El director de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Jovani Narváez Oliver se expone a una multa de hasta $60,000, sujeto al procedimiento administrativo que se lleve en su contra. (GFR Media)

El director de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Jovani Narváez Oliver, supuestamente usó su cargo público para exigirle a un empleado que le entregara dinero en efectivo para el comité electoral del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, según una querella de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

La OEG publicó hoy, lunes, la querella ética contra Narváez Oliver por infringir tres prohibiciones contenidas en la Ley de Ética Gubernamental.

Los hechos sucedieron cuando, el 21 de marzo de 2019, el jefe de Recursos Humanos citó a un empleado quien ocupa un puesto de supervisor en la División de Apuestas de la CTPR, para que acudiera a su oficina y le solicitó que comprara tres taquillas para el cumpleaños del entonces gobernador, que se celebraría al día siguiente en el Hotel San Juan.

“El querellado (Narváez Oliver) le recordó que, como parte de su salario, tenía un diferencial de $12,000 al año en la CTPR”, lee la querella.

El empleado de la CTPR accedió a comprar dos taquillas a insistencia del querellado, para lo cual retiró $310 de su cuenta de cheques personal. El pago de las taquillas tenía que hacerse en efectivo, según las indicaciones que le dio el jefe de Recursos Humanos.

La Ley de Ética dispone que ningún empleado gubernamental puede, mientras se encuentra en funciones de trabajo, promover intereses electorales de cualquier partido o candidato político, exigir o solicitar a los demás empleados que hagan contribuciones económicas o participen en una actividad política y utilizar su cargo para obtener un beneficio para una persona o entidad privada. Todas esas violaciones se le imputan a Narváez Oliver.

Por estas supuestas infracciones, Narváez Oliver se expone a una multa de hasta $60,000, sujeto al procedimiento administrativo que se lleve en su contra. El querellado tiene 20 días para contestar las alegaciones de la OEG.

El Nuevo Día solicitó la reacción de la Compañía de Turismo, pero al momento de la publicación no habían emitido respuesta.

Narváez Oliver había sido destituido de su posición por parte del presidente de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, Manuel Laboy Rivera, en enero de 2019, pero Rosselló Nevares revirtió entonces esa determinación.

Laboy Rivera le había comunicado a Narváez Oliver su destitución luego que se activó el protocolo de hostigamiento sexual en la agencia y que provocó el despido del entonces director de Turismo, José Izquierdo.

Tras la destitución de Izquierdo, Laboy Rivera acudió a la CTPR para pedirles la renuncia al director de Planificación y Desarrollo de esa agencia, Saúl Suárez Flores, y a Narváez Oliver. Ambos despidos fueron detenidos por orden de Rosselló Nevares. Lo único que contestó la Oficina de Prensa de La Fortaleza entonces fue que era “su prerrogativa al ser empleados de confianza”.

En medio de la controversia, Rosselló Nevares argumentó que su decisión de restituir a ambos funcionarios era una “cuestión procesal”. “La destitución tenía que ser un proceso llevado a cabo como manda con las personas pertinentes que estaban en poder para ejecutarla, y eso no ocurrió así… Era una cuestión procesal”, insistió Rosselló Nevares.


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