La gobernadora Jenniffer González defendió este lunes el proyecto que presentó su administración ante la Asamblea Legislativa para aumentar a $1,000 la pensión mínima de alrededor de 53,500 personas, y aunque reconoció las trabas fiscales, afirmó que debe servir para comenzar a debatir alternativas para elevar el pago a los jubilados.

“Más de 55,000 personas en Puerto Rico viven con una pensión del gobierno de menos de $1,000 al mes, y esto es asunto programático. Si bien es cierto que estamos en un plan de ajuste de deuda, a nivel fiscal, la realidad también es que aquí se han hecho múltiples reformas contributivas y emolumentos que han aumentado ingresos para distintos grupos”, manifestó la mandataria a preguntas de la prensa, al concluir la reunión semanal del Comité de Sequía en La Fortaleza.

“Este proyecto de ley que radicamos, de administración, lo que provoca es que empecemos a evaluar cómo podemos, al menos, empezar a elevar esas pensiones de estos que se ganan $400, $500, $600, $700, $800 mensuales. ¿Quién puede vivir con mil dólares mensuales en Puerto Rico? A duras penas. La mayoría de las personas que están en esta categoría, muchos de ellos son maestros, casi 5,000 maestros que no cobran Seguro Social, que no cotizaron Seguro Social", abundó.

El Proyecto de la Cámara 1399 fue evaluado el viernes en una vista pública de la Comisión de Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes. Allí, se discutió un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) que concluyó que, de aprobarse la medida, conllevaría un desembolso, por año fiscal, de aproximadamente $232.6 millones. La OPAL también recordó que, bajo el plan de ajuste de la deuda del gobierno aprobado en 2022, se prohibió aumentar el pago de pensiones por un plazo de 10 años.

Según datos presentados en la audiencia pública, la legislación impactaría a unos 53,500 pensionados: 49,000 jubilados del gobierno central bajo la Ley 447-1951 y otros 4,500 maestros en virtud de la Ley 160-2013.

La gobernadora reconoció que la aprobación de la medida requiere el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Abrió la puerta para que la pieza sea aprobada y se ejecute de manera escalonada o gradual.

“Posiblemente, no serán estos 55,000 empleados de cantazo, haya que hacer esta segmentación. Tenemos que hacer un estudio actuarial para ver el impacto de estos aumentos y tenemos que identificar también los recursos de dónde los vamos a pagar. Por eso es que este proyecto es tan importante que se vea en este proceso de vista pública”, subrayó la gobernadora.

Cuestionada si la presión por avalar la medida es para la JSF, la mandataria respondió: “La presión es para el gobierno y para la Junta porque esto es un asunto programático”.

“Tenemos que ir identificando cuáles son los recursos para aumentar, por lo menos, al mínimo, Aquí no estamos hablando de que le vamos a pagar lo que una persona se merece para vivir. Estamos hablando de aumentar, al menos, a $1,000 mensuales, y aún con $1,000 es bien duro vivir en Puerto Rico”, insistió.