Ante el confirmado incremento de cesáreas en la isla, las senadoras Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático (PPD), y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), reclamaron este miércoles acción de la Asamblea Legislativa para reconocer la violencia obstétrica como una transgresión de derechos humanos.

“El propio Departamento de Salud ha dicho que el 55% de las cesáreas no presentan justificación médica y que el 80% de las mujeres sometidas a intervención no presentaron factores de riesgo durante su embarazo”, expuso Álvarez Conde, en conferencia de prensa.

El Informe Anual de Estadísticas Vitales sobre los Nacimientos del 2021 al 2023, divulgado a principios de septiembre por Salud, reveló que el porcentaje de partos por cesáreas en Puerto Rico aumentó de 49.6%, en 2021, a 50.6%, en 2023. En 2023, el país registró 18,645 nacimientos.

Esta información coincide con un informe divulgado, el año pasado, por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que detalló que, entre 2010 y 2018, la tasa de partos por cesárea en la isla osciló entre 46.3% y 48.4%. No obstante, continuó incrementando hasta llegar a 50.5% en 2022.

En 2022, la tasa de partos por cesárea aumentó principalmente entre las madres menores de 20 años, de 37% a 42%. Asimismo, el 64.5% de los nacimientos en madres de 40 años o más fueron por medio de esta cirugía, en comparación con el 60.6% de 2018.

La cesárea está asociada a riesgos a corto y largo plazo, que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer y del neonato, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En marzo, ambas senadoras presentaron, junto a Adrián González, del PIP, el Proyecto del Senado 445, que reconoce la violencia obstétrica como una violación de derechos humanos y provee un mecanismo civil para hacerle frente. La medida está ante la consideración de la Comisión de lo Jurídico, presidida –desde julio– por el senador Ángel Toledo.

“Para el año 1988, la tasa de cesáreas para Puerto Rico era de 29.8% y ya, en ese momento, era razón de alarma... y se hablaba de que la meta tenía que ser un 15%, que es el número aceptable, según la OMS”, expuso Santiago.

La senadora del PIP dijo que, desde 2008, ha radicado legislación para que las mujeres tengan acceso a la información sobre las cesáreas que realizan sus obstetras. La iniciativa, sin embargo, ha sido detenida por la mayoría parlamentaria en alguna de las etapas del proceso.

“Si algo ha quedado demostrado con el alza en el número de cesáreas, es la incapacidad de la profesión médica de regularse a sí misma. Por eso, las cesáreas innecesarias son una de las manifestaciones de violencia obstétrica a la que está dirigida esta medida”, expresó, al sostener que la propuesta no implica una intervención con la práctica de obstetricia.

Entre las prácticas que se consideran violencia obstétrica, están la falta de atención oportuna en emergencias, negar el consentimiento informado a la mujer, impedir el contacto inmediato madre-bebé, alterar innecesariamente el parto de bajo riesgo y practicar cesáreas sin justificación médica o sin autorización expresa de la madre.

La medida dispone que cualquier persona que incurra en una conducta que resulte en violencia obstétrica incurrirá en responsabilidad civil “por una suma igual al doble del importe de los daños causados a esta”.

“El hecho de estatuir la reclamación le da muchísima más visibilidad al tema y más conciencia a las mujeres de que tienen un remedio en ley... Nuestra intención no es que se multipliquen los casos de impericia contra los médicos, es que exista un disuasivo más para que lo piensen antes de realizar una cirugía que no tiene justificación”, apuntó Santiago.