La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr) se opusieron de plano al proyecto legislativo que arrebataría a la figura del juez presidente del Tribunal Supremo gran parte de las facultades administrativas sobre el poder judicial, distribuyéndolos entre el pleno del máximo foro, aludiendo tanto a supuestos visos de inconstitucionalidad como al desfase operacional que provocaría en la gestión de la rama.