A Eva Prados no le tomó mucho tiempo conectar los puntos entre el endeudamiento masivo de Puerto Rico, el pobre manejo del dinero público y los derechos de la gente.

“Desde los sectores feministas, llevábamos tiempo hablando de que se tenían que asignar más fondos para todo lo que era la respuesta policiaca (en los casos de violencia de género). Las divisiones de Estadísticas habían perdido personal, las unidades especializadas… la misma Oficina de la Procuradora de las Mujeres había perdido fondos”, recordó la abogada.

Explicó que la falta de presupuesto para servicios dirigidos a la mujer y otros sectores de la población era cosa de todos los días. La escasez de fondos se agudizó, particularmente, después de la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo un Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley 7 de 2009), aprobada bajo la administración de Luis Fortuño.

En casa, su progenitora temía la posibilidad de que sus beneficios de pensión como retirada del sector público se afectaran.

Corría el 2013, cuando se aplicaba otro torniquete a los planes de pensiones públicos. El entonces gobernador Alejandro García Padilla modificó los criterios para la jubilación de los jueces y creó un programa “híbrido” de aportaciones para nuevos integrantes de la Judicatura a través de la Ley 162 de 2013. De igual forma, a través de la Ley 160 de ese año, se modificó la edad de retiro de los educadores, se eliminó el beneficio de pensión fija para ese grupo profesional y también los beneficios que compensaban el coste de vida como el bono de medicamentos, el de verano y el aguinaldo de Navidad.

Pero mucho antes de esos cambios, los pensionados y empleados que aportaban a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) ya experimentaban su propia dosis de ajustes.

Bajo la incumbencia de Pedro Rosselló se eliminó el beneficio de pensión fija que disfrutaban los jubilados del gobierno central y los municipios bajo la Ley 447 de 1951. El cierre del plan de pensiones dio paso a las cuentas individuales de aportación a la jubilación -ahora conocidas como las Cuentas o el Plan 106- para nuevos servidores públicos. Y antes de ese ajuste, sabiéndose del déficit actuarial de la ASR, durante la administración de Rafael Hernández Colón se legisló para extender, de 30 a 40 años, el requisito de años de servicio para acogerse al retiro.

“La razón principal por la cual me uno a todo este esfuerzo es por el severo impacto que ya yo veía en los derechos humanos de la población, por todas las medidas de austeridad que se habían tomado antes de que se aprobara Promesa”, dijo la abogada, quien incluso tocó a la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando apoyos para Puerto Rico.

Prados relató que fue Roberto Pagán, otrora presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), quien se le acercó para que les ayudara a descifrar por qué Puerto Rico estaba hasta el cuello financieramente hablando. Pagán presidía la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, un grupo de trabajo multisectorial creado mediante la Ley 97 de 2015. Se trató del primer intento en la isla para analizar el endeudamiento del territorio estadounidense, cuya deuda recibió la clasificación “chatarra” un año antes.

Prados, quien también posee un grado en Administración de Empresas, participó en diversos conversatorios ciudadanos, en reuniones de sindicatos y de trabajadores y en encuentros de personas jubiladas donde se discutía el tema de la deuda y en todos, reinaba la incertidumbre, la desesperanza.

Por ello, explicó la abogada, los hallazgos preliminares de la Comisión del Crédito Público en torno a que, probablemente, la mitad de la deuda pública emitida por Puerto Rico podía ser ilegal fueron una especie de luz al final del túnel.

“No teníamos suficiente información”, recordó la abogada al señalar que, en ese momento, el grupo abogó por una moratoria en el pago de la deuda pública. Ello, con la expectativa de que un análisis exhaustivo pudiera ser “un game changer”, es decir, una pieza clave en las negociaciones con los acreedores en un eventual proceso de reestructuración.

“El presidente de la Junta (de Supervisión Fiscal o JSF) decía que quienes pedían la auditoría de la deuda eran los izquierdosos. Yo nunca lo vi (la auditoría de la deuda pública) como un ejercicio político… lo vi como un ejercicio donde si yo quiero garantizar el mejor resultado en un proceso judicial, yo voy a buscar las herramientas que sean necesarias”, dijo Prados.

La JSF no llevó a cabo la auditoría que reclamaba la ciudadanía. Más bien contrató a la firma Kobre & Kim para que investigara el proceso de emisión de bonos en Puerto Rico.

A juicio de la abogada, el informe Kobre & Kim -que entre muchas cosas, reveló que Puerto Rico tomó prestado para proyectos que no contaban con permisos o no se realizaron como el Gasoducto del Sur- no cumplió con las expectativas de la ciudadanía, pero “sin lugar a dudas, ese informe levantó muchísima información que el pueblo necesitaba y que todavía seguimos necesitando”.

Prados, quien aspiró a una banca en la Legislatura a través del Movimiento Victoria Ciudadana - del cual ahora es la coordinadora general-, está convencida de que aquellas asambleas de pueblo que se llevaron a cabo en casi todo Puerto Rico fueron la semilla para combatir las propuestas de la JSF.

Al cabo de 10 años, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda que lidera Prados (el grupo que sucedió al creado por ley, una vez este quedó sin fondos y se derogó mediante la Ley 22 de 2017), ha logrado aciertos no esperados. Entre ellos, conseguir que el sector religioso se uniera al reclamo en favor de la auditoría de la deuda y más recientemente, que el empresariado de la isla rechazara los aumentos que se han propuesto para poner fin a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Prados aseguró que los acercamientos que se hicieron con varias administraciones para que el gobierno y la JSF no pactaran ningún acuerdo con los bonistas hasta entender el cuadro de endeudamiento de Puerto Rico no rindieron frutos.

Entre la gente reinaba la preocupación, entre los políticos, el miedo.

Algunos temían que la auditoría del crédito público se utilizara como una herramienta en la campaña política, comentó la abogada. Pero, entre muchos otros, prevalecía el miedo en torno a las repercusiones de una auditoría “en la imagen” de Puerto Rico en los mercados de capital.

“Era más importante tener buenas relaciones con estos acreedores (los bonistas)”, aseveró Prados.

Luego de conseguir el aval de los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la JSF aplicaba la misma táctica para conseguir el favor de la mayoría de los bonistas del Gobierno central.

Sin embargo, en aquellas conversaciones, la JSF puso sobre la mesa un recorte promedio del 10% a las pensiones del sector público. El tribunal de Título III había dado su visto bueno a la creación del Comité Oficial de Retirados (COR), grupo que contó con la asesoría de Robert D. Gordon, del bufete Jenner & Block, un experimentado abogado que participó del proceso de quiebra de la ciudad de Detroit y a nivel local, de Héctor Mayol, un exadministrador de la ASR y entonces socio del bufete A.J. Bennazar-Zequeira.

En sus negociaciones con la JSF, el COR atenuó el recorte propuesto y consiguió la creación de un fideicomiso para asegurar el pago de las pensiones, pero fue Prados y el Frente Ciudadano quien trazó la raya.

Ante la coyuntura, Prados renunció a su trabajo.

“Dejé todo lo que estaba trabajando como asesora legal para entonces dedicarme a convocar pensionados en distintas partes de la isla para educarlos sobre el proceso de reestructuración de la deuda, para enseñarles cómo venía la amenaza de posibles recortes a sus pensiones según los planes fiscales que tenía la (JSF) y cómo ellos iban a poder incidir si se organizaban y movilizaban para evitar el recorte a sus pensiones, que fue lo que eventualmente se logró”, relató haciendo referencia al Frente en Defensa de las Pensiones.

A juicio de la abogada, el gobierno “captó el mensaje” cuando el grupo pudo mostrar “los impactos humanos” de sus decisiones.

“Creo que, por eso, tanto la campaña para evitar un recorte de las pensiones como evitar los aumentos de la luz, fueron tan exitosos hasta lograr convencer, eventualmente, tanto a la Junta (JSF) con el (tema) de energía eléctrica, y en cierto modo, también en las pensiones”, indicó.

Prados relató que ante la renuencia de la clase política a “enfrentarse con los acreedores” de bonos, cerraron filas detrás de la Ley de Retiro Digno.

“En un momento, esa ley contenía una propuesta de plan de pago, que le decía a la Junta (JSF), reduce más el pago a los bonistas y garantiza (el pago de las) pensiones”, recordó Prados al destacar que el estatuto prohibió formalmente los recortes a la compensación que reciben unas 167,000 personas en Puerto Rico.

La JSF anuló la Ley para un Retiro Digno (Ley 7 de 2021). Sin embargo, parte de la intención legislativa se insertó en el Plan de Ajuste (PDA) del Gobierno central. Esto, porque el PDA obliga al gobierno a pagar la totalidad de las pensiones desde el Fondo General, lo que se conoce como el programa PayGo y se creó el Fideicomiso de Reserva de Pensiones. La primera transferencia de fondos al Fideicomiso -que no ha estado exento de controversias- se formalizó en el 2022. Al cabo de 10 años, esa alcancía debe recibir unos $10,000 millones, solo para pagar pensiones. Además, con el PDA del Gobierno central, se instauró una nueva gobernanza, el Consejo de Beneficios de Pensiones, que cuenta con representación de los jubilados del sector público para asegurar que los fondos asignados no se utilicen para otro propósito.

Cuando Prados pasa revista de lo hecho por la JSF, la abogada no encuentra aciertos absolutos.

Recuerda que no importa cuánto tiempo más opere el organismo, sus decisiones acompañarán a Puerto Rico por dos generaciones y a diferencia de la lectura oficial, los acuerdos con los bonistas y las propuestas de reformas estructurales de la JSF no son suficientes, no son nuevas, no son efectivas y no han puesto fin a los problemas de financiación que experimenta el gobierno puertorriqueño.

“Hoy estamos sufriendo todavía con problemas para poder financiar la Universidad de Puerto Rico (UPR). Tenemos problemas para poder financiar nuestro sistema de salud”, dijo Prados al explicar que, si este año, el territorio estadounidense encara problemas para asegurar una nueva asignación a través del programa federal de Medicaid, “vamos a tener, quizás, que recortar servicios de salud”.

De acuerdo con Prados, antes Puerto Rico padeció los efectos de administraciones de gobierno que hicieron a un lado los linderos establecidos y llevaron a la isla a la insolvencia.

Ahora, dijo la abogada, se ha reestructurado la mayor parte de la deuda pública, pero el pueblo puertorriqueño continúa con problemas presupuestarios y con la posibilidad de nuevos déficits presupuestarios, según consta en los planes fiscales de la JSF.

Según Prados, en el mismo PDA que evitó los recortes a las pensiones, se dio paso al Instrumento de Valor Contingente (CVI), un mecanismo que otorga pagos adicionales a los bonistas si se cumplen ciertos objetivos de recaudos y presupuestarios. Ese pago adicional, subrayó Prados, ha tenido el efecto de atenuar el recorte de doble dígito que la JSF utiliza como carta de presentación.

En contraste, recordó la abogada, los pensionados no verán un aumento en sus cheques para compensar el alza en el precio de los alimentos o en el costo de los peajes o del agua, condiciones que aceptó la JSF para avalar las reestructuraciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Encima, lamentó Prados, los acuerdos de reestructuración adoptados por la JSF han coartado la posibilidad de que generaciones futuras puedan tomar prestado.

Según la abogada, los controles impuestos a través de estatutos como la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda (Ley 101 de 2020), se diseñaron para asegurar el pago a los bonistas por una deuda del pasado, mas no para promover que el gobierno cuente con el presupuesto que necesita para servir a la población.

Sin un replanteamiento real del sistema económico y fiscal de Puerto Rico será cuestión de tiempo para que los servicios a la población continúen afectándose y para que se incumpla nuevamente con los bonistas, sostuvo.

“Todavía está el riesgo de aumentar la luz y si se aumenta la luz para pagar la deuda, eso va a definir el costo de los huevos y la leche”, ejemplificó Prados en referencia al proceso de quiebra de la AEE.

A pesar de haber dedicado su vida a concienciar sobre el nexo entre el endeudamiento que ha padecido Puerto Rico, los recursos gubernamentales y derechos humanos y de que en las asambleas de pueblo, muchos entendieron que, con sus decisiones, la JSF lo ha cambiado todo, Prados admitió que todavía existe “una desconexión” en buena parte de la ciudadanía y lamentó que el sector privado no se involucró plenamente en cuestionar las propuestas de la JSF hasta que internalizó los potenciales efectos de la quiebra de la AEE en sus operaciones.

Según Prados, cuando la JSF ya no esté y se compruebe que el gobierno continúa sin recursos suficientes para prestar servicios esenciales, lo que puede ocurrir en el próximo cuatrienio, “va a llegar un momento en que sí vamos a tener que decidir entre vidas que se ven afectadas, entre el futuro de todo un pueblo, o el pago de una deuda”.