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El gobierno descartó realizar pruebas para detectar el COVID-19 a todos los pasajeros que ingresen la isla debido al reto logístico que representaría en términos del tiempo que tomaría, la cantidad de recursos que se necesitarían y el disturbio que pueda crear, confirmó ayer el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Juan Reyes.
“Principalmente, los mayores retos son de logística operacional y que (el pasajero) se opusiera a dejarse hacer la prueba”, apuntó el general.
Bajo ese escenario, el gobierno ha optado por el rastreo de los pasajeros, labor que está en manos del Departamento de Salud, pero que poco se conoce de su efectividad. También, le corresponde a Salud manejar los resultados de las pruebas moleculares administradas a los pasajeros, dijo.
Reyes indicó que él provee la información recolectada que, hasta ayer, eran 5,585 pruebas rápidas administradas, 128 con resultados positivos a anticuerpos, y 128 pruebas moleculares, cuyos resultados los tiene Salud porque se obtienen en 48 a 72 horas.
“Yo tomo por buenas las expresiones del secretario de Salud (Lorenzo González Feliciano). El Departamento de Salud es el que tiene que darles el ‘tracing’ (rastreo) a esas personas. Yo ahí no entro”, expresó.
Aunque Salud ha informado que el rastreo de todo pasajero que llega a la isla lo realiza la empresa Telemedik -que le suple la información-, ayer mismo la compañía desmintió que ofrezca ese servicio.
“No, no es Telemedik. Están totalmente erróneos. Solo tenemos una línea de información donde se les hacen preguntas a las personas que pudiesen tener los síntomas y no los llamamos. Ellos nos llaman a nosotros”, explicó Paola Díaz, gerente de desarrollo de productos y servicios de Telemedik.
Pese a que se solicitó, Salud no concedió una entrevista con el epidemiólogo David Capó u otro funcionario para dar explicaciones y las estadísticas de las pruebas moleculares a pasajeros. Tampoco se precisó si se hacen los rastreos de los pasajeros y quién los realiza, a fin de cumplir con la cuarentena dictada por la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y con el aislamiento que deben acatar los casos positivos.
“Si el gobierno sigue enfocando su estrategia para combatir el virus en pruebas rápidas, estamos atrasados años luz. Tenemos que movernos al rastreo”, apuntó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz.
El general Reyes explicó que, desde el 17 de marzo, comenzaron con el cernimiento médico en el aeropuerto. Se utilizan máquinas que detectan si el pasajero tiene fiebre y esos pasan a evaluación médica en la que, además de hacerles las preguntas de rigor a tono con las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se les hacen las pruebas.
Aquellos pasajeros que no reflejaron temperaturas altas deben, antes de salir del aeropuerto, proveer toda su información de contacto y se les da una hoja informativa con un número telefónico para llamar en caso de síntomas o preguntas, explicó Reyes. A base de este cernimiento, el gobierno ofrece diariamente estadísticas que segregan los casos positivos a la prueba rápida entre pasajeros y empleados del aeropuerto.
Pero Aerostar Airport Holdings, la empresa que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, reveló que la cifra que provee el gobierno sobre empleados del lugar positivos al COVID-19 no está depurada. Ayer, se dividieron los casos positivos para hacer constar que solo hay 52 empleados positivos a la prueba, y 44 empleados de gobierno que se hicieron la prueba en el aeropuerto.
