El Senado derrotó este miércoles 10 medidas legislativas de la Cámara de Representantes, incluyendo una que le hubiera dado autoridad legal al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para intervenir “sin solicitud previa” en situaciones de emergencia relacionadas con erosión costera.

“Usted no puede intervenir en una zona costanera sin que tenga los endosos de las autoridades federales, y aquí van una vez más (a intentarlo)”, dijo el senador independiente Eliezer Molina, al consignar su rechazo al Proyecto de la Cámara (PC) 281.

Según Molina, la medida –que obtuvo 11 votos a favor y 15 en contra– convertía al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, en el “zar de la Emergencia”. “Esta persona quiere tener la autoridad plena para poder intervenir en las propiedades que la gente reclame como privadas, siempre que sea en el litoral”, argumentó.

La senadora Roxanna Soto Aguilú solicitó, sin éxito, el apoyo de su delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) al proyecto. “Es necesario romper paradigmas de burocracias administrativas para acelerar procedimientos excepcionales. Si queremos acortar la burocracia y atender de primera mano las emergencias climáticas y costeras de Puerto Rico, hay que darle paso al proyecto”, expuso.

El pleno senatorial también rechazó el PC 352, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez,y del representante José “Che” Pérez, para eximir al Poder Judicial de la aplicabilidad del Artículo 10.006 de la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas” (Ley 222-2011), que dispone las normas y procedimientos para la evaluación y adjudicación de los gastos de difusión pública del gobierno durante año eleccionario.

Según los autores de la medida, la aplicabilidad de dicho artículo sobre el Poder Judicial es innecesario, pues los “Cánones de Ética Judicial” ya contemplan salvaguardas en este tema. El Canon 28, en particular, prohíbe la participación de jueces y juezas en actividades político partidistas durante el tiempo de su nombramiento, así como el endoso de candidatos, la asistencia a actos políticos y hacer donativos a campañas.

Otros proyectos camerales derrotados incluyen el 108, para disponer que las futuras construcciones de escuelas públicas cumplan con los estándares de la “American National Standard Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for Schools”; el 139, que ampliaba las facultades y deberes de las policías municipales; y el 407, que declaraba reserva agrícola el bosque de la escuela Laura Mercado, en San Germán.

La misma suerte corrieron el 543, que tipificaba como delito grave el incumplimiento de órdenes de protección emitidas al amparo de la “Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual” (Ley 148-2015) y la “Ley Contra el Acecho” (Ley 284-1999); y el 544, que eliminaba el requisito de agotamiento de remedios administrativos en los casos en los que se le imputara a un menor una falta clase III, según la “Ley de Menores” (Ley 88-1986).

Los otros tres proyectos camerales rechazados fueron el 456, 568 y 624.

Por otro lado, la mayoría senatorial concedió su aval Proyecto del Senado (PS) 769 para definir la política pública del gobierno en el manejo de la inteligencia artificial (IA) y crear una estructura para el Instituto de Desarrollo e Innovación de Inteligencia Artificial.

La medida tiene como objetivo convertir a la isla en un eje regional y mundial para el desarrollo, investigación y aplicación ética de la IA, según su exposición de motivos. “Se reconoce la necesidad de consolidar esfuerzos en torno a la inteligencia artificial como motor de crecimiento económico, eficiencia gubernamental y modernización de servicios esenciales, fomentando al mismo tiempo la transparencia”, lee el informe preparado por la Comisión de Ciencias del Senado.

El nuevo organismo tendría personalidad jurídica propia y sería reconocido como una entidad de interés público dedicada a fomentar el desarrollo sostenible, la innovación y la competitividad económica. Su sede principal sería Engine-4, en Bayamón, y contaría con la colaboración del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Universidad de Puerto Rico, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, e Invest Puerto Rico.

El PS 769 obtuvo 22 votos a favor y cuatro en contra.