Un nutrido grupo de oficiales correccionales se manifestó este miércoles frente al Capitolio exigiendo que se aumente su salario base, que les entreguen uniformes y que se paguen las horas extra tras turnos de 12 horas a quienes asumen la sobrecarga de la falta de empleados en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“Todo el mundo trabaja de 16 a 20 horas diarias para poder cubrir y, para poder cubrir, hasta dejan puestos vacíos, porque realmente no hay el ‘staff’ completo para decir que las cárceles en Puerto Rico están seguras”, señaló Jessica Martínez, presidenta de la Alianza Correccional Unida, frente las escalinatas del norte de la Casa de las Leyes.

La manifestación fue la antesala de la vista pública de la Comisión de Seguridad y Asuntos del Veterano, presidida por el senador Gregorio Matías Rosario, para evaluar la Resolución del Senado 81, que busca la implementación del aumento salarial a oficiales correccionales conforme a la Ley 91-2022.

“Reclamamos que se nos pague nuestro aumento salarial legislado de $746. (...) Hemos luchado en todos los foros administrativos, legales y en la calle para que honren este aumento legislado”, insistió Martínez, quien dijo que el sindicato no fue invitado a la audiencia y que no fue hasta este martes que les pidieron una ponencia.

Mientras, en su ponencia, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, defendió que la interpretación de la ley fue “realizada correctamente por la agencia” y que se aumentó el salario de $1,603.33 a $2,350 -incluidos los $746.67- para el Cuerpo de Oficiales de Custodia, los agentes de investigaciones y arrestos del Programa de Antelación a Juicio (PSAJ).

Por otro lado, el titular incluyó en su escrito que recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 633, que establecería una nueva escala salarial que comience en $3,000.

El procurador del Ciudadano (Ombudsman), Edwin García Feliciano, comentó que el área legal del DCR interpreta que “el pago de los $500 (a los oficiales en 2022) y el 15% cubrió lo que dispone la Ley 91″.

“Creo que todo el mundo está de acuerdo en que el salario debe ser superior. No me encontré a nadie de los que nosotros entrevistamos que dijera ‘yo creo que ese salario es suficiente’. Si queremos reclutar gente en el futuro para la Policía o Corrección, no podemos estar hablando de este salario. ¿Dónde va a estar la seguridad de los puertorriqueños si no podemos reclutar oficiales correccionales?”, planteó.

Con relación a los uniformes, Martínez comentó que el secretario del DCR les prometió un estipendio, que supuestamente no entregó porque la Junta de Supervisión Fiscal no lo aprobó.

“Lo ofreciste en la mesa con el sindicato, y si tú ofreciste algo en una mesa de negociación, lo tienes que cumplir. Entonces, le solicitamos que nos dé la evidencia de que la Junta de Control Fiscal le dijo que no podía darnos el dinero 2021, 2022 y 2023... Hay unas condiciones prácticamente infrahumanas en muchas de las áreas de dentro de las instituciones penales”, señaló la líder sindical de sobre 3,000 oficiales.

Por su parte, Sheila Santiago, oficial correccional con 11 años en el sistema, denunció que siguen esperando por un mejor salario y están cargados por “el exceso de trabajo de más de 16 horas”.

“Nos tienen con el mismo cuento. Han hecho listas con los tamaños y no aparecen (los uniformes). No tenemos uniformes, vamos como podemos, y, a veces, nos niegan la entrada a las instituciones”, manifestó la oficial de la institución Ponce 500, desde la protesta.

A sus reclamos se unió Baldomero Soto, quien contó que compañeras del área de visitas en la cárcel de Aguadilla “se fueron de civil porque no tenían uniforme y las postearon en los módulos de varón, cuando ellas están para velar las visitas en el área de mujeres”.

“Ser oficial de custodia no es algo atractivo para la juventud porque no ganamos bien. El costo de vida está muy alto. Tenemos un desgaste físico y mental”, denunció Soto, quien lleva 25 años en el DCR.

La vista continúa esta tarde con ponencias del DCR, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.