Semanas después del paso del huracán María, Rick Scott visitó la isla para conocer la magnitud de los estragos y canalizar ayuda. (David Villafañe)

Washington - El senador republicano Rick Scott (Florida) considera que todo el debate sobre el huracán María y los recientes cargos por corrupción hacen más complicado adelantar un proyecto a favor de la estadidad para Puerto Rico.

Hay gente que está a favor y en contra. El problema con todas estas cosas es que, cuando se politizan, se hace más difícil lograrlas. El huracán no ayudó. La corrupción lo hace más difícil”, dijo Scott, al preguntársele sobre sus conversaciones con la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, en torno a una posible legislación proestadidad.

Al mencionar el huracán María, que devastó a la isla hace dos años, Scott indicó que se refería al debate político en la capital federal de “quién se preocupa más por Puerto Rico”.

Los demócratas han denunciado la lenta e ineficiente respuesta federal y el desdén con el que el presidente Donald Trump se refiere a la situación en la isla. “El Congreso no está funcionando bien, es disfuncional, y cuando esas cosas se convierten en batallas políticas, se hace más difícil”, sostuvo Scott.

Tanto el presidente Trump como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), han dado un no absoluto a la estadidad. McConnell vincula la propuesta de estadidad a una supuesta “agenda socialista” de los demócratas.

Bajo ese panorama, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que se necesitaría “un milagro de milagros” para avanzar una propuesta de estadidad esta sesión legislativa.

Aun así, la comisionada González se propone revivir una legislación -parecida a la que presentó en junio de 2018- que impulsaría convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado, como paso previo a la estadidad.

Bajo el territorio incorporado, los residentes en Puerto Rico tendrían pleno acceso a los programas de bienestar social de EE.UU. y pagarían contribuciones federales sobre ingresos, aunque sin los derechos políticos de la estadidad.

La medida sería muy diferente a la presentada por el demócrata boricua Darren Soto (Florida), que propone convertir a Puerto Rico en un estado, con una transición de solo tres meses y sin el gobierno federal consultar a los puertorriqueños de la isla.

Desde hace siete meses, el directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó promover un referéndum estadidad sí o no “en o antes de las elecciones generales”, acogiendo una recomendación que les hiciera en noviembre de 2018 el entonces presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), de que otra consulta era necesaria para tratar de echar hacia delante el debate de status.

En su reunión del viernes, el directorio del PNP reafirmó su intención de tratar otra vez de vincular un referéndum con una ley de 2014 que le permitiría al Secretario de Justicia de Estados Unidos certificar si la papeleta electoral y la campaña educativa de una consulta dirigida a resolver el status político de la Isla cumplen con la Constitución, las leyes y la política pública federal, a cambio de asignar $2.5 millones a la Comisión de Estatal de Elecciones (CEE) para ayudar a financiar la consulta.

Para el referéndum de 2017, en el que en medio del boicot de la oposición solo participó el 23% del electorado, y en el que la estadidad obtuvo el 97% de los votos, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares nunca esperó por esa certificación. Entonces, no obstante, el gobierno federal advirtió que la no inclusión del status territorial como alternativa iría en contra de la política pública federal.

Bishop, en una carta al gobierno de Puerto Rico a la que luego se sumaron los republicanos Don Young (Alaska) y Doug LaMalfa (California), y la comisionada González, advirtió que la ausencia del aval del Departamento de Justicia de EE.UU. ha logrado que la oposición impugne la consulta criolla de 2017.

La semana pasada, el portavoz del PNP, Carmelo Ríos, dijo haber tenido nuevas reuniones en el Congreso para promover el proyecto de Soto y dijo que el congresista boricua le ha señalado que Grijalva convocará en octubre a una audiencia sobre status. Hasta el momento, Grijalva solo ha anunciado una audiencia para el 22 de octubre en torno a posibles cambios a la ley Promesa.

El senador Ríos piensa que si el proyecto de Soto baja a votación en comité y en el pleno de la Cámara baja sería aprobado. Reonoce, sin embargo, el firme bloqueo del liderato republicano del Senado a un proyecto a favor de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos.


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