La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investigará a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por su supuesta intervención en la contratación de una empresa mientras estuvo al frente de la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, en 2021.

“El referido de este asunto fue recibido en la oficina el pasado 30 de abril de 2026. Conforme a nuestros procedimientos, este asunto estará siendo atendido bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de la OEG”, expresó este lunes el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, mediante declaraciones escritas.

El análisis estará bajo la jurisdicción del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG.

“La oficina llevará a cabo un análisis minucioso, objetivo y estrictamente confidencial. Nuestro compromiso es garantizar una evaluación responsable y conforme a derecho, asegurando que cada paso del proceso investigativo se realice con total rigor y transparencia institucional”, puntualizó Pérez Vargas.

En una entrevista previa con este medio, Pérez Vargas aclaró que la evaluación de su oficina será estrictamente para determinar si hubo violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, porque el Departamento de Justicia ya pasó juicio sobre el informe desde el ámbito criminal y determinó que no se configuró la comisión de delito.

La semana pasada, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, refirió a Roig Fuertes a la OEG por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental al, supuestamente, “promover” el otorgamiento de un contrato por $60,000 mensuales, en 2021, al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante.

Igualmente, hizo un referido al Departamento de Justicia por posible perjurio de la funcionaria durante el proceso de evaluación y confirmación de su nombramiento en el Senado.

El señalamiento principal no ha sido la cuantía del acuerdo, sino que estaba condicionado supuestamente a que se subcontratara a la empresa One Source Investigations -vinculada a un allegado- para servicios de cuido y seguridad.

En 2022, el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, refirió el asunto al Departamento de Justicia alegando posibles violaciones, por parte de Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental, por supuestamente utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada o negocio, y al Código Penal por enriquecimiento ilícito e injustificado.

Según el informe sobre la pesquisa interna de Salud, Roig Fuertes, mientras era empleada de esa agencia, “promovió el aumento de la compensación de propuestas de proveedores de servicios bona fide de la agencia” y “presionó a dichos proveedores para la subcontratación de la compañía One Source Inc. sin ser sometida a los procesos de contratación gubernamental”.

No obstante, el 25 de octubre de 2025, Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales, otorgado en 2021, por la hoy secretaria de la Familia “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente, colocándole punto final a su investigación contra Roig Fuertes.