El Senado le dio paso este lunes a un proyecto de ley que permitiría que egresados de escuelas de medicina veterinaria no acreditadas tengan una opción para poder ejercer la profesión en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 110, de la autoría del senador Carmelo Ríos, propone que se conceda una licencia provisional para aquellos estudiantes de instituciones fuera de Estados Unidos que no están acreditadas por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, en inglés), entidad que vela por los estándares académicos y administrativos para la profesión en territorio estadounidense y un puñado de instituciones internacionales.

“Luego de realizar un análisis exhaustivo de la pieza legislativa y analizar los argumentos y comentarios esbozados, se pudieron identificar algunos cambios que corresponden para lograr una mejor implementación de la medida”, lee el informe de la Comisión de Salud y Familia del Senado.

Como parte de las enmiendas, se ajustó el lenguaje para extender la aplicación de la medida a todos los aspirantes graduados de una escuela veterinaria, sin distinción respecto a la acreditación por la AVMA.

La legislación, aprobada de manera unánime, con 27 votos, dispone que se concederá una licencia provisional de un año para ejercer la medicina veterinaria en Puerto Rico a egresados de una escuela veterinaria que hayan aprobado el examen de licencia Veterinaria de América de Norte (NAVLE, en inglés).

“La licencia provisional será utilizada cuando los servicios a ser ofrecidos sean bajo la supervisión directa de un veterinario licenciado en Puerto Rico”, indica la medida, que permite renovar la licencia -una vez transcurrido el año- por un período adicional de ocho meses.

Datos del Colegio de Médicos Veterinarios, citados en el informe que recomendó la aprobación de la legislación, en Puerto Rico, hay unos 300 veterinarios registrados para ejercer, pero muchos residen y trabajan en Estados Unidos.

El proyecto de ley pasa ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes.

Otra legislación aprobada en la sesión de este lunes fue el Proyecto del Senado 89, pero sufrió numerosas enmiendas, que dejaron fuera la posibilidad de que los municipios desarrollen –paralelo al Departamento de Educación– sus propios sistemas de enseñanza.

La medida, del presidente del Senado,Thomas Rivera Schatz, según aprobada, se limitará a ofrecer “apoyo” económico y operacional a las “escuelas públicas alianza” (EPA) constituidas y operadoras por los gobiernos municipales.

Como parte de las enmiendas, se incluyó lenguaje para que, a partir del próximo año fiscal (2025-2026), que comienza el 1 de julio, el secretario de Educación incluya en cada petición presupuestaria una solicitud de fondos para ser exclusivamente distribuidos entre escuelas públicas alianza constituidas por municipios.

“Aumentar las obligaciones en ley del Departamento de Educación, cargando aún más su presupuesto va a hacer más difícil que aparezcan otras partidas que ya deberían estar comprometidas para nuestros niños y nuestras niñas”, advirtió la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago.

“Seguir incluyendo responsabilidades con las cuales el Departamento eventualmente no podrá cumplir no es la vía fiscal más sabia. El Departamento no tiene con qué pagar las escuelas alianza de los municipios”, expuso

La Ley 85-2018, que crea el modelo de escuelas públicas alianza o chárter, ya contempla que los ayuntamientos puedan integrarse a este sistema de enseñanza y prioriza las solicitudes de certificación sometidas por los municipios versus otras entidades.

El Departamento de Educación cuenta con 16 escuelas bajo el modelo de EPA, cuatro de ellas administradas por el Municipio de San Juan. La operación de todas es subvencionada prioritariamente con fondos federales, según la información recopilada durante el análisis de la medida. El costo promedio por estudiante de las EPA es de $5,791.

La medida fue ratificada con 23 votos a favor y cuatro en contra.