El Senado “tomó conocimiento” este jueves de que Narel Waleska Colón Torres, María del Pilar Vélez Casanova y Héctor L. Siaca Flores ocupan las jefaturas de los departamentos de Estado, Trabajo y Justicia, respectivamente, y advirtió que, aun cuando no hayan sido designados oficialmente por la gobernadora Jenniffer González, el cuerpo podrá actuar sobre los tres cargos en o antes del 30 de junio, cuando finaliza la sesión.

“El Senado de Puerto Rico ha tomado conocimiento oficial de que hay tres personas ocupando esos tres cargos y se reserva la facultad de actuar sobre esos nombramientos en o antes del 30 de junio. Advertidos y apercibidos todos”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al iniciar los trabajos de la sesión legislativa.

Para tal determinación, Rivera Schatz citó la Sección 47.3 del reglamento de la Cámara alta, denominada “Nombramientos no enviados por el gobernador”, que lee de la siguiente manera: “En caso de que el gobernador designare a una persona para un cargo que requiera el consejo y consentimiento del Senado, el cuerpo, aun cuando el gobernador no hubiere sometido tal nominación, podrá considerar dicho nombramiento cuando tuviere conocimiento del mismo y de que la persona designada está ejerciendo el cargo en cuestión”.

Tras leer dicha sección, Rivera Schatz solicitó que el Senado tomara conocimiento oficial de los nombramientos. “Se está tomando conocimiento de que están ocupando el cargo interinamente”, explicó el líder senatorial, a preguntas del portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández.

Tras conocerse la nueva ofensiva del líder del Senado contra el Ejecutivo, la gobernadora afirmó que no actuará “bajo amenazas de nadie”, y defendió sus prerrogativas constitucionales.

“Yo no voy a trabajar bajo amenazas de nadie. Yo tengo una función constitucional que voy a ejercer. No la voy a ejercer a la carrera. Estoy evaluando. Estoy entrevistando y, en su momento, haré los nombramientos correspondientes, y el Senado y la Cámara (de Representantes) pasarán juicio sobre esos nombramientos, como todo deber constitucional. Ahora, el Senado no me va a nombrar a mí un jefe de agencia pasando (por alto) la función constitucional”, dijo la gobernadora, a preguntas de El Nuevo Día, luego de hacer un recorrido por la escuela superior Fernando Suria Chaves, en Barceloneta.

“Ellos (los senadores) emiten su consejo y consentimiento. Le toca al gobernador de Puerto Rico hacer la nominación, que es mi responsabilidad”, abundó.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño se opuso al proceder del liderato senatorial. “Nos parece que la regla 47.3 excede las facultades del Senado de Puerto Rico y constituye una forma de evitar la rigurosidad de un proceso de nombramiento”, expuso la portavoz María de Lourdes Santiago. La posición de la senadora pipiola fue derrotada.

No es la primera vez, en este cuatrienio, que el Senado hace uso de la Sección 47.3 de su reglamento. A finales de febrero, la Cámara alta “tomó conocimiento” de que Madeline Bermúdez fungía como procuradora interina de las Mujeres desde 2023.

Entonces, la silla de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) estaba en discusión, luego que trascendiera una supuesta negociación entre Rivera Schatz y González para que se confirmara a Janet Parra como secretaria del Departamento de Justicia, a cambio de nombrar a la exsenadora Evelyn Vázquez como procuradora de las Mujeres. Ambos funcionarios negaron tales conversaciones.

Previo a esos señalamientos, González había indicado que esperaría a que el Senado –dominado por el Partido Nuevo Progresista– confirmara a Parra para nombrar, entonces, a la próxima jefa de la OPM. En respuesta, Rivera Schatz sostuvo que estaba complacido con el trabajo de Bermúdez, quien al final fue sustituida por Astrid Piñeiro, inicialmente confirmada como directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).

En esta ocasión, Rivera Schatz se ha expresado de forma similar, al menos, en el caso de Colón Torres, a quien ha sugerido para la secretaría de Estado en propiedad. “¡Sería algo así como bueno para todo el mundo!”, dijo, en su usual mensaje de “buenos días” en las redes sociales, el 13 de mayo.

Los tres cargos del gabinete constitucional sobre los que el Senado “tomo conocimiento” están vacantes, luego que la gobernadora retirara las designaciones. En el caso de Justicia y Estado, Verónica Ferraiuoli y Parra no contaban con los votos del Senado para ser confirmadas. Como sustituto de Ferraiuoli, González nombró a Arthur Garffer, quien, sin embargo, no cumplía con los requisitos constitucionales del puesto.

Mientras, en el caso de Nydza Irizarry, su designación como secretaria del Trabajo fue retirada el 15 de mayo, junto a otros tres nombramientos, a pesar de que la ahora exnominada nunca fue considerara por el Senado.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.