La secretaria de Justicia indicó que la agencia retomará la investigación de los integrantes del chat excluidos y archivados por el PFEI en su pesquisa. (GFR Media)

La investigación contra el ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los miembros de su equipo ejecutivo y consejero, que formaron parte del chat de Telegram, generó una disputa pública entre el Departamento de Justicia y el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en cuanto al procesamiento e investigación criminal que se siguió en este caso de alto perfil.

En su resolución de 21 páginas, el PFEI señaló una serie de alegados errores en la investigación preliminar de Justicia, y le atribuyó a estas supuestas deficiencias su decisión de archivar la querella contra tres de los referidos, así como de no asignar un fiscal para investigar a cinco de los integrantes del chat.

En cambio, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, emitió unas declaraciones escritas en las cuales hizo críticas fuertes a los miembros del Panel, incluyendo cuestionamientos a su capacidad e intención genuina de investigar.

A continuación las cinco críticas que la secretaria de Justicia le hizo a los miembros del PFEI:

1. Criticó al panel por limitar su análisis al examen de las declaraciones juradas, e ignorar las más de 15 entrevistas realizadas, los documentos requeridos mediante 61 subpoenas y la prueba electrónica recabada de los propios celulares, todo lo cual pudiera constituir prueba circunstancial.

2. Atribuyó a los fiscales una actitud cobarde porque no se atrevieron a “tomar determinaciones de derecho agresivas y contundentes”. La secretaria de Justicia advirtió, por eso, que “parecen no tener la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso (de cuello blanco) para procesamiento”.

3. Cuestionó, además, que los fiscales especiales descartaron proceder con el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo en el caso contra el publicista Edwin Miranda y el cabildero Elías Sánchez, por no entregar sus celulares. “Llevar el recurso apelativo con respecto a un proceso investigativo no dilata la investigación, sino que la puede robustecer”, comentó Longo Quiñones.

4. Indicó que el Panel se equivocó con respecto al quantum de prueba necesario para hacer recomendación de nombramiento de FEI, pues la Ley 2 de 1988 le requiere a Justicia causa suficiente para investigar y no causa probable para arresto. “La resolución malinterpreta los roles establecidos por la ley en las dos agencias”, expuso.

5. Por último, Longo Quiñones catalogó como “injustas, improcedentes e innecesarias” las expresiones del Panel, puesto a que mancillan y menoscaban “la gestión de todos los que estamos llamados a hacer valer la ley”.


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