Al reafirmar que funcionarios de alto perfil mintieron bajo juramento, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló entiende que tiene suficiente información para referirlos a agencias adjudicativas, pero advirtió que no lo hará hasta que tenga en su poder el informe preliminar que realizó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el manejo del almacén de Ponce, y que el gobierno se niega a divulgar.
Rodríguez Aguiló, quien preside la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total ante una Emergencia, se refirió a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones; el secretario designado de Estado, Elmer Román, y el comisionado del NIE, Héctor López, a quienes acusó de mentirle bajo juramento a ese organismo, que investiga la respuesta del gobierno a la emergencia de los terremotos de enero.
El legislador indicó que referiría directamente a Longo Quiñones a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) y a los demás funcionarios, posiblemente a Justicia. Indicó que le falta revisar la ley orgánica del Opfei y la de Justicia para determinar si Román y López tendrían que pasar primero por el crisol de Justicia.
El legislador de la mayoría novoprogresista enfatizó cómo los testimonios de los tres funcionarios vertidos ante la comisión especial presuntamente contradicen documentos examinados por la comisión, otros testimonios recibidos en vistas públicas y el texto de la sentencia de la jueza superior de San Juan Lauracelis Roques Arroyo, quien determinó el viernes que el Departamento de Justicia tiene que entregar el informe del NIE a dos gremios periodísticos.
En esa orden, la jueza Roques Arroyo les restó mérito a las alegaciones vertidas por Román, Quiñones Longo y López, en la Cámara y ante el Tribunal, respecto a cómo publicar el informe del NIE pondría en peligro futuras pesquisas, la identidad de confidentes y de agentes y los derechos de terceros.
“Una vez tengamos el informe y comparemos el informe con los testimonios que tenemos, las grabaciones… si corroboramos, como aparentemente corroboró la jueza del Tribunal de Primera Instancia, que le mintieron y que nos mintieron a nosotros, aquí no habrá segundas oportunidades. Voy a solicitar a la comisión hacer un referido directo a la secretaria de Justicia y a todos los funcionarios que nos mintieron”, aseveró Rodríguez Aguiló en un aparte con la prensa.
Todos los testimonios vertidos en las vistas han sido bajo juramento. Cuando se le preguntó por qué tiene que esperar a recibir el disputado informe del NIE para proceder con los referidos anunciados, Rodríguez Aguiló respondió que tiene que ser “responsable”.
“Elmer Román nos mintió, la secretaria de Justicia nos mintió y el licenciado López nos mintió, y vamos a actuar. Pero vamos a actuar cuando tenga los documentos en mi poder”, insistió.
Según Rodríguez Aguiló, Román mintió al decir que desconocía de la existencia del almacén de Ponce, mientras que Longo Quiñones y López supuestamente mintieron al hacer ver que la divulgación del informe ponía en peligro la pesquisa.
Román ha dicho que conocía del almacén que administraba el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), pero no sabía el detalle específico de su inventario.
