Una propuesta legislativa para establecer el derecho a juicio por jurado en los pleitos civiles a nivel estatal recibió este martes la oposición del Departamento de Justicia y el Colegio de Abogados y Abogadas no solo por el impacto económico que tendría sobre el sistema judicial, sino porque resultaría “ampliamente perjudicial” para el acceso a la justicia.

“Tal como está redactado, no muestra que la implantación de la figura de jurado para una categoría particular de casos civiles aporte en modo alguno a un verdadero fortalecimiento de la transparencia, legitimidad y confianza pública en el sistema judicial”, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados y Abogadas, Migdalia Fraticelli.

El Proyecto del Senado 612, de la autoría de la novoprogresista Nitza Morán, busca implantar un sistema de juicio por jurado en casos exclusivamente de daños y perjuicios en que se solicite una indemnización no menor de $100,000. El jurado estaría integrado por 12 personas, aunque podría ser menor si lo estipulan las partes.

“No hay nada nuevo ni excepcional que un jurado pueda aportar en un caso civil. Por el contrario, complicará, retrasará y aumentará injustamente el costo de la litigación de los casos”, añadió la también exjueza del Tribunal de Apelaciones, al sostener que la inclusión de un jurado en los juicios civiles implicaría, asimismo, un incremento “significativo” en los costos administrativos del Poder Judicial.

Por ejemplo, para el año fiscal 2024-2025, los gastos correspondientes a transportación, millaje y honorarios para los jurados en pleitos criminales superaron los $250,000, indicó, por su parte, Giselle Rosa González, de la Oficina de la Administración de los Tribunales.

“Para que pueda implantarse con eficacia, requeriría la asignación de una partida presupuestaria porque lo cierto es que la medida impone una carga administrativa y fiscal al Poder Judicial, que ya enfrenta recursos limitados para operar”, expuso Fraticelli. La medida requería reclutar nuevo personal, reestructurar la normativa vigente y la capacitación de la comunidad jurídica, aseveró.

La autora del proyecto sostuvo, en la exposición de motivos, que la iniciativa “no tendrá un impacto fiscal”. “Se pueden tener muchas preocupaciones muy válidas sobre los recursos, la logística, las salas... pero esas razones no deben estar por encima de los principios fundamentales de participación democrático y la justicia procesal”, expuso Morán ante la Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por Ángel Toledo.

Agregó que se trata de una “herramienta legítima para fortalecer la confianza en el sistema judicial”.

La Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho a juicio por jurado en los procesos criminales por delito grave, pero no en los juicios civiles. En los últimos años, sin embargo, en el Tribunal de Primera Instancia se han presentado varias peticiones de celebración de juicios civiles por jurado. Estas solicitudes han sido denegadas por el Tribunal de Apelaciones, estipuló Tanya García, del Departamento de Justicia.

A nivel federal, la Constitución de Estados Unidos sí reconoce el derecho a juicio por jurado en pleitos civiles, según la Séptima Enmienda. El Tribunal Supremo federal no ha declarado el derecho a juicio civil por jurado como un derecho “fundamental”; por lo tanto, no es aplicable a los estados. Ello no impide, sin embargo, que cada jurisdicción determine cómo regular estos procesos.

Actualmente, cinco estados han implantado el juicio por jurado en casos civiles, indicó Morán.

García mencionó, en tanto, que el Supremo federal tiene ante su consideración una petición de certiorari para que se determine si el derecho a juicio por jurado en casos civiles constituye un derecho fundamental y que, por ende, deba ser incorporado a los estados. “Dada la relevancia de este pronunciamiento y las posibles implicaciones para la jurisdicción de Puerto Rico, consideramos imperativo esperar la decisión del Tribunal Supremo antes de adoptar cualquier medida adicional”, dijo García.

Agregó que, para viabilizar la implantación de estos juicios a nivel local, sería necesario armonizar el ordenamiento procesal civil y las reglas de evidencia para atemperarlas a un nuevo esquema de adjudicación.

El procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, también mostró reservas con el proyecto. “Consideramos que la medida no constituye un remedio conveniente, ni necesario para nuestro sistema judicial, puesto que trae consigo retos significativos en términos de acceso, costos y logística judicial, que en su implementación pudiese generar inequidades y sobrecargas administrativas”, expuso.

Señaló que una medida de este tipo multiplicaría las controversias incidentales en un sistema judicial ya sobrecargado, con calendarios saturados y limitados de recursos administrativos. “La implementación de juicios civiles por jurado sería un factor que acentuaría la dilación en la resolución de casos y comprometería la eficiencia de nuestro sistema procesal”, anticipó.