A horas de su radicación y sin discusión en vistas públicas, el Senado dio paso este miércoles a un proyecto de ley –presentado por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales– que elimina el servicio de escoltas a exgobernadores y otros exfuncionarios, independientemente de si son o no convictos de delito.

Junto con el Proyecto del Senado (PS) 752, aprobado de forma unánime, se presentaron dos legislaciones adicionales –PS 749 y PS 755– que también proponían eliminar este beneficio pagado con fondos públicos, pero fueron derrotadas.

“El privilegio de contar con escoltas, al ser financiado por fondos públicos, debe estar sujeto a los más altos estándares de integridad y responsabilidad. Resulta inconcebible que una persona convicta de delito mantenga el derecho a recibir protección oficial a costa del erario”, lee la legislación de Morales.

Además de retirar de forma automática el servicio de escoltas a los exgobernadores, la legislación eliminaría el beneficio a todos los candidatos a la gobernación y comisionado residente en Washington, pero dispone excepciones en aquellas instancias donde medie un peligro a la vida o seguridad del exfuncionario.

Igualmente, establece que el gobierno estaría impedido de contratar servicios de seguridad en el sector privado, y derogaría cualquier ley o reglamento que contravenga. “Siéntanse con la conciencia más que tranquila de que la gente estaba esperando acción por parte de este Senado, y hoy vamos hacia la ruta correcta”, expuso Morales, al defender la pieza.

El lunes, el superintendente de la Policía, Joseph González, alegó que no podía retirarle la escolta a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, pese a haberse declarado culpable en el Tribunal Federal en San Juan. La determinación surgió luego de un análisis legal de los estatutos vigentes, indicó el titular. Argumentó que, para retirar el servicio, tiene que mediar “la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable únicamente de forma prospectiva”.

“Si el secretario de la Policía decía que necesitaba legislación, el Senado se la acaba de dar”, ripostó el senador independiente Eliezer Molina.

Los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, ambos del Partido Popular Democrático, han rechazado voluntariamente las escoltas.

“(El proyecto) no está yendo solamente en el caso de los que son convictos, es a todos los exgobernadores, ese es el lenguaje y las enmiendas”, expresó, por su parte, presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. “Yo no le tengo pena a ninguno por que se queden sin escoltas”, agregó, al destacar que los trabajadores “han tenido que ceder ante derechos adquiridos”.

El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, en tanto, dijo no tener “problemas” con el hecho de que los exgobernadores disfruten de escoltas. Rechazó que la eliminación represente un ahorro para el gobierno, argumento con el que coincidió su homólogo popular, José Luis Dalmau.

“No creo que haya un ahorro sustancial. No me compro el argumento de que, con los chavos de la escolta, podemos pagar (el salario de) 20 maestros, cinco bomberos, todas estas cosas que decimos que suenan bonitas”, expresó Ríos, previo a emitir un voto a favor de la medida.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, sostuvo, sin embargo, que la discusión va más allá de cuánto le cuesta al erario el beneficio anualmente, y reafirmó que el motivo fundamental es la indignación que existe en el país ante el continuo reconocimiento –a ciertos grupos– de privilegios inaccesibles al resto de la población.

“Me parece significativo que, contrario a lo que se había anticipado... sí haya surgido la voluntad, la oportunidad, el ambiente, como le quieran llamar, para atender este asunto que había sido propuesto por otros legisladores en cuatrienios anteriores”, expresó.

Tras ser avalada en el Senado, la medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.

“No sé qué trato le dará la Cámara al proyecto y no sé si la gobernadora de Puerto Rico (Jenniffer González) quiera firmarlo, pero, cuando llegue el momento de una confrontación donde un trabajador nos reclame, tendríamos la autoridad moral para decirle: ‘actuamos’”, afirmó Rivera Schatz.

En enero de 2022, Pierluisi vetó una medida legislativa que hubiera eliminado las escoltas a un primer ejecutivo que haya renunciado al puesto, como fue el caso de Ricardo Rosselló Nevares, y limitado los beneficios que ostentará un exmandatario, eliminando la discreción del comisionado de la Policía para proveerle escoltas.