El Senado derrotó este martes un proyecto de ley de la gobernadora Jenniffer González que, aunque en esencia iba dirigido a ampliar el poder de fiscalización de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), su “contenido” se apartaba del programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), según el presidente de la Cámara alta, Thomas Rivera Schatz.

“Este proyecto de administración no está contemplado dentro del programa de gobierno del PNP, así que, en mi caso, no tengo obligación de votar por un proyecto que, si bien es cierto promueve la administración, no es un proyecto que esté contenido en los compromisos programáticos que contrajimos”, advirtió el líder legislativo, avivando sus diferencias con la mandataria.

Asimismo, planteó que el proyecto contenía términos, conceptos y disposiciones que, desde su punto de vista, no eran “correctas”. “Precisamente, para eso son los procesos legislativos, para que se atiendan las medidas, para que se discutan, para que se analicen, para que se mejoren, para que se aprueben o para que se rechacen”, expuso.

Tras las expresiones del líder senatorial, el Proyecto del Senado 475 fue rechazado a viva voz.

Entre las reformas propuestas en la legislación, estaba la redefinición del concepto de organizaciones sin fines de lucro y la uniformidad a tres años del término de los miembros del Consejo Consultivo. Asimismo “clarificaba” el alcance de la OPM y hacía constar que la procuradora tenía jurisdicción plena sobre cualquier ley que reconociera los derechos de las mujeres, incluyendo aquellas relacionadas con la equidad de género, la discriminación y el ámbito laboral.

Previo al turno del presidente senatorial, la portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, tomó la palabra también en rechazo a la legislación porque, entre otras cosas, incorporaba el concepto de “identidad de género” al establecer, como parte de la política pública, que la protección de los derechos de las mujeres es “universal” y, por lo tanto, debe ser aplicada sin distinción de su identidad de género.

“Esto lo que quiere decir, en la práctica, es que, en su aplicación, las protecciones que reconoce este proyecto de ley no solo irían dirigidas a las mujeres, sino, además, a los hombres que se autoperciban como mujeres”, argumentó la legisladora, al citar la página 10 de la legislación presentada por la gobernadora.

“Esta política pública reconoce que la protección de los derechos de las mujeres debe ser universal, abarcando a todas sin distinción de ubicación geográfica, edad, raza, etnia, estado civil, orientación sexual, identidad de género, condición social y económica, capacidades físicas o mentales, afiliación política y religiosa”, leía el lenguaje propuesto en la medida.

Rodríguez Veve cuestionó también que la legislación, según presentada, eximía a la OPM del cumplimiento “sin sentido alguno” de alrededor de 15 leyes, entre estas, la “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico” (Ley 151-2004).

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, María de Lourdes Santiago, también se expresó en contra de la medida, porque la política pública propuesta, a su juicio, “no responde” a los intereses de las mujeres ni a lo que ha sido la experiencia de la OPM desde su fundación.

Igualmente, Santiago cuestionó que se redujera a una vez cada tres años el informe de rendición de cuentas que la OPM, actualmente, viene obligada a presentar anualmente al gobernador y la Asamblea Legislativa.