El portavoz de la mayoría PNP en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que  los senadores votarán sobre el proyecto de libertad religiosa luego de analizar   la versión aprobada por la Cámara baja así como la de la senadora Zoé Laboy. (semisquare-x3)
El portavoz de la mayoría PNP en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que los senadores votarán sobre el proyecto de libertad religiosa luego de analizar la versión aprobada por la Cámara baja así como la de la senadora Zoé Laboy. (Xavier J. Araújo Berríos)

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, adelantó ayer que considerarán en una misma sesión legislativa -probablemente la semana próxima- la versión del proyecto de libertad religiosa aprobada el martes por la Cámara de Representantes, así como la que presentará su homóloga Zoé Laboy.

De ambas cámaras legislativas aprobar las dos versiones, quedaría, entonces, en manos del gobernador Ricardo Rosselló Nevares determinar cuál de las dos establecerá como política pública. “Si ambas (versiones) se aprueban, el gobernador escoge”, señaló Ríos.

Sobre las proyecciones de cómo podría ser la votación, Ríos indicó que no haría estimados, ya que esperan que la senadora Laboy presente el resultado del trabajo hecho con la medida a través de la Comisión de Revitalización Social y Económica.

“Vamos a esperar el informe y vamos a bajar ambos a la vez. La compañera (Laboy) ha hecho vistas públicas y es justo que se considere y se puedan bajar a la vez y que los senadores voten según ellos entiendan”, expuso Ríos.

El martes, la Cámara de Representantes aprobó con enmiendas el proyecto 2069, medida que ordena -como uno de sus mecanismos centrales- el establecimiento de acomodos razonables para que los servidores públicos no tengan que atender a ciudadanos cuando entiendan que sus creencias o conductas chocan con sus convicciones religiosas.

Laboy, por su parte, ha adelantado que presentará un informe negativo sobre la medida en consideración o un proyecto sustitutivo. No obstante, considerarlo tal y como fue presentado por el Ejecutivo no es una alternativa.

“Un informe positivo como está me parece que no es real, porque creo que esta medida adolece en muchos sentidos y para mí el más importante es que abre las puertas al discrimen y tengo mucho problema que estemos legislando para abrir la puerta al discrimen”, señaló Laboy.

La senadora anticipó que tomará una determinación sobre el curso a seguir a inicios de la semana próxima. “Creo que hay suficientes argumentos para ambas alternativas (informe negativo o un sustitutivo), y porque hay suficientes argumentos es que la decisión tengo que tomarla con más cuidado”, manifestó Laboy.

Indicó que le “entristece” que sus compañeros de la Cámara le hayan dado paso a la medida, aunque respeta su determinación. “Me siento confiada del trabajo que hemos hecho, pero más importante que eso es que le hemos dado la oportunidad a toda persona que tuviera que decir algo sobre la medida”, destacó.

Tras la aprobación, surgió una serie de reacciones, entre ellas el rechazo a la medida por parte de los senadores y precandidatos presidenciales demócratas Elizabeth Warren y Bernie Sanders.

“No debe convetirse en ley”, indicó el senador independiente Sanders (Vermont), en un tuit, al indicar que la medida coloca a la comunidad LGBTIQ en riesgo de ser discriminada.

Mientras, Warren expresó que “la libertad religiosa no puede utilizarse como una excusa para discriminar en contra de la comunidad LGBTIQ”.

Otras voces levantaron su voz ayer en contra del proyecto, como los artistas Ricky Martin, Ednita Nazario y René Pérez.

El abogado Osvaldo Burgos, del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), colectivo que agrupa a más de 50 organizaciones que velan por los derechos humanos, insistió en que el estado de derecho actual ya protege la libertad religiosa. “El proyecto crea un sistema que privilegia ciertas creencias religiosas y las incorpora a nuestro estado de derecho de manera ilegal e inconstitucional”, subrayó.

De lejos

Senadores de la mayoría penepé se expresaron con cautela sobre la versión aprobada por la Cámara y si le darían su voto a favor. De los abordados por El Nuevo Día, ninguno había visto el documento.

El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, anticipó que mantenía su convicción de que los trabajadores públicos no le pueden negar el servicio a nadie.

“Lo que pasa es que creo que el que entra en el servicio público tiene la obligación, precisamente, de darles servicio al público a todos, a menos que al solicitar el trabajo haya hecho una petición” , agregó Seilhamer.

Por su parte, el senador Miguel Romero indicó que quiere analizar la versión de la Cámara, así como el trabajo hecho por Laboy. Sostuvo que el acomodo razonable tiene que ceder ante el interés público de que el ciudadano reciba el servicio.

“Pero, ¿hay manera de garantizar que la ciudadanía tenga la seguridad de recibir el servicio cuando solo exista una persona que pueda darlo y tenga acomodo razonable?”, cuestionó.

El senador Henry Neumann dijo que se inclina a avalar la medida. “Lo que yo entiendo más importante es que protege los derechos de la persona, que es el servidor público, pero estamos protegiendo también los derechos del solicitante del servicio. Nos olvidamos muchas veces que el servidor público tiene sus creencias también”, puntualizó.

La senadora Migdalia Padilla indicó que la primera vez que se atendió la medida -que luego fue vetada por Rosselló- votó a favor, debido a que las enmiendas incluidas “lo hacían quizás un mejor proyecto”. “No he visto el proyecto de la Cámara y te tengo que confesar que estoy enfocada en lo que es el presupuesto”, expresó.


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