Senador Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría del PNP. (GFR Media)

El proyecto de ley que busca eliminar el pago del impuesto al inventario fue presentado ayer, lunes, en la Cámara de Representantes sin consultar con el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) y podría enfrentar oposición en el Senado, indicaron el presidente del primer organismo, Javier Carrasquillo y el portavoz de la mayoría en la Cámara Alta, Carmelo Ríos.

La Cámara sesionará el jueves y el Senado dejó disponible la fecha del martes que viene “en caso de ser necesaria”.

El Proyecto de la Cámara 2443 ordena que a ciertos productos no les aplique, de manera permanente, el impuesto al inventario, tributo que genera $220 millones anuales a los gobiernos municipales. En la pieza legislativa no se calcula su impacto fiscal y no se identifica un mecanismo para sustituir los ingresos que dejarán de recibir los ayuntamientos. El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, dijo ayer a El Nuevo Día que los municipios tenían que aprender a hacer “más con menos”.

También afirmó que se deben colocar los intereses de Puerto Rico sobre los “intereses particulares de un gobierno municipal que tiene dinero, pero no lo ha sabido utilizarlo”.

De ser convertido en ley, estarían eximidos de pagar el tributo productos cuya compra usualmente aumenta durante declaraciones de emergencia como tormenteras, tornillos, expansiones, paneles de madera, soga, plantas eléctricas de todo tipo, cisternas, casetas de campaña, baterías, guantes plásticos y de látex, jabones de todo tipo, mascarillas, desinfectantes y toallitas húmedas, entre otros.

Esos productos quedarían eximidos permanentemente, pero la medida faculta a la Rama Ejecutiva a expandir la lista en tiempos de emergencia.

Algunos comerciantes denunciaron que tienen que pagar el tributo sobre el mismo producto si no logran venderlo en más de un año.

Ríos dijo que no favorecería el proyecto tal y como está redactado.

“No he consultado con el caucus, pero con mi voto no contaría a menos que haya otra fuente de repago que no sea otro impuesto”, sostuvo. La postura de no eliminar el impuesto al inventario sin identificar su sustitución fue levantada en el pasado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien no contestó una petición de entrevista de El Nuevo Día.

“El problema que tiene el planteamiento del presidente de la Cámara es que 65 a 68 municipios están en riesgo de quiebra y tienen una amenaza mayor que es la eliminación de la Ley 29, que los pone ante una situación precaria sin precedentes”, sostuvo Ríos al referirse a la ley aprobada el año pasado que exime a los gobiernos municipales de pagar, de sus arcas, las pensiones de sus retirados y el Plan Vital.

La jueza de quiebras Laura Taylor Swain, por solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal, podría anular la Ley 29.

“Eliminar el impuesto al inventario de manera temporal no resuelve el problema. Lo que llega a Puerto Rico de inventario no está ni una semana en los almacenes. Es la emergencia la que se está encargando de que no haya inventario”, sostuvo Ríos al hacer referencia a uno de los planteamientos que sectores económicos levantan como razón de peso para eliminar el impuesto, ya que supuestamente limita los suministros en la isla.

Opositores a la eliminación del impuesto al inventario sostienen que liberar de ese pago a los comerciantes no necesariamente significa que aumentarán los abastos o que reducirán los precios.

“Hay una escasez a nivel mundial”, insistió Ríos quien es senador por Bayamón. Dos de los municipios que más se afectarían de eliminarse parcial o totalmente el impuesto al inventario son Bayamón y Cataño debido a la enorme cantidad de almacenes ubicados en su territorio.

Por su parte, Carrasquillo indicó que se enteró de la radicación del proyecto a través de la prensa.

“Me preocupa porque no dice que es una medida transitoria”, dijo Carrasquillo, quien además es alcalde de Cidra. “No se le pidió insumo al CRIM y no tiene un cálculo del impacto a los municipios”.

“La intención del proyecto es incentivar el aumento de los artículos del inventario en Puerto Rico, pero hay que dejar claro que la escasez de productos no es consecuencia del impuesto al inventario. Es que hay mucha demanda y si alguien piensa que con la eliminación del impuesto algún distribuidor va a tener almacenado suficiente material en exceso esperando por una emergencia, eso es ilusorio”.

“Los productos no van a aparecer mágicamente y no se va a resolver el problema así”, agregó.

Carrasquillo recordó cómo el año pasado líderes del sector privado rechazaron la alternativa de que se fijara un tope al impuesto basado en una fórmula, con la intención de eximir del pago del tributo al inventario adicional.

El también alcalde le recordó a Méndez que, si alguna entidad tiene experiencia haciendo “más con menos”, es el gobierno municipal.

“Tengo la intención de dialogar con el presidente de la Cámara para ver la intención del proyecto y el análisis. También hablaré con el presidente del Senado”.

En contra los alcaldes populares

En declaraciones escritas, el presidente dela Asociación de Alcaldes, José "Joe" Román Abreu, insistó en que el dinero generado por el impuesto al inventario se reinvierte en servicios a la ciudadanía y regresa a los negocios mediante compras realizadas por los gobiernos municipales.

“Existen otras medidas económicas que podemos dialogar que beneficien al pequeño y mediano comerciante. Nosotros siempre hemos estado disponibles para reunirnos”, sostuvo.

El también alcalde de San Lorenzo dijo que el proyecto solo busca hacer un favor a los cabilderos de las megatiendas ya que, argumentó, el impuesto no afecta a los pequeños y medianos comerciante.

“Hay que considerar además que el impacto real de esta pieza legislativa ni siquiera se ha contabilizado. La porción de la propiedad mueble referente a inventario, de aproximadamente $240 millones, es pagado en un 80% por 17 megatiendas y tendrá un impacto significativo que los estimados de ingreso de los municipios", puntualizó Román Abreu.


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