El congresista se reunió con varios ejecutivos municipales para ver el progreso de la reconstrucción de Puerto Rico luego del huracán María

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, prometió hoy exigir mayor participación de los municipios en los procesos de recuperación de la isla para ver si se adelantan los trabajos de reconstrucción que andan a paso lento debido a las restricciones fiscales impuestas por la administración del presidente Donald Trump.

“Si el gobierno federal quiere adelantar la recuperación tiene que usar y depender de los municipios para hacer el trabajo”, dijo Grijalva tras reunirse con un puñado de alcaldes populares y novoprogresistas.

Los ejecutivos municipales le advirtieron al congresista sobre las tardanzas en el desembolso de los fondos de recuperación, la excesiva burocracia y la centralización de la toma de decisiones, precisó Julia Nazario, alcaldesa de Loíza.

El congresista también indicó que espera enmendar la Ley Promesa, que crea la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para precisar que los servicios educativos, los asociados a la salud y el pago de las pensiones de los jubilados del servicio público constituyen servicios esenciales que deben ser protegidos de las iniciativas de austeridad implantadas como parte del proceso de bancarrota gubernamental.

La Ley Promesa establece la facultad de proteger los servicios esenciales que provee el gobierno de Puerto Rico. Desde el verano del 2017 el gobierno central está bajo un proceso de bancarrota territorial establecido precisamente con la Ley Promesa. Para que esas protecciones funcionen, las autoridades deben definir los servicios que considera esenciales, asunto que ni el Estado ni la JSF han completado.

El congresista recordó que estas y otras propuestas serán discutidas el 22 de octubre durante una audiencia que tienen pautada para adentrarse en el tema de la recuperación de Puerto Rico y los cambios que necesita la Ley Promesa, a la luz de los desarrollos políticos y sociales de los últimos tres años. La Ley Promesa data del 2016.

El congresista demócrata por Arizona indicó que la intención es que la legislación tenga apoyo bipartidista de modo que pueda pasar el cedazo del Senado estadounidense, dominado por el Partido Republicano. “Si llegamos a acuerdos tenemos una oportunidad de que la legislación pase, aunque con el presidente el asunto es uno día a día”, dijo Grijalva al reconocer la actitud negativa con que el presidente Trump ha tratado los temas puertorriqueños.

La muestra más reciente de las decisiones de la administración de Trump en contra de los asuntos asociados a la isla consistió en pedir al gobierno de Puerto Rico una propuesta para eliminar progresivamente el crédito que las empresas foráneas con operaciones en Puerto Rico reciben por el arbitrio sobre las ventas (Ley 154 del 2010) que pagan en la isla. La determinación pone en riesgo $1,800 en recaudos del gobierno -lo que representa cerca del 20% de los ingresos netos de Hacienda- y podría atentar contra la estabilidad de miles de empleos en la manufactura.

Al ser consultado sobre este tema, Grijalva indicó que se opone a la eliminación del crédito federal por los efectos que tendrá en la economía puertorriqueña y en la estabilidad fiscal de la isla.

El encuentro entre los alcaldes y el congresista se llevó a cabo en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz en Loíza. Entre los participantes estaba el alcalde de Guayanilla, Néstor Torres; el de San Sebastián, Javier Jiménez; la de Ponce, María Meléndez, la de Gurabo, Rosachely Rivera, la de Loíza, Julia Nazario y al senador Eduardo Bhatia Gautier

Tras una presentación de un grupo infantil de baile, que interpretó una bomba, los políticos se encerraron en un salón para sostener una reunión con el congresista y su grupo de trabajo.

Grijalva llegó a la isla el jueves para participar de un fin de semana de reuniones con políticos y líderes comunitarios en Loíza, San Juan, Guayama, Adjuntas y Vieques. La idea del político es comprobar el progreso, si alguno, que ha ocurrido en la reconstrucción del país desde su última visita hace seis meses. También quería examinar el problema de erosión costera que se ha reportado en numerosos puntos de la isla.

Como parte de su visita, Grijalva busca impulsar las enmiendas que preparó para la Ley Promesa que creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Las enmiendas disponen la cancelación de la deuda no asegurada de Puerto Rico, la creación de una Comisión de Auditoría de la Deuda, la incorporación de la figura del Coordinador Federal para la Reconstrucción, el establecimiento de un oficial de revitalización del sistema eléctrico, y la eliminación la Oficina del Oficial de Revitalización, que proveía procesos expeditos de permisología.

Las enmiendas también establecen que los gastos de la JSF deberán ser sufragados por el gobierno estadounidense, reestablecería las asignaciones estatales a la Universidad de Puerto Rico al declarar este sistema educativo como un servicio esencial e impone nuevas regulaciones éticas a los miembros de la Junta.

Se espera que mañana, sábado, Grijalva se reúna con el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, y tenga un encuentro comunitario en Casa Pueblo en Adjuntas. El lunes, el congresista demócrata por Arizona tendrá una reunión en horas de la mañana con la gobernadora Wanda Vázquez Garced. El resto de la agenda del viaje no ha sido precisada.

Desde el paso del huracán María, Grijalva ha estado muy activo en los temas puertorriqueños al fungir, primero como portavoz demócrata, y luego como presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal. Esta es la comisión del Congreso con jurisdicción primaria sobre los territorios estadounidenses, incluyendo Puerto Rico.

En marzo, Grijalva visitó la isla junto a una delegación de congresistas estadounidenses y celebró una audiencia en el Coliseo Roberto Clemente, que estuvo dominada por activistas novoprogresistas que exigían una solución al status colonial de Puerto Rico. El congresista ha prometido celebrar en un futuro cercano una audiencia sobre el tema del status político de la isla.

Durante el verano, cuando el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a seis personas allegadas a la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y se publicó una porción de 889 páginas de un chat que mantenía el depuesto mandatario con sus allegados, Grijalva fue uno de los primeros políticos en Washington en exigir públicamente la dimisión del funcionario.


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