La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, justificó este jueves que no se refiriera a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) el expediente sobre la hoy secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por las supuestas irregularidades asociadas a una contratación durante el cuatrienio pasado, cuando dirigía la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

Gómez Torres, de igual forma, señaló que Roig Fuertes nunca fue informada del inicio o la conclusión de la investigación, que comenzó tras un referido de Salud, al sostener que Justicia solo acostumbra realizar ese tipo de notificaciones cuando existe un requisito expreso de ley.

“Aclaramos que el caso al cual aludimos, relacionado con la señora Suzanne Roig Fuertes, cuando fungía como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual, no fue notificado a la Opfei. Esto debido a que dicho puesto ocupado en aquel entonces por la señora Roig Fuertes no es de los enumerados en el artículo 4 de la Ley Núm. 2 del 1988 conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, expresó Gómez Torres, en unas declaraciones escritas circuladas en la tarde, luego de remitir respuestas a un nuevo requerimiento de información del Senado.

Según la jefa de Justicia, luego de una “revisión exhaustiva” de sus expedientes, certificó al Senado “que no existe constancia de que la señora Suzanne Roig Fuertes fuera notificada como tarjeta o persona de interés en investigaciones administrativas, civiles o criminales vinculadas a sus funciones previas en el Departamento de Salud entre los años 2021 y 2025”.

“Es importante aclarar que, conforme al trámite ordinario de nuestra institución, no es la práctica general notificar el inicio o la conclusión de este tipo de investigaciones de integridad pública, salvo requerimiento expreso de la ley. Por tal razón, se ha hecho constar que el cierre de la investigación bajo el caso 2022-31-102-00022 no fue notificado a ninguna de las partes involucradas”, abundó Gómez Torres.

Como regla general, la Ley 2-1988 ordena que Justicia refiera a la Opfei los expedientes de investigaciones preliminares relacionadas con funcionarios de primer nivel, que incluyen al gobernador y sus ayudantes, secretarios y subsecretarios de agencias –o el puesto de jerarquía similar–, alcaldes, legisladores, jueces, fiscales, registradores de la propiedad y procuradores de familia y menores. La Opfei, tras recibir el expediente y la recomendación de Justicia, tiene discreción para determinar si asigna o no un fiscal especial.

La ley orgánica de la Opfei, de igual forma, requiere que las personas objeto de investigación sean notificadas del inicio de la pesquisa y, más adelante, de la decisión en torno a la asignación del fiscal especial independiente.

Hoy, jueves, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, exigió la renuncia de Roig Fuertes y la refirió a Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, al argumentar que incurrió en perjurio cuando declaró, durante la evaluación de su designación como titular de Familia, que no tenía conocimiento de alguna pesquisa en su contra.

La investigación en Justicia –que se originó con un referido de Salud en 2022– se archivó el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes llevaba 10 meses a la cabeza de Familia. En ese entonces, Justicia determinó que no existía evidencia para concluir que la funcionaria hubiera impuesto, en 2021, la contratación de la empresa One Source Investigations para la provisión de servicios a un participante del programa de discapacidad intelectual de Salud.

El expediente preparado por Salud sostiene que Roig Fuertes pudo haber ordenado al hogar que albergaba al participante que reclutara a One Source Investigations para el ofrecimiento de servicios, mientras inflaba los costos del contrato otorgado por la agencia hasta los $60,000 mensuales para beneficiar a esa compañía.