La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opuso formalmente este lunes al proyecto de ley de la gobernadora Jenniffer González Colón para aumentar a $1,000 la pensión mínima de los jubilados del gobierno, al advertir que la medida no cuenta con los fondos asignados en el presupuesto y viola la prohibición del plan de ajuste de alterar los beneficios de retiro hasta 2032.

“Establecer una obligación de pensiones recurrentes sin contabilizar ni financiar plenamente todos sus costos es fiscalmente irresponsable, dificulta la recuperación financiera de Puerto Rico y corre el riesgo de que la isla vuelva a las prácticas de gastos que llevaron a su quiebra y a la promulgación de la ley Promesa”, lee la misiva enviada este lunes por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

“Asimismo, socavaría la implementación de las reformas fiscales permanentes necesarias para mantener presupuestos equilibrados y disciplina fiscal una vez finalizado el mandato de la Junta de Supervisión”, continúa lel escrito.

Este lunes, previo a las expresiones de la JSF, González Colón defendió su proyecto de administración. A pesar de reconocer las trabas fiscales existentes, indicó que la pieza sirve de base para comenzar a debatir alternativas que eleven los ingresos de unos 53,481 jubilados vulnerables y abrió la puerta para que la pieza sea aprobada y se ejecute de manera escalonada o gradual.

“Este proyecto de ley que radicamos lo que provoca es que empecemos a evaluar cómo podemos, al menos, empezar a elevar esas pensiones de estos que se ganan $400, $500, $600, $700, $800 mensuales. ¿Quién puede vivir con mil dólares mensuales en Puerto Rico? A duras penas. La mayoría de las personas que están en esta categoría, muchos de ellos son maestros", manifestó la mandataria, a preguntas de la prensa, al concluir la reunión semanal del Comité de Sequía, en La Fortaleza.

El Proyecto de la Cámara 1399 fue evaluado el viernes en una vista pública de la Comisión de Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes. Allí, se discutió un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) que concluyó que, de aprobarse, la medida conllevaría un desembolso, por año fiscal, de aproximadamente $232.6 millones.

De acuerdo con los datos analizados por la OPAL, un universo de 53,481 jubilados vería un alza en sus cheques mensuales si se aprueba la medida. La Junta de Retiro identificó a 48,948 pensionados del gobierno central, que actualmente devengan $1,000 o menos, y a 4,533 retirados del Sistema de Retiro para Maestros bajo esa misma condición.

Elevar la compensación de estos de retirados tendría un impacto fiscal de $232.6 millones anuales bajo el sistema PayGo, el cual -en última instancia- es garantizado por el Fondo General, por lo que los recursos tienen que estar identificados en el presupuesto fiscal del gobierno. De esa cifra, $160 millones tendrían que ser asumidos por el Estado, $54.3 millones, por los municipios y $18.3 millones, por corporaciones públicas.

Más allá del impacto económico, el informe de la OPAL advierte también que el Orden de Confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno establece una prohibición de 10 años respecto a la aprobación de nuevos derechos sobre pensiones o alterar los existentes. Esta prohibición estaría vigente hasta el 2032, una de las razones, precisamente, por las que la JSF expresó su oposición.

“Si bien es cierto que estamos en un plan de ajuste de deuda, a nivel fiscal, la realidad también es que aquí se han hecho múltiples reformas contributivas y emolumentos que han aumentado ingresos para distintos grupos”, dijo, por su parte, la Gobernadora.

Mujica advirtió que el proyecto para elevar la pensión mínima a $1,000 no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que pone en riesgo la estabilidad del gobierno y el país.

El ente financiero reveló que tiene bajo evaluación una lista de 18 medidas legislativas orientadas a modificar los beneficios de retiro, cambiar los requisitos de elegibilidad, alterar las edades de jubilación u otorgar bonos especiales. El organismo recordó que el propio Ejecutivo tuvo que vetar dos piezas de este paquete el año pasado debido a su inviabilidad económica.

“Si bien estas medidas varían en alcance y propósito, cada una conlleva implicaciones fiscales, actuariales, presupuestarias y legales, tanto a corto como a largo plazo, que deben evaluarse antes de que se promulgue cualquier medida”, dispuso Mujica en la carta.

“La Junta de Supervisión reconoce los importantes desafíos financieros que enfrentan muchos jubilados y comprende las consideraciones de política pública que fundamentan los esfuerzos. No obstante, cualquier esfuerzo de esta índole debe evaluarse para determinar si cumple con el Plan de Ajuste de la Deuda”, continuó.

Entre las medidas mencionadas por el directivo de la JSF, están los proyectos de la Cámara 617 y 618, ambos radicados en mayo de 2025 por su presidente, Carlos “Johnny” Méndez, para otorgarles un bono de Navidad fijo de $600 a los docentes jubilados, así como un aumento mensual directo de $500.

La aprobación de la legislación, asimismo, según la JSF, ejercería una presión adicional sobre un presupuesto que ya acarrea serios riesgos fiscales, dada su magnitud, incertidumbre y características estructurales: el programa de Medicaid y el Departamento de Educación.