Para el 30 de junio de 2027, la Asamblea Legislativa debe haber aprobado un mecanismo que sustituya el impuesto al inventario o, de lo contrario, se dará por eliminada esa contribución, afirmaron este lunes miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado.

La posible derogación del cargo a partir del año contributivo 2028 está contenida en el informe del comité de conferencia sobre el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que también dispone fijar o congelar la tasa contributiva por los años contributivos 2025 al 2027.

La medida fue aprobada este lunes en la sesión del Senado con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), que, en cambio, no interpreta que la pieza legislativa contemple la eliminación del impuesto.

“Mi problema con este proyecto era que no hubiera una obligatoriedad y que permitiera seguir pateando la lata pa’l frente porque, al final del día, esto es un tema que impacta el comercio y a los municipios”, expresó el senador novoprogresista Ángel Toledo.

La congelación será a base de la valoración del inventario reportada en la planilla de contribución sobre la propiedad radicada para los años contributivos 2022, 2023 y 2024 y de la tasa contributiva vigente para el año fiscal 2024-2025, dispone la legislación.

Será el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) el encargado de evaluar los mecanismos que resuelvan finalmente la sustitución al impuesto al inventario y presentar una propuesta legislativa sobre el tema en o antes del 30 de junio de 2026. El proyecto concede un año para analizar las alternativas.

Dispone que de no aprobarse, mediante legislación, un mecanismo de sustitución del gravamen en o antes del 30 de junio de 2027, quedarían derogadas las disposiciones contenidas en el Artículo 7.148 (Inventario del Fabricante, Comerciante o Negociante) del Código Municipal.

“¿Qué hace esto? Pues, pone a la gente a trabajar, y yo creo que hay que trabajar”, expuso Toledo. “Al 2026, el CRIM tiene que presentar las medidas alternativas que sean que permitan sustituir el ingreso, pero si no se aprueba nada antes de 2027, 30 de junio, pues queda derogado el impuesto”, subrayó.

El informe de conferencia del PC 420 fue atendido por la vía del descargue y sin discusión legislativa.

Para el portavoz del PPD, Luis Javier Hernández, la legislación no atiende los reclamos de los municipios, ni de los comerciantes. Opinó que el lenguaje incluido en el proyecto de ley no implica la eliminación automática del impuesto de no encontrarse un sustituto.

“Yo creo que la medida, técnicamente, no resuelve nada. Por eso, la delegación le votó en contra”, expuso Hernández. “Mi impresión es que lo que busca la medida es todo lo contrario. No es que se elimine el impuesto al inventario, es que se congela por dos años y, si el gobierno no resuelve, pues vuelve otra vez a imponerse el impuesto”, señaló.

El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, insistió en que la medida busca, al final, eliminar el impuesto. “Mi interpretación es que se elimina (el impuesto)... Eso es, póngase de acuerdo, trabajen eso ya, no sigan pateando la lata, hay que resolver el problema, busquen una fuente de repago y aquí tienes el ultimátum. Eso es lo que sigue esa medida legislativa”, señaló.

La aprobación del PC 420 -una medida de la administración de Jenniffer González para congelar o fijar la tasa contributiva del impuesto al inventario, originalmente por cinco años–quedó en suspenso en la pasada sesión legislativa luego que el sector privado argumentó que la medida, tras las enmiendas incluidas en el Senado, establecía un nuevo gravamen en la compra de productos, comida y medicinas.

Ello, porque el Senado propuso, entonces, reducir a tres años el tiempo de congelación y que el impuesto se pagara al momento de la venta de cada producto. El sector comercial, en tanto, ha exigido que se elimine la totalidad del cargo, lo que entiende aumentaría la capacidad de inventario.

El recaudo del impuesto al inventario es una de las principales fuentes de ingreso -si no la principal- para muchos municipios. Para el año fiscal 2025, que concluyó el 30 de junio, se estima que generó $318.7 millones.

“O sea, si no se aprueba nada antes del 30 de junio de 2027, entonces queda derogado el impuesto al inventario. Esto yo creo que le pone fuete a los que tenemos que trabajar en esto para resolver el asunto ya”, apuntó Toledo.

Durante la discusión legislativa, el sector comercial –incluyendo la Cámara de Comercio y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA)– ha abogado por la derogación del impuesto al inventario, alegando que desalienta la competitividad económica e impacta el costo y la disponibilidad de productos en la isla en perjuicio de los consumidores y comercios locales.

Una vez la Cámara de Representantes avale el informe de conferencia, que no admite nuevas enmiendas, el proyecto pasaría a la consideración de la gobernadora.