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Arnaldo Claudio (izq.) y el juez federal Gustavo Gelpí. (Gerald López Cepero)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no pedirá que el juez federal Gustavo Gelpí sea descalificado de presidir la Reforma de la Policía.

Así lo expuso la agencia federal en una moción que se hizo pública ayer por el tribunal, después de que el propio Gelpí solicitara la posición de Justicia federal.

En una orden del 23 de mayo, que estuvo sellada hasta ayer, Gelpí ordenó a Justicia federal que se expresara tras las denuncias públicas hechas por Arnaldo Claudio al salir de la posición de monitor de la Policía.

“Es de conocimiento público que el exmonitor en este caso ha acusado a este juez de distrito de conducta antiética al permitir que la firma McConnell Valdés aparezca como abogados de la Policía. Además, alega un conflicto debido a que el padre de este servidor trabaja en McConnell Valdés”, indicó Gelpí.

El juez señala que su padre no es un socio de la firma, sino que por los pasados 15 años labora para ese bufete como empleado por contrato.

También señala que su padre no es abogado litigante en el caso de la Reforma.

En su orden, plantea que Justicia federal no lo había objetado, pero solicitaba que se expresara, ya que el asunto había sido levantado recientemente y de forma extrajudicial.

Luego, el pasado 31 de mayo, el abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Luis Saucedo, sometió un memorando en una moción en la que indica que “las alegaciones del exmonitor no levantan asuntos que puedan descalificar esta corte (Gelpí) o McV (McConnell Valdés) de continuar su participación en esta litigación”.

“La alegación de Claudio de que esta corte actuó de forma antiética cuando permitió que McV apareciera como abogado de la defensa tampoco tiene méritos porque Claudio falla en establecer cualquier base creíble para la descalificación de McV”, agregó.

Saucedo, además, planteó que no hay violaciones a la Sección 455 del Código de Conducta de los Jueces de Estados Unidos, que señala que un juez se tiene que descalificar si su cónyuge o un allegado “nivel tres” o su cónyuge trabajan en el caso como abogado o es conocido por el juez que tenga un interés que pudiera afectar el resultado del proceso.

Asimismo, indica que el Primer Circuito de Apelaciones ha apuntado queun abogado “debe al menos participar en el caso” para que caiga bajo el mencionado estatuto.

Al citar jurisprudencia de otros casos con circunstancias similares, Saucedo también destacó a que el padre del juez es un contratista que no se beneficiará económicamente del caso.

De igual manera, Saucedo plantea que “no conoce de circunstancias que puedan levantar conflictos de interés u otras violaciones de responsabilidades profesionales que requieran que McV sea descalificado”.

El bufete comenzó a representar al gobierno de Puerto Rico en el caso de la Reforma de la Policía desde enero de este año.

Hasta ese momento había sido representado por abogados del Departamento de Justicia estatal desde que inició el caso en el 2012, con una demanda de Justicia federal por violación de derechos civiles por parte de la Policía.

A su salida como monitor, Claudio cuestionó la manera en que estaban usando los fondos públicos en el proceso de la Reforma y denunció el gasto por los servicios de McConell Valdés.

“Es un proceso que se ha prostituido por el despilfarro de dinero que la corte ha permitido”, acotó Claudio, al cuestionar que el gobierno decidiera sustituir los abogados de Justicia por la representación de “McConell y Valdez costando $3.7 millones”.

“Perdí toda la confianza en el proceso y exclusivamente en cómo se está utilizando el dinero del pueblo de Puerto Rico en esto (Reforma) y he decidido sencillamente desalojar a mi equipo y a mi persona de esto, para no tener nada que ver con unas posibles violaciones de ética en la mala utilización del dinero del pueblo”, agregó.

De acuerdo con el registro de la Oficina del Contralor, el contrato con el bufete, con vigencia del 28 de diciembre pasado al 30 de junio de este año, es por $560,000. El DSP confirmó que salen de los $20 millones que se asignan anualmente a la Reforma.

El DSP sostuvo a El Nuevo Día que el cambio de representación surgió por recomendación de Justicia estatal.

Sin embargo, Justicia estatal indicó que la decisión del cambio de representación legal fue del DSP.

Posteriormente, el Senado aprobó una resolución para investigar las alegaciones de Claudio.


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