El tráfico aéreo se redujo en el mundo, y Jaime Temprano sufrió las consecuencias. Las piezas para aviones que ayudaba a producir en una fábrica en Santa Isabel bajaron en demanda y muchos trabajadores fueron cesanteados, incluyéndolo.

Lo mismo le pasó a su pareja, Mariana Hernández, quien laboraba en una firma que les provee a los comercios un sistema de cobro con tarjetas de crédito o débito. Hace apenas dos meses, este escenario era impensable. Ahora viven de sus ahorros y el seguro por desempleo no llega.

“Da miedo porque es una incertidumbre. A mí me gusta ver las cosas más allá del presente. Como pareja, tenemos unas metas de echar para adelante, pero con todo esto…”, dijo Hernández, de 25 años y vecina de Guaynabo.

“Lo más complicado es que no hay un momento específico de cuándo se acaba”, añadió Temprano, de 27 años.

Como ellos, hay muchos. A raíz del cierre forzoso de los comercios y las industrias, la tasa de desempleo en Puerto Rico subió probablemente de cerca de 9% a 23%, coincidieron, por separado, estimados de la firma Estudios Técnicos y del economista José Alameda, catedrático del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

La expectativa es que este indicador, que muestra la dificultad de encontrar trabajo en la isla, suba aún más y ronde el 37% para mayo, mes en que, según proyecciones del Departamento de Salud, se sobrepase el pico de los contagios por la nueva cepa del coronavirus SARS-CoV-2, infección que ha causado más de 190,000 muertes alrededor de todo el planeta.

“De incorporarse el 80% de empleados en alto riesgo a las estadísticas de desempleo, la tasa de desempleo subiría gradualmente de 8.8% en febrero 2020 a 37.1% en mayo 2020”, sostiene el análisis de Estudios Técnicos.

“Esto es una catástrofe. Esto es como una economía de tiempos de guerra”, ilustró el economista Alameda.

Los cálculos están basados, principalmente, en las encuestas anteriores de desempleo y la cantidad de reclamaciones al seguro por desempleo que ha reportado el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

En total, la firma Estudios Técnicos estima que unos 369,700 empleos están bajo peligro debido al disloque económico provocado por esta enfermedad altamente contagiosa y con elevados niveles de mortalidad.

Todo esto tiene un impacto en losniveles de pobreza que se experimentan en Puerto Rico, que de ordinario son altos. El Negociado del Censo estimó, en el 2018, que el 43% de los habitantes de la isla estaban por debajo de los niveles de pobreza. Ese porcentaje representa 1,363,666 personas. Alameda calculó que, a raíz del cierre forzoso y la cuarentena para batallar el COVID-19, unos 68,700 individuos adicionales ya deben estar en la pobreza. La cifra aumenta en la medida en que más personas pierden los empleos.

Esta merma en la actividad económica se añade a la depresión económica que se experimenta desde el 2006, incluyendo el impacto de los huracanes Irma y María y los sismos de enero de este año.

“Puerto Rico viene empobreciéndose desde hace mucho tiempo. No hay nada más que entender que el salario se ha reducido en términos reales en los últimos 20 años en alrededor de 20%”, sostuvo, por su parte, el economista José Joaquín Villamil, de la firma Estudios Técnicos.

Este cataclismo económico es mitigado, en parte, por el rescate aprobado por el Congreso que, entre otros asuntos, reparte $1,200 entre las personas y añade $600 a los beneficios semanales del seguro por desempleo. En algunos casos, en especial el de aquellos con salarios cercanos al salario mínimo federal, los nuevos beneficios por desempleo por el COVID-19 superan los ingresos que generan en sus trabajos.

La gran cantidad de reclamaciones al seguro por desempleo han sido tantas, que el DTRH ha tenido que triplicar su capacidad para tramitar las solicitudes. Se supone que los primeros cheques con el beneficio extendido comiencen a llegar esta semana a los desempleados. El programa dura cuatro meses. A partir de ese momento, los beneficios regresarán a niveles previos a la pandemia.

Sin embargo, no se sabe cuándo esto será, ni si para entonces la economía habrá regresado a la normalidad, si los contagios estarán controlados, si hay una nueva oleada de infecciones o si aprueban nuevos incentivos para combatir la crisis económica que acompaña la pandemia.

“El problema con COVID es que no sabemos cuándo termina. Esa es una diferencia muy grande y con muchas implicaciones cuando se compara con María. El huracán ocurrió un día y, por lo tanto, muchas empresas no estuvieron semanas sin operar… Con COVID puede ser un proceso de meses y eso agudiza el problema de empresas que no tienen capital y, por lo tanto, la capacidad de aguante”, sostuvo Villamil.

“No hay ni una perspectiva del futuro. Esto tiene una carga psicológica tremenda en la población”, dijo, por su parte, Linda Colón, socióloga experta en pobreza.

Colón explicó que, aunque la lucha contra la pandemia está afectando a personas de todas clases sociales, los más expuestos son las personas de menos recursos económicos, entre las que ya debe haber muchas pasando hambre. Este es especialmente el caso entre las familias que dependen del sistema de comedores escolares para alimentar a los hijos. Mientras esto pasa, los ricos están preocupados por sus negocios, y los de la clase media, en mantener sus ingresos o trabajos de la mejor forma que pueda, explicó la académica.

“La pobreza se va a recrudecer. El que tenía niños que desayunaban y almorzaban en la escuela, ya no tiene esa opción. Y el dinero del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) no da”, sostuvo Colón.

“Aquí todo el mundo se está empobreciendo. Todo está halando para abajo, pero a los que tienen buenos ingresos, no les cambia el estilo de vida mucho, pero el que tiene menos sufre muchísimo más”, dijo Alameda.

Villamil argumentó que en este tipo de escenario, suelen mantener operaciones las empresas más grandes y con más procesos automatizados. En cambio, los comercios o industrias pequeñas e intensivas en mano de obra suelen ser las que con menos frecuencia resucitan de las emergencias. Estas dinámicas conllevarán a que las diferencias en poder adquisitivo entre las clases ricas y pobres incremente.

Esta enorme presión económica, sin embargo, no significa que se deba reabrir la economía de inmediato, puesto que la liberalización descontrolada implicaría un aumento en los contagios. De fondo, las opciones son entre dos de los peores males que se pueden enfrentar: el empobrecimiento de la población y exponer a la gente a una enfermedad que, fácilmente, se sale de control y que puede matar a decenas de miles como ocurrió en la ciudad de Nueva York.

“Yo creo que hay que resolver el tema de las pruebas. Eso es absolutamente necesario. Si no sabemos la cantidad de infectados ni dónde están, pues no se tiene la información para tomar decisiones”, manifestó Colón.

Alrededor del planeta, distintas ciudades y países han comenzado a debatir o a encausar iniciativas para eliminar los cierres forzosos, reactivar la economía y regresar, poco a poco, a la normalidad. En algunos casos, las autoridades han optado por reabrir las áreas recreacionales o por permitir el comercio con medidas de distanciamiento, entre muchas acciones paulatinas.

Algunos modelos sugieren un proceso de recrudecimiento y flexibilización del distanciamiento social según el nivel de contagios que se detecte en la sociedad. Otros proponen una reapertura completa para julio.

El consenso entre los líderes de la comunidad científica es que se necesitan muchas pruebas para tener la información suficiente para tomar decisiones sobre la reapertura de la economía.

Puerto Rico es una de las jurisdicciones con menos pruebas hechas por habitante y al menos parte del proceso de adquisición de las pruebas para detectar el COVID-19 o los anticuerpos que produce ha estado plagado de irregularidades.