El Departamento de la Familia y La Fortaleza guardaron silencio en torno a la investigación interna de la agencia que reveló una serie de irregularidades en la distribución de alimentos comprados con fondos federales de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) durante la emergencia provocada por los terremotos del suroeste el pasado enero.
El Nuevo Día solicitó reacciones al informe, pero no tuvo éxito. Los hallazgos fueron referidos a las autoridades locales y federales. De hecho, el Departamento de Justicia ya conduce su propia pesquisa.
En medios de prensa trascendió la presunta intervención de la senadora Evelyn Vázquez y el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en la repartición de víveres en Guánica y Mayagüez, pero la pesquisa también señala a la administradora de la Adsef, Surima Quiñones Suárez, quien fuera suspendida de empleo el pasado 17 de enero.
La pesquisa en Familia, realizada por los abogados Israel Ortiz Roldán y Ernie Cabán concluyó el 24 de febrero, pero a esta fecha el secretario interino de la Familia, Eddie García, no ha revelado que haya tomado acciones disciplinarias contra Quiñones Suárez. García tendrá que comparecer la semana que viene a una vista pública de la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre el informe.
La investigación revela que, si bien no existe prueba de que Quiñones Suárez haya impartido instrucciones para que la repartición de suministros bajo el Programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés) fueran retenidos hasta que llegara a ciertos lugares de entrega la senadora Evelyn Vázquez, sí se desprende de la pesquisa que Vázquez tuvo “pleno conocimiento” de la logística de distribución de alimentos y “aparentaba tener la autoridad para dar instrucciones, hasta el grado de comunicarse” con Quiñones para que la funcionaria validara las decisiones que comunicaba la Senadora.
“Por lo tanto, se puede concluir que la Lcda. Quiñones Suárez permitió la intervención de la senadora Vázquez en la forma y manera en que llevaría la distribución de alimentos”, lee el informe.
En concreto, Cabán y Ortiz Roldán concluyen que Quiñones Suárez pudo haber violado el artículo 1802 del Código Civil (Responsabilidad Vicaria) y haber cometido cuatro faltas al Manual de Normas y Procedimientos Internos sobre Acciones Administrativas: conducta impropia, mantener relaciones con personas que redunden en que se afecten los mejores intereses de la agencia, manejo indebido de fondos o bienes y actos contrario a las leyes estatales, federales y municipales.
También recomiendan la separación del cargo de Quiñones Suárez y de subadministrador José Galarza, quien renunció en marzo.
Los letrados describen como “preocupantes” las expresiones de Quiñones Suárez, tras ella reconocer que en distribuciones de alimentos figuras políticas “suelen estar presentes” y concluyeron que la funcionaria no tomó las medidas necesarias para que esto no se repitiera. Incluso reconoció, durante una entrevista como parte de la pesquisa, que había incumplido con regulaciones federales impuestas por el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura federal “al expresar que no se habían realizado censos en las comunidades impactadas ni tampoco pudo proveer evidencia sobre las autorizaciones de dicha dependencia federal en cuanto a los cambios de logística de distribución de alimentos…”.
Los abogados también confirmaron denuncias hechas públicamente por la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, quien indicó que Quiñones Suárez dirigía Adsef como una agencia “autónoma”. “Esto se evidencia en el hecho de que la información sobre la logística de las entregas de alimentos surgió durante reuniones en el COE y no directamente con la Secretaria como se supone”, lee el informe.
Igualmente, los investigadores concluyeron que Adsef violó el Manual de Procedimiento de Distribución de Alimentos en lo que concierne a la repartición de alimentos en los llamados Impactos Comunitarios. Ese reglamento exige que el empleado gubernamental, en este caos de Adsef, se asegure que el beneficiario es residente de la comunidad y que ese ejercicio se hará con una factura de agua o de luz. De no tener la evidencia, el empleado tendrá que buscar otros métodos para verificar la información.
Según el informe, Quiñones defendió las prácticas de Adsef alegando que repartir alimentos a personas que no son residentes de las comunidades impactadas es una práctica permitida siempre y cuando haya sobrante de cajas de alimentos. En una declaración jurada del 21 de enero, Quiñones aseguró que nunca se le trajo a colación alguna irregularidad con los procedimientos en la entrega de alimentos a damnificados.
“Las expresiones de la Lcda. Surima Quiñones ponen de manifiesto que, en efecto, hubo irregularidades en el manejo y distribución de alimentos; y que las mismas fueron de conocimiento de los funcionarios involucrados. Por tal razón, la Lcda. Quiñones responde por las actuaciones negligentes de sus subalternos…”, reza el informe.
El Nuevo Día tuvo acceso a anejos de la pesquisa, entre estos un correo electrónico de un empleado del Departamento de Agricultura Federal identificado como Alberto Morales, quien le advierte a con las reparticiones de productos a través del programa TEFAP “se podría dar la posibilidad de que personas lleguen a las distribuciones para ayudar a repartir cajas. Aunque está bien tener personas que se ofrezcan como voluntarios para trabajar, otro podría solamente buscar beneficiarse personalmente…”.
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