A una semana de haber comparecido ante el Departamento de Justicia, el exsecretario de Salud Carlos Mellado acudió este lunes a las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), en Hato Rey, para, según fuentes de El Nuevo Día, ofrecer declaraciones sobre contratos que involucran a la presente administración.

El 24 de marzo, Mellado reveló a este medio que había acudido ante el FBI y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos para alertar sobre presuntas irregularidades en el contrato de la empresa Intervoice Communication of Puerto Rico con el Programa Medicaid del Departamento de Salud. Dicho contrato originó decenas de preguntas durante la interpelación del Senado, ese mismo día, al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en Comisió Total.

Dos fuentes dijeron a este medio que, en su comparecencia ante el FBI este lunes, Mellado ofrecería detalles sobre esa contratación, así como el contrato que se otorgó a XUVO Technologies y el que concedió la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para el cuidado de un paciente en un hogar por $60,000 mensuales cuando era empleada del Departamento de Salud, bajo su secretariado el pasado cuatrienio.

“Por instrucciones del abogado, no voy a hablar”, manifestó Mellado cuando El Nuevo Día lo abordó a su llegada a las oficinas del FBI, acompañado por su abogado Jorge Gordon.

Eran pasadas las 5:30 p.m. cuando Mellado, quien lucía tranquilo, llegó a la sede del FBI, en la avenida Chardón.

“Sin comentarios”, sostuvo en varias ocasiones, por su parte, el licenciado Gordon.

Al cierre de esta edición, el encuentro con las autoridades federales no había concluido.

Mellado suscribió una declaración jurada, en marzo, en la que expuso que, cuando era secretario de Salud, se sintió presionado e intimidado por Domenech y Kenneth McClintock –ambos de Politank en aquel entonces– durante una reunión en la que ambos abogaron por la contratación de Intervoice. Domenech vendió su participación en la firma de cabildeo en diciembre de 2024.

Tras conocer sobre esa declaración jurada, la gobernadora Jenniffer González aseguró que referiría al exsecretario ante las autoridades federales. Pero, en cambio, lo refirió al Departamento de Justicia local.

La semana pasada, Mellado acudió a su cita en el Departamento de Justicia y optó por no hacer ningún comentario. El día previo, Domenech había señalado que la gobernadora dejó claro que se investigaría la “declaración jurada falsa” emitida por el exfuncionario.

Mientras fue secretario de Salud bajo la administración de Pedro Pierluisi, Mellado refirió al Departamento de Justicia a la hoy secretaria de la Familia por presuntas irregularidades en la otorgación, en 2021, de un contrato para el cuidado de un paciente, mientras trabajaba en el Departamento de Salud, condicionado a que se subcontratara a una empresa vinculada a un allegado. En ese momento, Roig Fuertes dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual de Salud.

En cuanto el contrato con XUVO Technologies, Mellado ha dicho públicamente que dejó una subasta corriendo que fue cancelada por su sucesor, Víctor Ramos, quien concedió el contrato a la empresa que habría llegado en segundo lugar.

En mayo de 2025, sin que mediara subasta u otro proceso competitivo, Ramos concedió un contrato a XUVO por un valor nominal de $5 para, a través de una plataforma digital, emitir certificados, licencias y otros servicios del Departamento de Salud. Las ganancias de la empresa se basan en los cargos que cobran a los usuarios por cada transacción. Ahora XUVO Technologies, que tiene como cabildero a Politank, mantiene contratos en otras agencias.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinó examinar el contrato, con duración hasta el 30 de junio de 2030, porque no le fue notificado y por entender que las transacciones a realizarse suponían un monto que requería su intervención. Recomendó realizar un proceso competitivo para la adjudicación del contrato, pero Salud descartó esa posibilidad.

En cuanto a Intervoice, la JSF aún analiza el contrato que se le otorgó luego que se dejara sin efecto la subasta que había sido adjudicada a favor de la empresa KONZA para el desarrollo y operación del Health Information Exchange de Puerto Rico (PRHIE), plataforma que conecta los expedientes médicos electrónicos y proveedores en la isla bajo el Programa de Medicaid.