Lourdes Gómez Torres, a quien le advirtió que, si no respondía a la petición, elevaría el reclamo a los tribunales. Finalmente, el documento se le compartió este lunes.

“No quiero llegar a una conclusión sin documentarla. Nosotros lo hacemos de esa manera y, por eso, prevalecemos en los tribunales”, dijo, al señalar que, entre los datos a verificar, está si, en efecto, Roig Fuertes negó ante el Senado –durante el proceso de confirmación– que había sido objeto de investigación.

Al hacer el referido, en 2022, el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, alegó posibles violaciones, por parte de Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental, por supuestamente utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada o negocio, y al Código Penal, por enriquecimiento ilícito e injustificado.

Salud alegaba, entonces, que Roig Fuertes, mientras era empleada de esa agencia, “promovió el aumento de la compensación de propuestas de proveedores de servicios ‘bona fide’ de la agencia” y “presionó a dichos proveedores para la subcontratación de la compañía One Source Inc. sin ser sometida a los procesos de contratación gubernamental”.

Tras revelarse el contenido del informe de Justicia el lunes, Roig Fuertes indicó que “jamás le he fallado a mi conciencia, ni a nadie; he actuado siguiendo los más altos estándares, valores éticos y profesionales”.

De otra parte, Rivera Schatz indicó que continúan con el análisis de las “miles” de páginas que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, entregó al Senado, en respuesta al requerimiento de información relacionado, principalmente, con la firma de cabildeo Politank, que estuvo bajo su nombre hasta diciembre de 2024.

Anticipó que, en las “próximas semanas”, espera tener un informe sobre la evaluación, el cual hará público. “Si hay referidos adicionales, pues, lo comunicaremos también. Y, si hubiese algún curso de acción adicional de otra vista o de otro requerimiento, pues, también”, apuntó.

Tras la celebración de la Comisión Total, el 24 de marzo, Rivera Schatz no descartó la posibilidad de citar a vista pública a Manuel Torres, a quien Domenech ha identificado como la persona a quien le vendió parte de las acciones de Politank, así como a Ana Delgado, la funcionaria que, supuestamente, filtra los contratos que se reciben en la Secretaría de la Gobernación.

Los documentos entregados totalizan 2,189 páginas. La información incluye la contestación a las preguntas sometidas por los senadores y múltiples anejos relacionados con certificaciones de contratos de planes médicos con la Administración de Seguros de Salud, copias de solicitudes de propuestas y documentos sobre la cobertura del Plan Vital.

“Yo escucho a alguna gente que critica al Senado, verdad, pues, nosotros tenemos una responsabilidad. El hecho de que una persona sea compañero de partido, no me impide a mí, ni debe impedirle a nadie en el gobierno, obligar a que todo el mundo cumpla con la ley, tan simple como eso”, subrayó Rivera Schatz.