La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado denunció este lunes que el 29% de los estudiantes del programa de Educación Especial en el Departamento de Educación (DE) no cuentan con un asistente de servicio educativo, conocidos como T1.

“A un mes de haber iniciado el semestre escolar, un 29% de los estudiantes de Educación Especial esperan por un ayudante, por un asistente. Muchos de ellos están en sus hogares porque sus padres o madres necesitan que se apruebe ese T1″, denunció el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz.

La información, explicó el senador, surge de datos obtenidos por la senadora Ada Álvarez Conde como resultado de un requerimiento a Educación. Los datos, presentados el 4 de septiembre de 2026, revelan que 3,208 estudiantes, o el 29.1%, se encuentran a la espera de que se certifique su solicitud.

La información obtenida reveló, además, que para el año escolar 2026-2027, la agencia cuenta con 6,588 asistentes de servicios, de los cuales 2,191 ocupan puestos permanentes y 4,397 prestan servicios mediante contrato. “La mayoría de los trabajadores T1 todos los años están en la incertidumbre de si serán contratados o no, y aquellos bajo contrato están en unas condiciones laborales mucho más inferiores”, agregó Hernández Ortiz.

“Si llevamos esto a por ciento, vean esto: dos de cada tres asistentes de servicios, un 66.7% brinda servicios por contrato, y solo el 33.3% brinda servicios por la permanencia que tienen. Esto provoca que cada cierto tiempo, el DE tenga que reactivar el proceso de contratación gubernamental, con las implicaciones que eso conlleva... son 4,397 profesionales que no tienen certeza de que van a seguir en su puesto al próximo año escolar”, señaló, por su parte, el senador José A. Santiago.

El DE tiene un presupuesto consolidado de sobre $4,000 millones. “Es insólito que un Departamento con el presupuesto más alto, con menos estudiantes, con menos escuelas, no sea capaz de atender una población que cada día va en crecimiento”, subrayó Hernández Ortiz en conferencia de prensa.

La necesidad del servicio se determina mediante el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) que se realizada conforme a lo que se documenta en el Programa Educativo Individualizado (PEI). “Es importante que tengamos claro que el derecho de los estudiantes con discapacidades a recibir los servicios y apoyos necesarios para participar adecuadamente de su proceso educativo nace precisamente por disposición federal, bajo ‘Individuals with Disabilities Education Act’ (Ley IDEA)”, añadió Álvarez Conde.

De acuerdo con los datos provistos por el DE y disponibles hasta el 20 de agosto de 2026: existen 11,697 estudiantes elegibles para servicios de asistentes. De estos, 8,289 tenían un asistente documentado en la plataforma digital para gestionar los asuntos de Educación Especial, conocida como MiPE, lo que representa un 70.9 % de los estudiantes elegibles.

De los 3,208 alumnos sin asistentes, según los datos provistos, 1,275 contaban con “Remedio Provisional”, un mecanismo que le permite a los padres o tutores contratar servicios privados de educación especial por cuenta del Estado cuando el Departamento de Educación no puede proveerlos.

“La pregunta es, cuántos de esos 1,275 realmente está recibiendo el servicio de asistentes”, dijo Hernández Ortiz.

Durante la sesión, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú, argumentó que la situación es resultado de que algunas de las solicitudes no han podido ser procesadas porque el tutor o padre del menor no ha presentado toda la información requerida por la agencia.

“Utilizan de manera acomodaticia la cifra de los 3,208 estudiantes para decir que es que el Departamento no quiere ofrecer el servicio y eso es incorrecto”, expuso Soto Aguilú.