El Senado de Puerto Rico, mediante su presidente Thomas Rivera Schatz, radicó ante el Tribunal de San Juan un recurso que busca que el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, entregue información relacionada con declaraciones contributivas del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, en su faceta de contratista de al menos cinco agencia de gobierno.

El recurso legal surgió a raíz de la petición 2026-0036, aprobada por el Senado el 12 de marzo, mediante el cual se le solicitó a Hacienda indicar si Sagardía cumplió con su responsabilidad tributaria y con el pago, si alguno, a empleados, o por servicios prestados como contratista independiente.

Ese mismo día, la petición 2026-035 también requirió que los titulares de los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), entregaran información sobre los contratos que mantienen con Sagardía.

La petición incluyó la entrega de copias de facturas sometidas y aprobadas como parte de contrataciones mediante servicios profesionales.

Hacienda, Familia, la AAPP y la AEE cumplieron con la petición 2026-035.

Sin embargo, en cuanto a la petición 2026-036, Hacienda confirmó, el 17 de marzo, que no entregó los datos contributivos de Sagardía porque la divulgación de dicha información, supuestamente, está prohibida por el Código de Rentas Internas y porque la información está “protegida” por la Constitución.

“La determinación se fundamenta en la Sección 1001.01(b) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado,que exige salvaguardar la confidencialidad de la información contributiva. Además, dicha información está protegida por la Constitución de Puerto Rico, que reconoce la expectativa razonable de intimidad de los contribuyentes sobre dicha información”, indicó Hacienda mediante declaraciones escritas emitidas el 17 de marzo.

Los requerimientos surgieron luego que el exsecretario de Justicia defendió públicamente a la ahora exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, durante una entrevista radial (WKAQ), y luego que respondió a expresiones de Rivera Schatz en las que cuestionó el manejo de la administración de Jenniffer González a los señalamientos levantados contra la extitular por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en un centro de inspección del que era dueña hasta finales del año pasado.

Pérez Peña, en última instancia, renunció al cargo efectivo el 16 de marzo.

“La facultad investigativa de la Asamblea Legislativa es un pilar constitucional inherente a la función de legislar, cuya eficacia reside, entre otros, en el poder de requerir información pertinente a una investigación legislativa legítima”, resaltaron los abogados Héctor Medina Pérez y Miguel Rodríguez Ramos en el recurso de 18 páginas al que El Nuevo Día tuvo acceso.

“En esta ocasión, acudimos ante este tribunal para solicitar su intercesión ante la negativa del Departamento de Hacienda de producir cierta información que el pleno del Senado, mediante una petición unánime, requirió sobre el contratista gubernamental Antonio M. Sagardía de Jesús”, resaltó el Senado en el escrito.

Los letrados detallaron que, en la petición 2026-036, se requirió a Hacienda indicar si Sagardía presentó declaraciones W-2 o formularios 480 sobre su gestión gubernamental; la fecha o fechas en las que se presentaron las W-2 o 480 (si se presentaron); el nombre de la persona recipiente; y si se enmendó o enmendaron, en algún momento, la o las declaraciones W-2 y/o 480.

Sin embargo, los abogados sostuvieron que Hacienda, “de manera errada... denegó la petición que le hizo el Senado y expresó que no entregaría la información solicitada (...)(y) cimentó su argumento en los pronunciamientos (decisión) del Tribunal Supremo en (el caso) Rullán vs. Fas Alzamora”.

En dicho caso, Luis G. Rullán y su esposa, Zoraida Buxó Santiago, presentaron, el 25 de noviembre de 2003, una demanda de sentencia declaratoria e injuction contra el entonces presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, quien ordenó una Comisión Especial para investigar la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

Como parte de la Comisión Especial, se citó al entonces secretario de Hacienda, Juan Flores Galarza, para que entregara ciertas y determinadas copias de planillas contributivas de Rullán y de Buxó Santiago, acción a la que ambos se opusieron al resaltar que los documentos constituyen información confidencial.

En última instancia, el Supremo revocó, en una opinión de 48 páginas emitida el 13 de enero de 2006, al tribunal de primera instancia y al Tribunal de Apelaciones y ordenó al Senado a devolver las copias certificadas de las planillas.

Medina Pérez y Rodríguez Ramos indicaron que el Senado recurrió al tribunal porque “contrario a los suscitado en el caso de Rullán vs. Alzamora, el Senado no le solicitó al Departamento de Hacienda copia de las planillas de un ciudadano privado, solo que contestara si un contratista gubernamental prsentó o no declaraciones informativas (W-2 o formularios 480). De manera equivocada, el Departamento de Hacienda equipara la determinación de Rullán vs. Fas Alzamora como subterfugio para evadir su responsabilidad para con el Senado”.

Los letrados sostuvieron que el Senado solo solicitó a Hacienda que confirmara si Sagardía preparó alguna declaración W-2 o 480, que podía contestar con un “si” o “no”; que proveyera la fecha o fechas en que se preparó y/o prepararon dichas declaraciones si la contestación fue “si”; el nombre de la persona recipiente; y si se había enmendado, en algún momento, el o las declaraciones.

“La información solicitada no alberga ningún tipo de expectativa de intimidad, por lo cual debe ser entregada al Senado con prontitud”, enfatizaron los letrados.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, está citado para comparecer mañana, martes, ante una Comisión Total del Senado.