Tras cinco días sin expresarse luego que la gobernadora Wanda Vázquez lo despidiera de su puesto el pasado sábado, el exsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón, aseguró este viernes, que su destitución no responde a la labor que realizó, sino a que se convirtió en una “distracción” para la administración.
El exfuncionario defendió que por los casi tres años que estuvo al frente de la agencia logró cambios significativos, pese a las constantes críticas de la población penal y los señalamientos de posibles irregularidades en la adjudicación de subastas.
“Tuvimos una conversación con Wanda Vázquez en la que le expresé que no quería ser una distracción en sus primeros días de gobernanza y no quería que la figura de Erik Rolón manchara su trabajo”, sostuvo el también exjuez municipal en una entrevista con El Nuevo Día.
No obstante, reconoció que no fue parte de la decisión que tomó la gobernadora de pedirle la renuncia, a la vez que indicó que estaba preparando su salida del gobierno.
“Tenía la sospecha de que esto podía pasar, yo conozco el aparato gubernamental y casi nada me sorprende porque tengo el conocimiento y vasta experiencia durante los 10 años en el servicio público. Yo ya estaba haciendo ciertos ajustes para que en la eventualidad esto se diera”, aceptó.
Para Rolón, quien fue nombrado jefe de Corrección por el exgobernador Ricardo Rosselló, las cuatro muertes que se han reportado en las cárceles del país fueron el detonante para lo que describió como una “percepción mediática” de que no estaba haciendo su trabajo.
“Tengo la evidencia clara y precisa que demuestra que las muertes se habían reducido considerablemente”, aseguró Rolón Suárez. “Decir que yo no hacía gestiones, que yo recibía todos los días situaciones de contrabando, es totalmente falso. Una cosa es la opinión mediática y otra es la información correcta que yo tengo”.
Según el exfuncionario, durante el pasado año fiscal en las cárceles del país se reportaron solamente dos muertes violentas, contrario a las 15 de este tipo que registraron durante el 2013-2014.
Las críticas al exsecretario recrudecieron tras el asesinato del oficial correccional Pedro Rodríguez Mateo a manos de un reo en la cárcel Las Cucharas, en Ponce.
Una investigación que realizó el DCR determinó que el oficial no siguió losprotocolos correspondientes al interactuar con el confinado, pero para los familiares de la víctima y otros portavoces de la comunidad penal el incidente se produjo debido a la falta de personal y la falta de restricciones a los reos.
Rolón reconoció la carencia de empleados en las cárceles y achacó el problema al recorte de presupuesto a la agencia por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Tras unas reuniones, el ente federal le asignó un presupuesto, que, aunque no es suficiente, el exsecretario confía en que ayudará a atender los problemas.
“En la situación en las prisiones recibimos un presupuesto de $20 millones para las prisiones que por los pasados dos años le solicitamos a la Junta para poder trabajar. Gracias a eso, ahora el panorama pinta bien para el departamento”, manifestó Rolón.
La crisis presupuestaria en el departamento también dejó a la agencia sin la capacidad de pagar a la empresa que administra el programa de salud correccional, por lo que a finales de septiembre 67 profesionales se quedarán sin empleo, lo que redundará en menos servicios para los reos.
Rolón rechazó que no haya anticipado ese panorama a la JSF, así como lo aseguró la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, y dijo que las comunicaciones se dieron mediante cartas y correos electrónicos.
“Que la Junta tuviera el parecer de que Puerto Rico, contrario a otras jurisdicciones tuviera demasiado personal para proveer servicios médicos, pues eso es una conclusión de ellos y la respetamos. Lo que no puedo permitir es que ahora que surge la situación vengan a echarle la culpa a personas que han estado trabajando todo un año tratando de alertar de esta situación”, defendió.
La droga en las cárceles
Pese a los casos de contrabando de sustancias controladas en las prisiones cada vez más van en aumento, Rolón rechazó que haya dejado esta situación fuera de control.
El exsecretario dijo que todos los días en las prisiones se realizan registros con canes y personal del DCR.
Ante eso, rechazó que la directriz que emitió esta semana el secretario interino de la agencia, Eduardo Rivera Juanatey, de registrar todos los vehículos que entran a las cárceles sea algo nuevo.
“En el caso de los vehículos a varias formas de atender esa problemática, se puede hacer como se hizo en la entrada, pero igualmente como se ha hecho siempre, que es en el estacionamiento”, apuntó.
Rolón indicó que estos registros no se pueden realizar afectando a las comunidades alrededor de las instituciones penales y reconoció que las estrategias de seguridad varían depende de quien esté al mando de la agencia.
“Lo que se haga en términos de seguridad dependede quien esté, pero decir que no se estaban registrando los vehículos, que no se estaban registrando las celdas y las prisiones y decir que yo todos los días que yo recibía todos los días hallazgos de contrabando, es totalmente falso”, subrayó.
Sobre por qué la droga no cesa en las cárceles, el exfuncionario describió que existen diferentes modalidades de contrabando que han intentado combatir sin éxito, pues estas incluyen a oficiales penales, familiares de los reos y hasta contratistas de las agencias.
No obstante, la práctica que impera es la del “picheo” que consta del lanzamiento de sustancias controladas a las cárceles desde las afueras de las estructuras.
“Igualmente, hay alternativas para trabajar con ella (el ‘picheo’), pero hace falta recursos. Muchas de las cosas que no se han hecho han sido por falta de dinero, por falta de fondos”, recalcó.
Rechaza ilegalidades
Cuestionado sobre la adjudicación de una subasta a una compañía que presentó la propuesta más cara para dar los servicios de alimentos y comisarías, que es donde los reos compran ciertos artículos que les permiten tener, Rolón rechazó que haya intervenido en ese proceso e indicó que la decisión la tomó la Junta de Subastas de la agencia.
El contrato por un término de diez años fue otorgado a la empresa Carolina Catering Corporation (CCC) por unos $250 millones.
“Eso fue un proceso que evaluó la Junta de Subastas una vez las propuestas fueron sometidas, aquí no hay una investigación del FBI, no se ha recibido ningún señalamiento, ninguna notificación y requerimiento de las autoridades federales”, dijo.
Sin embargo, la controversia está ante el Tribunal Apelativo luego de que la compañía que ofrecía el servicio antes, Trinity Group Services, denunció que desde la jefatura de la agencia mantenían conversación con la Junta de Subasta en medio del proceso.
La intervención indebida fue adjudicada en una sentencia del Tribunal de Apelaciones, aunque el Rivera Juanatey, que está al frente de la agencia, insistió esta semana en que la decisión no es final y firme.
El funcionario aceptó en una vista del Senado que había enviado comunicaciones al presidente del organismo y que, aunque entendía que no había hecho nada ilegal, no lo volvería hacer.
Abordado sobre este particular, Rolón alegó que desconocía de estas comunicaciones del actual secretario interino.
De hecho, son estas posibles irregularidades las que mantienen su interinato colgando de un vilo en el Senado.
“Cuando sale a la luz pública es que yo me entero, yo no intervengo en eso procesos, ningún secretario interviene en ningún proceso de subasta, el secretario solamente se limita a diseñar los lineamientos sobre las cuáles se va a hacer ese pliego de subasta”, indicó
El exsecretario defendió laadjudicación del contrato, ya que, según él, la queja principal de la comunidad penal eran los alimentos.
“Cuando yo examino me doy cuenta de que el departamento ha invertido unas cuantías millonarias en alimentos y aun así tenemos muchas quejas, así que me di a la tarea de crear unos procesos para garantizar el mejor contrato que atienda los intereses de los departamentos”, acotó.
